Se conoce como greenwashing y también como lavado verde. Y, a estas alturas, cada vez es más habitual que las empresas lo practiquen. Algunas de ellas incluso afirman liderar el sector de las energías renovables y las tecnologías de transición, aunque lo que realmente hacen se distancie mucho de esta imagen. Un nuevo informe del Transnational Institute, en colaboración con el Observatori del Deute en Globalització (ODG), ha analizado a 15 de esas empresas energéticas.
La realidad es que entre todas ellas gastaron un total combinado de 130.770 millones de dólares en dividendos y 24.800 millones de dólares en recompra de acciones entre 2016 y 2022, mientras obtuvieron unos beneficios de 175.860 millones de dólares en ese mismo periodo. Esta última cantidad es más de siete veces superior al dinero que los países ricos han proporcionado a las naciones más pobres para hacer frente al cambio climático. A pesar de que se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales hace más de una década.
España está entre los países que incumplen esa promesa. Y, entre las empresas examinadas –en su mayoría norteamericanas y europeas– se encuentran Iberdrola y Endesa, que dependen del dinero público para invertir en nuevos proyectos, así como de los bancos. Un estudio de elaborado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reveló recientemente que, de todo el dinero que la banca dio a empresas energéticas entre los años 2016 y 2022, solo el 7% se dedicó a proyectos de energías renovables.
El poder que sustentan todas estas empresas se entiende mejor aprendiendo también sobre su historia (y antecedentes). Transnational Institute explica a grande rasgos tanto la de Endesa como la de Iberdrola.
“Muchos políticos de alto nivel, tanto del partido socialdemócrata (PSOE) como del partido conservador (PP), han asumido cargos oficiales en Endesa, sus filiales y su matriz italiana Enel. La puerta giratoria entre Endesa y el Gobierno es una de las razones por las que la empresa siempre ha sido un actor tan influyente en España. Endesa, junto a Iberdrola y Naturgy, conforman el llamado ‘oligopolio energético’ por su posición hegemónica”, recuerda el informe.
En el año 2022, la empresa ganó 2.670 millones de dólares en beneficios. Entre 2016 y 2022, la cantidad ascendió a 10.890 millones de dólares. Sin embargo, también ha estado en varias ocasiones en el foco de la polémica por cortar el acceso a la electricidad a los hogares vulnerables y por haber recibido múltiples advertencias, denuncias y multas por manipular los precios del mercado eléctrico o por provocar daños sociales y medioambientales en territorios de América Latina.
Iberdrola, por su parte, ganó 4.570 millones de dólares en 2022 y 26.830 millones entre 2016 y 2022. En este último año, el 46% de la electricidad producida por la compañía seguía correspondiendo a gas fósil o energía nuclear. En 2015, tal como recuerda el análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó que la multinacional había manipulado el precio de la electricidad en 2013. Años más tarde, en 2021, fue acusada de generar una “falsa sequía” al vaciar el embalse de Valdecañas, en Extremadura (España), haciendo necesarios camiones cisterna para abastecer de agua a la población circundante. Entonces Iberdrola alegó que era necesario para generar electricidad frente a una ola de calor. La publicación argumenta, sin embargo, que lo hizo “cuando el precio de la electricidad era muy alto, obteniendo unos beneficios que motivaron una investigación del Ministerio de Medio Ambiente”.
La riqueza que se cuantifica se acumula, según el informe, “a costa del dinero público, del lavado verde y de prácticas sociales y medioambientales explotadoras que amenazan los derechos de los trabajadores y las comunidades de primera línea“.
En esta línea, la publicación señala que la mayoría de las empresas analizadas se asocian con violaciones de los derechos indígenas, laborales u otros derechos humanos. “Desde México y Honduras hasta la India, el Sáhara Occidental y España, las multinacionales ‘verdes’ están despojando de sus tierras y medios de vida a numerosas comunidades indígenas y otras comunidades rurales para construir parques eólicos terrestres o parques solares. Además, la extracción de los ‘metales de transición’ de los que dependen los fabricantes de tecnologías de transición suele conllevar explotación laboral y destrucción ecológica”.
El informe también enumera y explica algunas de las prácticas más habituales de lavado verde: “Algunas empresas europeas sensibles a la presión pública han vendido activos de combustibles fósiles a empresas con menor exposición pública”. En estos casos, aunque los vendan a terceros para sanear la imagen, sus emisiones reales continúan. “En otros casos, las empresas han reforzado sus credenciales ecológicas desviando sus activos de combustibles fósiles hacia nuevos negocios separados”, continúa. “Todo esto demuestra que, aunque la presión pública ha contribuido a estigmatizar los combustibles fósiles, las empresas intentan eludir este problema vendiendo o escindiendo sus activos de combustibles fósiles en lugar de desmantelarlos“.
Asimismo, la investigación explica que es práctica común calificar de “limpios” el gas fósil, la energía nuclear y otros combustibles controvertidos para mejorar la reputación de una empresa y ayudarla a engullir subvenciones públicas. Y defiende que tanto esta como las prácticas mencionadas anteriormente, entre otras, deberían prohibirse. “Pero, incluso si se prohíben, las empresas energéticas encontrarán nuevos resquicios legales a menos que existan sistemas eficaces de control creados a través de la propiedad pública y la gobernanza democrática”, argumenta el informe.
Esa voluntad puede estar un paso más cerca de cumplirse. Este mismo martes, el Parlamento Europeo ha aprobado la creación de una certificación para armonizar la forma de medir la captura de carbono en los proyectos de compensación en la Unión Europea. De esta manera, los países miembro buscan contrarrestar el greenwashing de las empresas que usan esta técnica para justificar que son empresas verdes. El texto, aprobado con 448 votos a favor, 65 en contra y 114 abstenciones, se discutirá en los próximos meses en los trílogos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos.
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Si quieren ser creíbles, nuestros representantes , del Parlamento Europeo, en cuanto a que su trabajo, se debe a proteger y legislar, para los ciudadanos europeos, que para eso ,les pagamos su sueldo, ya pueden empezar, a tomar medidas que realmente nos beneficien. Porque hasta ahora, de poco pueden presumir, más que de legislar en beneficio de las multinacionales, grupos financieros y las élites, que precisamente, no deben tener lobbys presionando, ni deberían influir en las decisiones, solo para mantener su poder y dividendos.
No importa que opinen, pero las leyes, deben hacerse, para beneficio de los ciudadanos, que además, somos mayoría.