Compartir:
EFE
Javier Albisu (EFE) | La nueva comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha asumido su cartera en un momento delicado, pues el apetito verde ha disminuido en la UE respecto al pasado lustro. Por eso, la cristianodemócrata sueca quiere centrar su mandato en impulsar la economía circular y en colocar el agua en lo alto de la agenda económica.
«El agua es clave para la competitividad y la resiliencia de Europa», explica Roswall en una entrevista con EFE y otros medios de comunicación, en la que subraya tres conceptos clave: calidad, cantidad y preparación.
El líquido elemento resulta imprescindible para la agricultura y la industria, para hacer funcionar las plantas nucleares o para generar hidrógeno verde. Y a medida que el agua se haga más escasa irá creciendo la tensión entre los distintos usuarios. De ahí la necesidad de prepararse para el futuro.
«El agua ha sido un recurso que durante mucho tiempo se ha dado por sentado, pero eso ya no es posible», añade Roswall, de 52 años y abogada de formación, quien considera que existe «voluntad política» para tratar el agua con más interés y quiere abordar el asunto desde el diálogo y con flexibilidad en la implementación de la legislación.
La comisaria, que toma el relevo del lituano Virjinijus Sinlevicius, ahora eurodiputado ecologista, atiende en un despacho aún desangelado, sin cuadros en las paredes y con mobiliario de Ikea o heredado de antiguos comisarios, y constata que en su nueva ciudad de residencia, Bruselas, se habla mucho de seguridad y defensa actualmente, pero «la preparación ante desastres naturales es igual de importante«.
«Debemos invertir no sólo en garantizar la cantidad de agua disponible, sino también en la prevención de inundaciones», dice Roswall, que ilustra que invertir en naturaleza es hacerlo en competitividad con un dato: «el 75% de los préstamos en la UE dependen, al menos, de un ecosistema saludable».
Esa relación se hace muy evidente en el caso de las inundaciones, y las compañías de seguros son conscientes de que esos eventos climáticos extremos son y serán cada vez más frecuentes, tras dramáticos episodios registrados en los últimos tiempos en España, Eslovaquia, Francia, Eslovenia, Alemania o Bélgica.
«Valencia ha sido devastada recientemente, pero las inundaciones intensas están aumentando en toda Europa, sin que ninguna región esté exenta. Incluso el norte de Suecia ha experimentado este tipo de eventos extremos. Algunas regiones están más afectadas y presentan mayor riesgo. Es crucial reconocer esta vulnerabilidad y actuar en consecuencia«, señala.
La comisaria, cuyo trabajo queda bajo la supervisión de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, apuntala su discurso en una serie de informes de la Comisión Europea sobre la implementación de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Inundaciones y la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina.
Estos indican que sólo el 39,5 % de las masas de aguas de la UE se encuentra en un buen estado ecológico y que sólo el 26,8 % está bien en cuanto a contaminación por productos químicos, apunta Roswall en una charla previa a la publicación de esos informes.
El epígrafe sobre España arroja un paisaje alarmante, pues «el 74% del país está en riesgo de desertificación«.
«Este es un problema urgente que requiere acción coordinada a nivel europeo», dice la comisaria, quien no descarta mecanismos de solidaridad hídrica entre Estados miembros, si fuera necesario.
La Comisión Europea señala que la agricultura es el mayor consumidor de agua en España y depende en gran medida del riego (20% de las tierras agrícolas), y detecta, además, una creciente presión en las aguas residuales urbanas, incrementada por el alto volumen de turistas.
En el capítulo de recomendaciones, Bruselas anima a España a acelerar esfuerzos para aportar información exhaustiva sobre el consumo de agua superficial y subterránea, y pide que Madrid aborde «de manera más efectiva las extracciones ilegales de agua en la agricultura y otros sectores mediante un monitoreo más estricto y sanciones más severas».
La Comisión agrega que ese mayor control debe hacerse extensivo a la extracción, el embalsamiento, los vertidos y las obras hidromorfológicas, estableciendo «un régimen de sanciones efectivo, disuasorio y proporcionado».
