Lo que el Tribunal de Cuentas de la UE dice a los países: dejen de subvencionar las energías fósiles

Las cuentas no salen. O los países miembros de la Unión Europea dejan de subvencionar los combustibles fósiles o será imposible alcanzar los objetivos climáticos. Así lo ha recalcado esta semana el Tribunal de Cuentas, que ha señalado directamente a los países que no están cumpliendo el compromiso de reducir este apoyo y dedicar ese dinero al desarrollo de las energías renovables. Quince de los 27 Estados miembros están en esa situación. Francia, Irlanda, Finlandia y Bélgica, de hecho, dedican más fondos públicos a los combustibles fósiles que a las energías verdes. En el extremo contrario están Alemania, España, Italia y la República Checa, que dan prioridad a las renovables.

«Las subvenciones a las energías renovables casi se han cuadruplicado entre los años 2008 y 2019, pero las de las energías fósiles se han mantenido relativamente estables, a pesar del compromiso de la Comisión Europea y de algunos Estados miembros de suprimirlas progresivamente», señalan los autores del informe. La cantidad gastada en ese periodo de tiempo, según el Tribunal del Cuentas, se mueve entre los 55.000 y los 58.000 millones de euros, de los cuales al menos dos tercios corresponden a exoneraciones fiscales. La consecuencia directa de estas políticas es el retadismo: «Unos niveles bajos de precios del carbono y de impuestos sobre combustibles fósiles elevan el coste relativo de las tecnologías más ecológicas y demoran la transición energética», indican desde el Tribunal.

Este organismo europeo pide «coherencia» en la fiscalidad, teniendo en cuenta los compromisos ecológicos adoptados por los países miembros y su propia directiva sobre impuestos: «El carbón tributa menos que el gas natural –explica–, y el gravamen de algunos combustibles fósiles es muy inferior al de la electricidad».

La variedad de impuestos aplicados a los carburantes, muy altos en unos países y muy bajos en otros, puede asimismo distorsionar la competitividad. De este modo, quienes incumplen sus acuerdos saldrían beneficiados en el mercado, desbaratando por consiguiente todo el trabajo realizado por los demás en aras de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Un compromiso que todos han firmado y que fue ratificado por el Parlamento Europeo.

El Tribunal, según expresa en su estudio, comprende que la transición ecológica tendrá un impacto social y por eso recomienda «la reducción de otros impuestos y la aplicación de medidas redistributivas garantizando a la vez una mayor transparencia y comunicación sobre los motivos de las reformas». En algunos países, como la República Checa o Eslovaquia, la población ya está sintiendo este impacto en el seno mismo de sus hogares: allí, el presupuesto dedicado a la energía (lo que incluye el transporte y la calefacción) puede superar el 20% de los ingresos.