Huir del trabajo para salvar la vida

El paso de la última DANA ha dejado, por el momento, casi un centenar de personas fallecidas y decenas de desaparecidas. Muchas de ellas, según temen los sindicatos, pueden ser trabajadores y trabajadoras que se encontraban en sus centros laborales o desplazándose a los mismos. Ahí están los mensajes de sus familiares angustiados advirtiendo por redes sociales de que sus allegados se habían quedado incomunicados en no pocos polígonos industriales de la provincia de Valencia. 

Esto es lo que ya ha pasado. Pero los fenómenos atmosféricos no dejarán de repetirse debido al cambio climático. De cara al futuro, resulta esencial que todos los trabajadores conozcan sus derechos para evitar sufrir graves daños o directamente la muerte por exigencias de sus empleadores. Cualquiera de ellos tiene derecho a “interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”.

Así lo recoge el punto 2 del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que también explicita, en el punto 3, que podrá ser la representación legal de los trabajadores quienes puedan acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad. Si no es posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal, la decisión la pueden tomar por mayoría los delegados de Prevención.

El punto 4 de este artículo también es importante: “Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.

En el caso de esta DANA, que ha perjudicado gravemente a decenas de municipios valencianos, cualquier trabajador o trabajadora que haya sufrido un daño será considerado como accidentado laboral. Además, los riesgos meteorológicos también deben ser evaluados por las empresas, obligadas a adoptar todas las medidas preventivas a su alcance.

La disposición final primera del Real Decreto Ley 4/2023 concreta aún más la cuestión, ya que está relacionado con la adopción de medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas, a partir de la evaluación de riesgos, tal y como recuerdan desde CCOO.

“Las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora”, defiende la disposición. 

Y profundiza todavía más: obliga a la adopción de medidas, incluida la paralización de la actividad laboral, en “el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo”, como ahora sucede en diversas zonas de España.

Posibles represalias de la empresa

Gonzalo Mañes, abogado laboralista especialista en prevención de riesgos laborales, recuerda que “el empresario tiene un deber de seguridad para con sus trabajadores, y es él quien debe garantizar su integridad”. De todas formas, no siempre los empleadores priorizan la salud de su plantilla al rédito económico que de ella extrae. Por eso, llegado el caso, el letrado aconseja que el trabajador o trabajadora que decida interrumpir su actividad lo comunique a la empresa por escrito. “Que haya podido haber dificultades o impedimentos para poder ejercer este derecho ante lo sucedido en Valencia es llamativo y muy preocupante”, aduce el también integrante del Gabinete Técnico Confederal de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

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