Más de mil personas se han vuelto a movilizar este domingo en Cáceres para rechazar la mina de litio que la multinacional australiana Infinity Lithium pretende construir en la Sierra de Valdeflores, el segundo mayor yacimiento de este mineral ―clave para la transición verde― en toda Europa.
Los carteles «No a la Mina», símbolo de una lucha ciudadana que ya lleva más de siete años, se han desplegado en la escalinata del Ayuntamiento. Los vecinos y las vecinas han decidido volver a las calles tras la resolución de la Junta de Extremadura de declarar a la mina como «Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA)», calificación que se concede a iniciativas con «un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo» de la comunidad autónoma.
Esta calificación supone que el proyecto, paralizado por resoluciones judiciales y por falta de consenso político, tendrá a partir de ahora «carácter prioritario y urgente» para toda la administración.
Para la plataforma Salvemos la Montaña, colectivo que aglutina a las voces críticas del proyecto, la Junta, en manos del PP y Vox desde mayo del año pasado, ha «decidido pisar el acelerador» con esta declaración. «Es una alfombra roja para la empresa. El temor es que a fin de año se entregue el permiso de explotación, lo que sería una tragedia para la ciudad», lamenta María de la Montaña Pedraza, una de las portavoces de la agrupación.
Extremadura New Energies, la filial española que montó la multinacional australiana para poder sacar el litio de Cáceres, descartó en 2022 su proyecto inicial de hacer una mina a cielo abierto. El último documento presentado ante las autoridades políticas prevé una extracción subterránea.
De avalarse finalmente este plan, la montaña de la capital cacereña ―donde viven 96 mil personas― será intervenida por los próximos 31 años. Según el documento que la empresa entregó a la Junta, dos años serán de «preparación y construcción», tres, de «rehabilitación y cierre» y 26, de «explotación».
La previsión arroja una producción nominal de 19.470 toneladas de hidróxido de litio al año, lo que da un total de 506.220 toneladas al finalizar la explotación. El valor de la mina, según los cálculos de la firma, asciende a los 21 mil millones de euros.
«El litio es uno de los 30 elementos considerados como materiales críticos para la UE por el riesgo de desabastecimiento, lo que muestra la importancia del proyecto de Valdeflórez», detalla la empresa en su proyecto.
Lo que no dice la empresa es que la mina se instalará en un área de alta biodiversidad, de gran valor ecológico y de vital importancia social para Cáceres. También omite que sería la mina más cercana a un núcleo urbano en toda Europa: a 300 metros de una planta depuradora de agua; a 1,5 km del Hospital de Cáceres; 1,6 km del Campus Universitario y 2,5 km de la Plaza Mayor.
Pedraza cuenta que, por el momento, el proyecto sigue inmerso en un «culebrón legal administrativo». Tiempo atrás, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura denegó el permiso de investigación al tratarse de un suelo protegido para actividades extractivas.
No obstante, la empresa logró que la Junta avalase el permiso de exploración, alegando que la toma de muestras eran a nivel de la superficie sin impacto ambiental alguno.
«El problema es que la Ley de Minas, vigente desde el franquismo, dice que si una empresa tiene un estudio hecho y puedes asegurar que hay suficiente mineral, en este caso litio, se puede otorgar de forma automática el permiso de investigación. Esto, sumado a la declaración de interés autonómico, nos da la pauta de que la mina puede obtener en breve una luz verde, por eso nos hemos vuelto a movilizar», explica con preocupación Pedraza.
La lucha ciudadana por evitar la apertura de esta mina no es excepcional. El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) dio a conocer la última actualización del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), un mapa interactivo que identifica y sitúa los conflictos ecológico-distributivos existentes en todo el mundo.
Desde su creación hace 12 años, esta plataforma web de acceso abierto ha documentado 4.100 casos, el 19% de los cuales está provocado por los combustibles fósiles y la generación de energía, otro 19% por la extracción minera, y el 13% por la agroindustria, la pesca y la explotación de bosques.
Una de las conclusiones de esta última actualización es que existe «un aumento de disputas por temas relacionados con las energías renovables y la transición energética». El 41% de las empresas causantes de estos conflictos pertenecen a países ricos, pero el 75% de las disputas tiene lugar en países de rentas bajas.
En España, el EJAtlas ha recopilado hasta el momento 111 conflictos gracias a la colaboración con organizaciones ambientalistas. La mina de Valdeflores aparece en el mapa.
Marcel Llavero-Pasquina, investigador ICTA-UAB y coordinador del EJAtlas, explica que, históricamente, «los cambios en los usos de las energías y de materias primas a nivel global han conducido a más conflictos ambientales».
Advierte que, a diferencia de lo que se cree, el cambio de matriz energética (fósil por renovable) y la necesidad de acelerar la extracción de los minerales que necesita la transición verde está «generando nuevos focos de conflictos».
«Estos nuevos conflictos desnudan que no estamos ante una transición energética, sino que estamos ante una adicción energética, con un aumento ligado al despliegue de las renovables que no han minimizado los conflictos ligados a los combustibles fósiles», advierte.
Hay muchos conflictos documentados ―agrega― ligados a macroproyectos de energía solar y eólica «sin respeto ni planificación territorial». «En el Sur Global, por ejemplo, hay muchas comunidades indígenas y campesinas desplazadas por estos proyectos», denuncia.
El investigador aclara, no obstante, que la «resistencia organizada» consigue parar un cuarto de los proyectos conflictivos, por lo que «el movimiento global para la justicia ambiental es vital y tiene gran influencia» en muchas plataformas y agrupaciones locales.
En Cáceres, María de la Montaña celebra los siete años de lucha vecinal. Dice que, sin esta resistencia colectiva, la mina ya estaría en funcionamiento. Lamenta que la narrativa de la empresa cale en «muchos obreros» (nota un odio en crecimiento hacia el ecologismo) y reconoce, con dolor, que se iría de la ciudad si la mina se pusiese en funcionamiento. «Tengo 55 años. He nacido en esta tierra, a la que amo. Me imagino a Cáceres intoxicada con sus ciudadanos enfermando por culpa de esta mina, por lo que con todo el dolor del alma me tendría que ir a otro sitio».
Esta vecina recuerda los impactos de otra mina, «La Parrilla», la mayor mina de wolframio de Europa ―ya cerrada― que en su día abrió a 40 kilómetros de Cáceres. «Cuando hacían una explosión retumbaba todo Cáceres, parecía una bomba. Con una mina en Valdeflores se nos caen los edificios que son patrimonio de la humanidad», proyecta.
En su diálogo con Climática, pide que quede reflejado que ni ella ni ningún integrante de la plataforma son «negacionistas», que hay un «apoyo» a la transición ecológica y energética, pero que la descarbonización tiene que ser «planificada, ordenada y contemplando la preservación de la biodiversidad y de los habitantes de los territorios».
«No es lógico ni justo que una multinacional australiana nos arrebate nuestra ciudad en nombre de esta transición. Cáceres no puede transformarse en una zona de sacrificio», sentencia.
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