Una mina de wolframio y un río contaminado ensombrecen el futuro de una ría gallega

La mina de San Finx, en el Ayuntamiento de Lousame (A Coruña), se puede ver desde lo lejos. Un claro rodeado de bosque, salpicado de montañas de escombros, con edificios vacíos y maquinaria abandonada. En las tres últimas décadas, la actividad extractiva en la zona ha estado casi siempre parada, pero también casi siempre a punto de reanudarse. Para hacerlo, la empresa concesionaria tiene que vaciar el agua que inunda la mayor parte de las galerías del complejo. Pero la autorización necesaria se ha enredado en los despachos ante las presiones de la población local, que ve en la reactivación de la mina y en el posible vertido de cientos de litros de agua contaminada con metales pesados una amenaza a su modo de vida.

La situación actual es enrevesada. La Xunta de Galicia autorizó el vertido el año pasado, pero después comprobó que no se cumplían ciertos requisitos de depuración de aguas y ahora está tramitando la revocación del permiso. La nueva concesionaria no responde de ninguna forma a los afectados (a Climática, tampoco). Hay varios juicios en marcha. Y las organizaciones del mar, junto a los grupos ecologistas, piden el cierre definitivo de la mina (un foco de contaminación constante) y la rehabilitación del entorno, ya que supone una seria amenaza para las aguas de la ría de Muros-Noia, una de las zonas de mayor actividad marisquera de Galicia.

Pero para entender el enredo es mejor empezar por el principio.

La importancia del relato

En uno de los innumerables valles que rompen la costa gallega, en uno de los que sobrevivió a la inundación milenaria de la que nacieron las rías, hay un tesoro de minerales prehistóricos. Lo conocían fenicios y romanos, que lo explotaron y lo incluyeron en sus rutas comerciales, y fue aprovechado de forma casi interrumpida por las sucesivas poblaciones que habitaron el entorno, cerca de lo que hoy es la villa de Noia. Sobre esa historia antigua se sustenta la explotación moderna de la mina de San Finx, que todavía hoy forma parte del paisaje de la comarca.

La historia puede parecer interesante, incluso puede que un poco misteriosa. Pero no es cierta, o lo es solo en algunos puntos. Forma parte de uno de los muchos relatos que compiten por imponerse en el conflicto ambiental y social que ha acompañado a la mina de San Finx durante décadas y que se ha recrudecido en los últimos años, ante los planes de reabrir la explotación y verter miles de millones de litros de agua contaminada con metales pesados al río y, por extensión, a la ría de Muros-Noia.

El argumento de “la minería histórica de San Finx” fue uno de los muchos que acompañaron a la solicitud oficial del vertido de aguas contaminadas, presentada a finales de 2016. Desde entonces, no ha dejado de repetirse. Pero un estudio arqueológico encargado por el Ayuntamiento de Muros y la asociación ecologista Verdegaia no encontró ninguna prueba en la literatura científica que lo justificase. De lo que sí hay datos es de que la explotación minera moderna empezó en 1887 y que hasta 1943 se extrajeron 5.672 toneladas de estaño y wolframio. Y de que la mina siguió funcionando con altibajos hasta 1990, enfrentando continuas protestas de los vecinos.

También existe constancia de un accidente en 1960, con motivo de la rotura de una de las balsas de la mina por las fuertes lluvias, que acabó con el vertido de miles de toneladas de lodos contaminados sobre los terrenos de cultivo del valle, dejándolos estériles. Las protestas vecinales, apoyadas incluso por algunos alcaldes de la zona, se hicieron oír en plena dictadura franquista. Ya en 1990, la concesionaria solicitó la paralización temporal de la actividad en la mina motivada por los bajos precios de los minerales. La acabó abandonando en 2008. Fue entonces cuando se produjo un cambio en la titularidad de la explotación que revivió el sueño de extraer wolframio de San Finx. Y reactivó el activismo vecinal y ecologista.

La mina de San Finx: 15 años cambiando de manos

En 2009, la nueva propietaria de San Finx, Incremento Grupo Inversor, inició los trámites para reabrir la mina. Nunca lo logró, ya que pocos años después entró en concurso de acreedores. En 2015, la mina pasó a manos de la constructora Sacyr, que creó una filial, Tungsten San Finx, para gestionarla. “Con Sacyr estuvo funcionando, con algo más de 40 trabajadores, entre 2016 y finales de 2017. Pero el problema es que la operación era totalmente ilegal. La mina no tenía autorización de vertido y el proyecto de explotación estaba superado, nunca se había sometido a un estudio de impacto ambiental”, explica Joám Evans, de Ecologistas en Acción. Fue el último periodo de actividad extractiva en San Finx, aunque desde entonces se han seguido llevando a cabo trabajos de mantenimiento.

Mientras tanto, la empresa puso en marcha los trámites para lograr el permiso para el vaciado de las galerías de la mina (inundadas de agua en su mayoría) con el objetivo de sacarle el máximo rendimiento a la explotación. Y el baile de nombres continuaba. En 2021, la compañía australiana Rafaella Resources (después rebautizada como Pivotal Metals) se hizo con la operación. Año y medio después, en verano de 2023, la vendió por 1,2 millones de euros a Metáis Estratéxicos, una empresa de la que no se sabe casi nada.

“Han invertido bastante dinero en la mina, así que probablemente hay una empresa grande detrás, pero de Metáis Estratéxicos no sabemos nada. Cuando intentamos ponernos en contacto con ellos, nunca contesta nadie. Sospechamos que este cambio de titularidad es una forma de protegerse, de dificultar que se rindan cuentas cuando haya problemas con la mina”, añade Evans. Desde Climática también hemos intentado contactar con la empresa, con dos de sus directivos y con su apoderado, pero no hemos recibido respuesta.

