Solo cinco países mantienen una fecha límite para acabar con las ayudas a los combustibles fósiles

El compromiso del G7 de eliminar las ayudas a los combustibles fósiles en 2025 ha expirado sin sustituto, y solo cinco de los 71 países evaluados mantienen una fecha límite activa para acabar con ellas. Es una de las conclusiones del informe State of the Sovereign Transition 2026, publicado este martes por el TPI Centre de la London School of Economics (LSE), que este año estrena evaluación por sectores y sitúa a España en el cuartil más alto de los países ricos en política y finanzas climáticas.

El mundo va camino de superar los límites de calentamiento que los países se comprometieron a no alcanzar. Una de las palancas para evitarlo era retirar el dopaje financiero a los combustibles fósiles, como pactaron muchos gobiernos. Pero tampoco han cumplido aquí: la promesa del G7 de acabar con estas ayudas ineficientes en 2025 se ha desvanecido en silencio, sin que nadie haya propuesto un horizonte alternativo.

Los países que aún mantienen dicho compromiso son todos europeos: Lituania se ha marcado 2026, un plazo que vence este mismo año, mientras que Austria, Letonia, Portugal y Eslovenia se dan hasta 2030.

Los autores del informe constatan que las grandes economías han girado sus prioridades hacia la seguridad energética, las tensiones geopolíticas y la presión sobre las cuentas públicas. La emergencia climática ha perdido peso en la agenda.

En ese retroceso general, España aguanta el tipo. El estudio la coloca en el primer cuartil de los países de renta alta en el pilar de Política y Finanzas, que mide regulación, transparencia y financiación climática. En Ambición, es decir, en la alineación de sus objetivos con el Acuerdo de París, se queda en el segundo cuartil de su grupo, y en Tendencias de emisiones, en el tercero. Solo cuatro países del mundo (Colombia, Francia, Portugal y Suiza) logran estar en el cuartil superior de las tres categorías a la vez.

Donde el informe pone a España de ejemplo ante el mundo es en la dimensión social. Cita como buena práctica los acuerdos tripartitos entre los agentes sociales, que atan el cierre de plantas contaminantes a planes de formación, reempleo y diversificación económica de las regiones afectadas, para que la transición no deje a nadie atrás.

El panorama global, en cambio, es el de una brecha enorme entre lo prometido y lo hecho. El análisis abarca a 85 países que suman el 90% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. De los 75 que tienen un objetivo cuantificado para 2030, solo siete muestran una tendencia de emisiones compatible con el límite de 1,5 °C y 16 con mantenerse por debajo de los 2 °C. Y apenas 13 van camino de cumplir sus propias metas; ocho de ellos lo consiguen solo porque sus compromisos son tan poco ambiciosos que les permiten seguir aumentando emisiones.

El siguiente ciclo de compromisos no da muchas esperanzas. Tras la prórroga del plazo de la ONU, 37 países han presentado nuevas contribuciones nacionales (NDC, en la jerga climática) con metas para 2035. Pero los autores constatan que estos objetivos no están mejor alineados con el límite de 1,5 °C que los de 2030: la brecha de ambición se ensancha en lugar de cerrarse.

Brecha también en financiación y adaptación

La financiación internacional, clave para desbloquear la acción climática en el sur global, también retrocede. El nuevo objetivo colectivo pide a los países desarrollados liderar la movilización de al menos 300.000 millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo en 2035. Sin embargo, al expirar los compromisos que llegaban hasta 2025, los países dispuestos a aportar su parte proporcional han pasado de siete a cuatro. Y la opacidad crece también dentro de casa: cinco países han dejado de detallar cuánto dinero destinan a luchar contra el cambio climático, aunque otros tres han empezado a hacerlo por primera vez.

El informe estrena este año un análisis por sectores. La electricidad es la que mejor rinde de media; mientras que los grandes agujeros siguen en la industria, el transporte y la producción de combustibles fósiles, donde las bajadas de emisiones brillan por su ausencia. En adaptación, la mayoría de los países (66 de 85) ya cuenta con un Plan Nacional de Adaptación actualizado, pero solo 33 publican informes periódicos para comprobar si esas medidas se cumplen sobre el terreno.

“Resulta especialmente preocupante que estas retiradas vengan de países desarrollados que se habían comprometido a liderar el camino hacia un futuro bajo en carbono y a apoyar la transición de los países en desarrollo”, señala Setenay Hizliok, investigadora y coordinadora de proyectos del TPI Centre, para quien esas señales contradictorias hacen la rendición de cuentas más necesaria que nunca. En la misma línea se expresa Marjan Divjak, director general del Tesoro del Ministerio de Finanzas de Eslovenia, el país que en 2025 emitió el primer bono soberano europeo vinculado a objetivos de sostenibilidad: “Emitir el bono fue un primer paso importante, pero cumplir los compromisos será la verdadera medida del éxito. En última instancia, las finanzas sostenibles creíbles consisten en convertir la ambición en resultados medibles”.