València acoge el juicio con la mayor petición de penas en Europa para activistas climáticos: cinco años de prisión

Aun con temor al desenlace, Paco del Pozo recuerda aquel 26 de octubre de 2021 como uno de los días más emocionantes de su vida. Su compañero de militancia, Ernesto Baeza, también se muestra orgulloso de la hazaña: consiguieron frenar en el puerto de Sagunto durante 12 horas un buque de gas extraído por fracking y procedente de Estados Unidos. Ambos ecologistas y otras nueve personas, todas ellas integrantes de Greenpeace, han terminado acusadas de un delito de desórdenes públicos agravados. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años de prisión, 55 años de cárcel en conjunto. La organización en defensa del medio ambiente tilda el juicio, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en València, como la causa judicial en la que se han registrado penas más altas de encarcelamiento para activistas climáticos de toda Europa.

La acción tuvo lugar hace cinco años, cuando activistas de Greenpeace a bordo de su buque Esperanza accedieron al puerto de la planta regasificadora de Enagás en Sagunto para impedir la entrada del buque Merchant, cargado con 183.000 metros cúbicos de gas. La acción directa no violenta, como las que suele realizar la organización, formaba parte de su campaña para exigir a las empresas energéticas un plan de abandono progresivo del gas fósil, también conocido con el eufemismo de gas «natural».

Decenas de activistas de 18 nacionalidades tomaron partida en la protesta. Mientras el buque Esperanza, de cuya ancla se colgó el mismo Baeza, bloqueaba la entrada al puerto saguntino, varias lanchas se acercaban al Merchant. En su casco pintaron el mensaje «NO + GAS». Después de 12 horas, varios de los activistas fueron detenidos y, poco a poco, recibieron la notificación del juzgado. «Les piden 55 años de cárcel en total. Es la petición más alta registrada contra activistas climáticos de toda Europa, incluso a nivel individual», subraya Javi Raboso, responsable de la campaña de Calidad Democrática de Greenpeace.

Esta justicia lenta tampoco han ayudado a los encausados. «Además de estar viviendo una situación injusta, tiene un mayor impacto por el tiempo que ha pasado. Hay gente que en estos años ha sido padre», ilustra el integrante de la organización ecologista. Greenpeace asegura que dedicará todos sus esfuerzos a demostrar en el juicio que lo sucedido responde a una «protesta pacífica amparada por el derecho de reunión y libertad de expresión y que, en el caso de existir una colisión de derechos, hablamos de una pena absolutamente desproporcionada», en palabras de Raboso.

No se esperaban un movimiento así por parte del Ministerio Público. Sin embargo, colectivos como Greenpeace ya habían alertado de que la última reforma del Código Penal podía afectar tangencialmente al derecho a la protesta. Su responsable de Calidad Democrática recuerda que incluyeron una rebaja de la pena en el delito de secesión a costa de incluir un delito de desórdenes públicos agravados, que es a lo que se enfrentan estas once personas».

Greenpeace quiere utilizar la apertura de juicio oral el próximo 23 de septiembre en València para remarcar la importancia del derecho a la protesta y su protección. «Nos dirigimos a todas las instituciones de todos los ámbitos. Las leyes no pueden penalizar de esta manera el activismo pacífico, una voz necesaria para la construcción democrática de una sociedad», sostiene Raboso. Los once acusados no estarán solos. El apoyo se dejará notar a través de numerosos compañeros de militancia y personas solidarias que se acercarán a los tribunales, a los que también acudirá Amnistía Internacional y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente, Michel Forst.

En lancha hacia el buque gasero

Paco del Pozo tiene 46 años, reside en Madrid y es especialista en energías renovables. También es el responsable de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace. Hace cinco años, Del Pozo participó en una acción pacífica por la que puede terminar en prisión. «Estábamos muy nerviosos. Acciones así hacen que se dispare la adrenalina. También estábamos muy pendientes de las condiciones de seguridad, porque no queríamos poner a nada ni nadie en riesgo. Solo queríamos mostrar que ese barco traía un gas que, con tan buena prensa lo llaman gas natural, y que es un combustible fósil, parte de la crisis climática que por entonces ya veíamos y ahora sufrimos», se explaya. Era 2021 y el movimiento ecologista vivía horas altas después de que Greta Thunberg hubiera hablado ante las Naciones Unidas dos años antes.

Este activista se montó en una de las lanchas que se aproximaron al barco procedente de Estados Unidos. «Cuando vimos aquella mole de hierro que llegaba a Sagunto… Mi labor consistió en intentar distraer la seguridad todo lo posible para que se pudiera pintar el mensaje en el buque gasero y que nuestro barco, el Esperanza, pudiera bloquear la terminal en el puerto. Fue uno de los días más emocionantes de mi vida«, relata el activista.

Tras aquella primera fase de acción, resistieron 12 horas en diálogo con la Policía, que les rodeaba: «Les explicamos que no teníamos intención de realizar acción violenta alguna y que todo formaba parte de nuestra campaña contra el gas», comenta Del Pozo. Lo que pensaron que se solventaría con una multa por los daños y perjuicios ocasionados a la terminal del puerto se convirtió en una petición de pena de prisión de cinco años. Al finalizar este 2026, el integrante de Greenpeace se habrá enfrentado a tres procesos judiciales por lo penal debido a su activismo pacífico climático: «Desde entonces he tenido una hija. Este tipo de procesos te obligan a no exponerte cuando hay más motivos que nunca para hacerlo. Todo aquello por lo que protestábamos entonces se ha acelerado».

Atado al ancla

Ernesto Baeza, desarrollador informático de profesión, vecino de Sevilla, tiene 34 años. Aquel día de octubre de 2021 se quedó en el Esperanza, el barco nodriza de Greenpeace. «Ayudé a los compañeros a descender a los botes. Ya cuando atracamos en el puerto, me descolgué por uno de los bordes del barco y me até al ancla», admite. Allí desplegó un cartel en el que se podía leer: «El gas no es el futuro».

Él tampoco pensó que una acción de esas características pudiera tener las consecuencias que persigue la Fiscalía con una petición tan alta de cárcel. «Nosotros lo hicimos por una buena causa», asegura. Al igual que su compañero, desde hace algunos años Baeza se ha visto obligado a mantener un perfil más bajo en las protestas. «Así gana cualquier persona o empresa que no le interesa que nos manifestemos a favor del medio ambiente», precisa.

Todavía recuerda la emoción que sintió al volver al Esperanza, donde se encontró con sus compañeros, algunos liberados tras su detención. De todas formas, los estragos hacen mella. Este desarrollador informático se había planteado presentarse a una oposición que tendrá que esperar hasta que termine el periplo judicial. «Confío en el proceso, pero cinco años de cárcel es una vida. Ahora mismo, a mi edad me dejaría con pocas posibilidades de crecimiento laboral, y si quiero formar una familia tendrá que ser en estos años. Una condena me podría destrozar la vida, hablando mal y pronto», se sincera. Del Pozo, por su parte, desea que este proceso al menos sirva para lograr una sentencia absolutoria que allane el camino para próximos activistas que sigan el mismo camino.