El problema no es Bad Bunny: es el modelo

Este artículo se publicó originalmente, en catalán, en Sostenible.cat.

El debate cultural más relevante de este verano no va sobre la «casita» de Bad Bunny. Tampoco de si Rosalía deja o no entrar a fotoperiodistas. Ni siquiera sobre el precio prohibitivo de las entradas, las cancelaciones de algunos macrofestivales o cómo estos empeoran un año tras otro. A pesar de que esto ha ocupado titulares, tertulias y miles de comentarios en las redes, hay una cuestión infinitamente más relevante de la cual casi nadie está hablando: el impacto ambiental del nuevo modelo de macroespectáculo que se está imponiendo en todas partes.

Cada vez más artistas optan por concentrar sus giras en pocas ciudades. Harry Styles hará 68 conciertos en solo siete ciudades (cuando en la gira anterior visitó 79); Beyoncé concentró media gira Cowboy Carter en tres recintos, y Coldplay, Olivia Rodrigo y Ariana Grande también apuestan por este modelo basado en lo que denominan «residencias«.

Se trata de una tendencia global a la cual se suma el ya conocido negocio de los macrofestivales. En nuestro país, estos grandes acontecimientos han evolucionado, pasando de propuestas culturales rompedoras a experiencias en las que la prioridad es maximizar el beneficio económico, aunque empeore la experiencia de los asistentes.

Este modelo, sin embargo, tiene graves implicaciones ambientales, sociales y económicas. Hablo de emisiones derivadas de la hipermovilidad a la cual nos obliga una residencia de diez días que movilizará a centenares de miles de personas. Del desmesurado consumo energético localizado que se hace en el escenario. De ruido ininterrumpido no durante uno o dos días, sino durante más de diez. De la saturación del espacio público y de la presión sobre infraestructuras urbanas como el transporte y las zonas verdes.

Precisamente porque es un fenómeno tan reciente, todavía sabemos muy poco de su huella ambiental. No disponemos de estudios específicos sobre el impacto de estas residencias. Lo que tenemos son informes de algunas organizaciones, trabajos académicos muy puntuales y estimaciones parciales que nos permiten intuir la magnitud del problema, pero no cuantificarlo con precisión.

A pesar de ello, los pocos datos disponibles son malas noticias. La ONG Reverb, dedicada a promover la sostenibilidad dentro de la industria musical, analizó los hábitos de desplazamiento de más de 35.000 asistentes a 400 conciertos celebrados en más de 170 ciudades. Su conclusión fue que el transporte del público genera unas emisiones hasta 38 veces superiores a las del artista y todo su equipo. Además, cerca del 80% de los asistentes llegaba a los conciertos en vehículo privado. Imaginad cuántas emisiones se han podido generar alrededor de la residencia de Bad Bunny con un aforo máximo de unas 55.000 personas al día, y 10 jornadas de conciertos en total.

Aunque nos resulte incómodo cuestionar este tipo de cosas porque nos hacen sentir bien, el coste de no hacerlo es aceptar un modelo que tampoco hemos decidido nosotros. ¿Cómo nos afecta como ciudadanía de nuestras ciudades? ¿Qué ganamos (y también qué perdemos)? ¿Qué rol queremos y merecemos tener en la toma de decisiones sobre cuándo, cómo y de qué manera se llevan a cabo estos acontecimientos? ¿Y qué pasa con la gente que vive muy lejos de estas ciudades? En definitiva: ¿es un modelo que nos gusta y nos parece sostenible o todo lo contrario?

Y somos precisamente nosotros quienes tendríamos que hacernos estas preguntas, porque quienes más se benefician de este modelo tienen pocos incentivos para planteárselas. La industria musical gana: montar un escenario una sola vez es mucho más rentable que hacerlo diez veces en diez ciudades diferentes. Las ciudades anfitrionas también ven una oportunidad: se llenan los hoteles, los restaurantes hacen su agosto y el sector turístico celebra la llegada de centenares de miles de visitantes.

Pero los beneficios no se reparten del mismo modo que los costes, que los asumimos entre todas y todos. En forma de más emisiones de gases invernadero, más contaminación acústica, más uso de recursos materiales y más presión sobre el espacio público, las infraestructuras urbanas y la biodiversidad de los entornos que acogen estos acontecimientos.

También hay un coste menos visible, pero igualmente importante: el acceso a la cultura. Cuando los artistas concentran sus actuaciones en pocas ciudades, ir a un concierto deja de depender solo del precio de la entrada. Hay que añadir el transporte, el alojamiento y todos los gastos del desplazamiento. Esto hace que el ocio cultural sea cada vez más exclusivo, reservado a quien se lo puede permitir.

Esta concentración no solo amplía las desigualdades entre personas, sino también entre territorios. Las grandes ciudades acumulan la oferta cultural, mientras que otras muchas quedan relegadas a ser simples emisoras de público.

Señalar el impacto ambiental de una residencia de diez días no es querer prohibirla. Igual que criticar una representación sexista no es querer suspender el concierto. Es simplemente recordar que los espectáculos no existen en el vacío. Que ocupan espacio, consumen recursos y tienen consecuencias. Y que nosotros, como consumidores y también como periodistas, tenemos la responsabilidad de señalarlo y cuestionarlo. Aunque disfrutamos mucho de perrear al ritmo de NuevaYoL.