La Calera: el pueblo colombiano que plantó cara a Coca-Cola por los derechos del agua

A partir de los 3.000 metros de altitud, cuando la vegetación del bosque andino decae, los frailejones toman el mando del paisaje en el páramo de Chingaza, en Colombia. Estas plantas de tronco grueso y crecimiento lento están adaptadas al frío, la alta radiación y la escasez de agua que caracterizan a los páramos colombianos: con sus hojas suculentas y velludas son capaces de captar el agua de la niebla no solo para consumirla, sino también para filtrarla al suelo. Los frailejones son una de las piezas que han hecho de Chingaza el lugar del que beben uno de cada diez colombianos.

De esta región, protegida desde 1977 bajo la figura de Parque Nacional Natural, se nutre el embalse de Chuza, del que sale el 70% del agua que se consume en Bogotá, la capital del país situada a menos de 20 kilómetros en línea recta hacia el oeste. A medio camino, en el municipio de La Calera, el agua protagoniza una batalla que tiene el potencial de cambiar para siempre la forma en que Colombia gestiona este recurso. Allí, el derecho al agua que los vecinos reclaman ha entrado en conflicto con los intereses de Indega, una filial de Coca-Cola que embotella el Agua Manantial que se vende en todo el país. Por ahora, los habitantes de La Calera se han apuntado una victoria parcial frente a la multinacional.

El Niño, la sequía y el extractivismo

Esta historia empieza mucho antes, pero el conflicto estalla en 2024. Durante todo ese año, los habitantes de La Calera sufrieron restricciones severas de agua en medio de una fuerte sequía. «Apenas disponíamos de cinco o seis horas de agua al día», explica Robinson Carvajal, vecino de La Calera y líder de la organización ambiental Échele ojito al agua. «Y entonces descubrimos que la embotelladora seguía sacando la misma cantidad de agua del manantial que antes de la sequía». Es decir, tal como establecía la concesión de extracción en aquel momento, 3,23 litros de agua al segundo o unos 280.000 litros al día.

«La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que es la autoridad ambiental que otorga las concesiones de agua y las vigila, jamás impuso restricciones a la embotelladora, a pesar de que la ley en Colombia establece que debe priorizarse el consumo humano en casos de sequía», añade Carvajal. «Eso nos llenó de dudas sobre qué estaba pasando con el agua«. Fue también en ese tiempo que Indega inició los trámites para renovar la concesión, que lleva activa desde 1983. Las organizaciones ambientales y campesinas locales vieron entonces su oportunidad.

Échele ojito al agua, la Asociación de Veredas de La Calera y algunos representantes municipales, entre otros, se unieron para iniciar un proceso jurídico, acompañado de protestas y campañas de presión, que pusiese fin a la situación de acceso desigual al agua que se había vivido en la localidad en las últimas décadas. «Cuando empezamos a analizar el caso, vimos irregularidades por todas partes: había periodos en los que extraían más agua de la permitida, había habido vertidos sin consecuencias y había tramos de varios años en los que la empresa había seguido operando sin concesión ni ningún tipo de control», detalla Carvajal.

Con el apoyo de un colectivo jurídico y de una corporación geoambiental que se encargó de elaborar estudios hidrológicos independientes, las comunidades de La Calera pusieron números a sus sospechas. «Había errores por todas partes, cifras infladas. La fiabilidad de los informes de Coca-Cola sobre la capacidad del sistema de Chingaza para abastecer toda el agua que se extraía era nula. Y la corporación no los había revisado en más de 40 años», explica el también ingeniero medioambiental.

Después llegó la parte más dura. Mientras las organizaciones exigían ser escuchadas, las presiones para que dejasen de hacer ruido, en muchos casos violentas, se multiplicaron, tanto en el mundo físico como en el digital (se difundieron todo tipo de informaciones en redes sociales para intentar desprestigiar a los vecinos de la localidad). A pesar de todo, lograron que la corporación de Cundinamarca organizara una audiencia pública en el marco de la tramitación de la nueva concesión de agua. «Fue la primera vez que se hizo algo así en la historia de Colombia», cuenta, orgulloso, Carvajal.

Tras esa audiencia, la corporación terminó haciendo sus propios estudios y le dio la razón a los vecinos. En abril de 2026, publicó la resolución de una nueva concesión de aguas mucho más restrictiva. El caudal permitido se baja de 3,23 a 1,9 litros por segundo, tres de los siete manantiales de los que se extraía agua quedan cerrados, en tiempos de sequía severa no se puede extraer nada y la empresa está obligada a financiar tanto obras para mejorar el abastecimiento municipal como actuaciones de compensación medioambiental.

Salvo la reducción del caudal, ninguna de las medidas se aplica por ahora, ya que tanto la empresa como las comunidades locales todavía tienen tiempo para recurrir la decisión de la corporación. Aunque la embotelladora se ha mostrado disconforme, desde Climática no hemos podido comprobar que haya presentado recurso alguno. Las comunidades locales, sin embargo, sí lo han hecho, ya que consideran las medidas insuficientes. «Los páramos están protegidos por ley en todo el país. El de Chingaza es un Parque Nacional Natural. Nos parece increíble que se sigan permitiendo actividades extractivas en un lugar así», añade Carvajal.

A pesar de la victoria, y mientras esperan a que la decisión sea definitiva, desde La Calera observan con preocupación el desarrollo de El Niño en el océano Pacífico. Este fenómeno natural y cíclico, que en esta ocasión se está desarrollando con especial intensidad debido al cambio climático, provoca sequías severas en el interior de Colombia. «Nos preocupa que vayamos a sufrir los impactos de El Niño, especialmente en la segunda mitad del año, sin que vaya a existir un seguimiento y un control reales de lo que está pasando con el agua», explica el líder ambiental.

Aun así, Carvajal se queda con el mensaje positivo de su victoria frente a la embotelladora: “Las comunidades somos parte del territorio. Vivimos en él e interactuamos con él. Es nuestra responsabilidad protegerlo, cuidarlo y defenderlo de cualquiera que quiera venir aquí a arrebatárnoslo. Su defensa es la defensa de la identidad y de la vida”.