Cómo los fondos de la UE en los Pirineos no protegen el medio ambiente, sino que lo dañan

Este artículo fue publicado el 26 de enero de 2023 en el semanario alemán der Freitag. Lee el original aquí.

Tras un largo periodo de silencio en los medios de comunicación, por fin se convirtió en noticia: Sira Rego, parlamentaria europea de Izquierda Unida, había participado en una reunión de protesta de varios grupos ecologistas para salvar los Pirineos. Tuvo lugar en el pueblo de Canfranc, a 1.000 metros de altura, y tenía como objetivo un proyecto en la zona de alta montaña Canal Roya. Para protegerla como paisaje se pensó en designarlo parque natural.

Sin embargo, los pueblos pirenai­cos de la zona se enfrentan a una despoblación, por lo que numerosos municipios habían presentado solicitudes de proyectos que recibirían ayudas del fondo Next Generation de la Unión Europea. El objetivo era iniciar una transformación económica hacia el turismo soste­nible. Casi todas las solicitudes fueron rechazadas sin justificación. De los 33,7 millones de euros de financiación, el Gobierno de España prefiere invertir 26,4 millones asignados a la Comunidad Autónoma de Aragón en la ampliación y conexión en red de las tres estaciones de esquí Astún, Candanchú y Formigal, hasta ahora separadas, con el fin de convertirlas en una megaestación.

Pistas sin nieve

El paisaje montañoso quedaría parcialmente allanado. Se pavimentaría con nuevas carreteras, un teleférico gigante, una nueva pista de esquí con cañones de nieve y aparcamientos. El gobierno de coalición lo quiere así; ha dado visto bueno a la liberación de fondos de la UE. En resumen, la zona coronada por el Anayet, un pico de más de 2.500 metros de altura, se abriría a una mayor destrucción. La gracia del pro­yecto: la estación de esquí, que comienza a 1.600 metros sobre el nivel del mar, sufre desde hace tiempo una falta crónica de nieve relacionada con el cambio climático, con temperaturas frecuentemente sobre cero en la estación base, y el consiguiente descenso del número de visitantes. Especialistas en climatología creen que los años que quedan para los deportes de invierno en los Pirineos están contados. 

Esto no impide que la sociedad anónima Aramón, la mitad de la cual es propiedad de un banco y la otra mitad del Gobierno de Aragón, siga adelante con el proyecto a pesar de las valoraciones críticas de asociaciones de protección del medio ambiente, como la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. En Canfranc, la eurodiputada Sira Rego prometió utilizar todas las herramientas de las que dispone el Parlamento Europeo para examinar y revisar la asignación de fondos. En particular, confía en la Comisión de Peticiones del Parlamento, que ya ha tumbado un proyecto en el parque natural de Doñana, en Andalucía. 

Por desgracia, la UE ni siquiera supervisa la ejecución de los proyectos aprobados. A veces hay que preguntar con insistencia. Por ejemplo, la financiación de una plaza de toros construida hace unos años en una pequeña ciudad gobernada por los socialistas y aquejada de una escasez crónica de dinero. ¿De dónde salió el dinero para una plaza de toros? El resultado: los fondos fueron aprobados por la UE para un anfiteatro, sin que nadie en Bruselas notara la diferencia entre un anfiteatro y una plaza de toros.

Por supuesto, es posible dañar el medio ambiente y alimentar el cambio climático sin fondos de la UE. Hay otra estación de esquí en los Pirineos, construida sobre el pueblo de Cerler y gestionada también por el holding semiestatal y semiprivado Aramón. El pueblo es desde hace años un ejemplo de la destrucción de los Pirineos, con muchos grandes hoteles y gigantescos bloques de apartamentos construidos alrededor de un pequeño centro histórico, con fachadas del color del granito gris tradicional de los Pirineos. Es el único homenaje al paisaje y la historia de la región. Cerler está situada a 1.540 metros de altura y los 360 residentes registrados en el censo se topan con los miles de huéspedes y propietarios de pisos de vacaciones en temporada alta. Los deportes de invierno en Cerler también muestran síntomas de agonía desde hace años: falta nieve natural en muchas pistas de esquí y los cañones de nieve están llegando a su límite. 

Ya se ha encontrado la solución: construir un nuevo dominio esquiable, que llega a unos cientos de metros más de altura que las pistas de Cerler. El nombre: Castanesa. Debía conectarse con el pueblo de Montanuy, con sus 215 habitantes. El plan original era construir 5.000 nuevas viviendas en Montanuy. El argumento del Gobierno de Aragón para este proyecto es, una vez más, frenar la despoblación. El Tribunal Supremo de Aragón siguió la petición de grupos ecologistas y residentes y paralizó el proyecto por evalua­ción insuficiente. Pero Aramón no se desanimó por ello. Se empezaron a construir remontes para conectar Cerler con las pistas previstas de Castanesa. Esta vez, un homenaje a la protección del medio ambiente: sólo los coches eléctricos pueden circular por la carretera que lleva a las nuevas pistas. A pesar de que se suspendió el plan de construir 5.000 nuevas viviendas en Montanuy, cayó una lluvia de dinero sobre los pueblos de alrededor: Aramón compró la hectárea a los propietarios del monte y los pastos por 110.000 euros (el precio de un terreno edificable). El precio de mercado de este tipo de terreno es de 6.000 euros. 

Los receptores del dinero no lo invirtieron en la sostenibilidad de sus pueblos de origen, sino que compraron casas de vacaciones en la vecina Catalunya. Como consecuencia, continuó la despoblación de los pueblos afectados.

Caso clásico 

Un detalle: Marcelino Iglesias, ex presidente socialista del Gobierno de Aragón, es natural de Bonansa, uno de los pueblos bendecidos con dinero de la región. Comenzó allí su carrera política como alcalde y defensor del proyecto Castanesa. Mientras tanto, su hijo le ha sustituido en el cargo y ha ascendido a presidente de la administración regional. Los críticos del proyecto hablan de un caso clásico de caciquismo. Después de todo, el expresidente admitió entretanto que su familia también había sido propietaria de más de 50 hectáreas de las tierras vendidas.

Traducción del autor.