Bruselas pide a España que continúe y amplíe su «registro de modificaciones morfológicas de los cuerpos de agua y el inventario de barreras en todas las demarcaciones hidrográficas, intensificando los esfuerzos para mejorar la continuidad de los ríos y aumentando la protección de los peces».
España también debería controlar y reducir la contaminación y mejorar la gestión de aguas residuales, además tener en cuenta el impacto del cambio climático a la hora de elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundaciones, e incluir en ellos «rutas de desbordamiento» e «información detallada sobre las necesidades de inversión y las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas», recomienda la Comisión Europea.
Ayúdanos a hacer Climática posible. Haz una donación o
suscríbete desde
30€ al año.
Con el apoyo de:
Con la colaboración de:
MásPúblico sociedad cooperativa. Licencia CC BY-SA 3.0.
Política de privacidadDevoluciones y reembolsosUso de cookies
El epígrafe sobre España arroja un paisaje alarmante, pues «el 74% del país está en riesgo de desertificación«.
EL LADO OSCURO DE LA NUBE. El impacto invisible de los centros de datos.
Expertos analizan el coste-beneficio de los centros de datos para Aragón
Ecologistas en Acción y la Universidad Carlos III de Madrid organizaron una charla debate en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza, donde más de 100 personas escucharon a un diverso grupo de expertos compartir sus puntos de vista sobre los centros de datos.
Adrián Almazán, profesor de Filosofía de la Universidad Carlos III, deconstruyó el vínculo que automáticamente se asume entre lo que se conoce como progreso deseable y cualquier avance tecnológico, apuntando que “toda tecnología está insertada en un proyecto social, político y económico y por lo tanto ideológico”. Se mostró muy crítico con el alineamiento de los “nuevos señores tecnofeudales” con posiciones reaccionarias.
Erika González, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción ubicó el desembarco de estas infraestructuras, a las que se refirió como macrogranjas de datos, dentro de la situación de financiarización de la economía. Los fondos Next Generation, que promueven la digitalización de la economía, profundizan, en su opinión, los modelos de explotación y extracción del modelo “de siempre”. Por otro lado, apuntó “está bien puesto el nombre, pues es la siguiente generación la que tendrá que pagar las deudas que estos fondos han creado”.
Aurora Gómez por su parte, fundadora de Tu nube seca mi río, portal dedicado al análisis de los impactos de los centros de datos, repasó críticamente la historia de este tipo de infraestructura digital en diferentes partes del mundo. Comentó las diferentes razones que llevaron a comunidades locales de diferentes países a rechazar los centros de datos en sus territorios: consumo excesivo de energía eléctrica y agua, molestos ruidos y ausencia de beneficios económicos.
Carlos J. López, economista y analista del futuro de la energía, autor del libro “La humanidad frente al reto energético” desgranó el descomunal consumo eléctrico que este tipo de infraestructuras exigen. Apoyándose en ejemplos reales como el de la ciudad de Marsella, pronosticó cortes de luz y conflictos por la energía al tiempo que criticó el gran coste de oportunidad que supone dedicar la mitad de la energía eléctrica de Aragón a este sector.
Manuel García, investigador del CSIC, compartió su pesquisas sobre la calidad y cantidad del empleo que se crea con este tipo de naves industriales, rebajando las expectativas que los discursos oficiales han provocado. Una vez concluida la construcción de los centros de datos, un par de años, el empleo será “escaso, precario y alienante” y apenas alcanzará un par de decenas de personas por centro.
Raúl Burillo, famoso inspector de Hacienda, realizó un minucioso y profundo análisis del impacto tributario que los centros de datos generarán. Repasó en detalle las ventajas que este tipo de centros contarán respecto a los diferentes impuestos a nivel municipal, autonómico y estatal para llegar a la conclusión de que las arcas públicas a penas se beneficiarán de estas inversiones millonarias.
Por último Chechu Sánchez, agricultor de Sádaba, del colectivo Malas Yerbas, dibujó un panorama complicado para el sector agrario aragonés, lamentado las dificultades que atraviesa y lo masculinizado que está. Criticó el privilegio que supone conceder un Plan de Interés General de Aragón a una megacorporación extranjera, y asegurarle un suministro de agua de calidad, al tiempo que se ponen trabas para el emprendimiento agrario femenino en lugares tan necesitados de él como Teruel.