Mientras tanto, a principios del año pasado, llegó la autorización de la Xunta de Galicia para vaciar las galerías y verter cerca de 1.000 millones de litros de agua contaminada con metales pesados (cumpliendo con ciertos requisitos de depuración) al regato das Rabaceiras, que desemboca en el Pesqueira y en el río Vilacoba, que acaba en la ría de Muros-Noia.

Pero aún hay una vuelta de tuerca más. El vertido, por ahora, no se ha producido y la Xunta, cambiando la posición que había mantenido durante años y tras detectar algunos incumplimientos normativos en el proceso de depuración, ha iniciado los trámites para revocar el permiso concedido meses atrás. Por ahora. Desde la consellería de Economía, Industria e Innovación confirman que los procesos para retirar la autorización están en marcha, sin dar más detalles. También aseguran ser conscientes y respetar las reivindicaciones ciudadanas, aunque recalcan que deben velar por el interés público.

“Las cuatro cofradías de la ría, los mariscadores y muchos ayuntamientos y empresas estamos unidos en esto. Nos hemos manifestado, hemos emprendido acciones legales, hemos concienciado. Pero nadie de la Xunta ha estado con nosotros, de nuestro lado, durante todo este tiempo”, señala Rogelio Santos, marinero y presidente de Plademar, una plataforma creada en 2016 para defender el medioambiente y la ría de Muros-Noia.

“Es vergonzoso. Como en el caso de los pellets del Toconao, demuestran que no les importa la gente del mar, solo les importa el relato. Siguen repitiendo eso de que el marisco y el pescado son seguros. Claro que son seguros, se analizan constantemente para que no supongan peligro para el consumidor. Pero los vertidos de metales pesados de San Finx los debilitan, los hacen más vulnerables a enfermedades y reducen su fertilidad”, añade Santos. Porque más allá del debate sobre el vaciado de las galerías de la mina, lo cierto es que el vertido de agua contaminada al entorno de San Finx ha sido constante a lo largo de los años.

Más allá del vaciado de la mina: los riesgos de San Finx

Riesgo número 1. En 1939, en pleno boom de la extracción de wolframio para la industria armamentística europea, en San Finx se construyó una presa de hormigón para contener agua y lodos de la mina. Con 14 metros de altura y 50 de ancho, esta presa no ha sido reparada desde entonces y tiene un riesgo enorme de colapso. Hoy nadie se hace responsable, ya que la balsa quedó fuera del proyecto de reapertura de la mina en 2009.

Riesgo número 2. El agua que entra en la mina hacia el interior de la montaña se desaloja cargada de metales pesados por una galería excavada a la altura de la planta cuarta. “Hablamos de una media de 50.000 litros por hora que salen 24 horas al día y todos los días del año. Y por ahora no se ha tomado ninguna acción para remediarlo”, explica Joám Evans.

Riesgo número 3. Después está toda el agua acumulada en los ocho niveles de la mina por debajo de la cuarta planta. La propia autorización inicial de la Xunta reconocía la existencia de casi 1.000 millones de litros de agua contaminada.

Riesgo número 4. Por último, están las antiguas escombreras, montañas de materiales de desecho de la mina que están acumulados al aire libre. Cuando llueve, el agua filtra contaminantes a los ríos y de ahí, al mar.

“Los metales con mayor presencia son cadmio, cobre y zinc, aunque puntualmente también aparece mercurio”, señala Evans. “Los niveles de los tres primeros siempre están por encima de lo permitido. En las últimas analíticas que hicimos, en octubre, el nivel de cadmio multiplicaba por 100 el máximo permitido». La contaminación se ha detectado en los alrededores de la mina, pero también aguas abajo. Lo que no está demostrado al 100% es que haya llegado a la ría, aunque existen indicios de que sí.

El agua que pasa por San Finx acaba en el estuario del río Traba, en el entorno de Noia, una zona en la que no se puede mariscar por los elevados niveles de contaminación. Nunca se ha estudiado en detalle el origen de esos contaminantes, pero un estudio del CSIC publicado en 2013 señaló la relación de la presencia excesiva de cobre en las rías gallegas con las actividades humanas. Y otro dirigido desde el Centro de Investigación Mariña de la Universidade de Vigo en 2020, que analizaba los estratos de sedimentos de la ría de Muros-Noia, detectó un pico de contaminación por metales en el estuario coincidiendo con el inicio de la actividad minera industrial a finales del siglo XIX. Desde 1990, los niveles parecen haber empezado a descender.

“Lo que queremos es que la ría vaya a mejor, no a peor. Reclamamos que no se autoricen los vertidos, que se cierre la mina y se selle de forma adecuada, que se elimine el peligro de las escombreras y de la presa, que está a punto de reventar, y que se rehabilite el entorno”, recalca Rogelio Santos. “Queremos que San Finx deje de ser un problema en el presente y en el futuro, y queremos que las administraciones defiendan de una vez por todas los intereses de la gente marinera y mariscadora, y de la población en general”.

Juicios y manifestaciones: ¿cómo está la situación?

Pendientes de si la Xunta revoca o no el permiso de vertido de la mina, con muchas preguntas sin respuesta sobre la nueva propiedad de San Finx, soportando las presiones de la empresa y con varios procesos judiciales abiertos. Así vive buena parte de la población de la ría de Muros-Noia, organizada en varias asociaciones que desde principios del año pasado muestran un frente unido en la Plataforma comarcal contra los vertidos de San Finx.

“Todo el mundo sabe quiénes somos, dónde vivimos y a qué nos dedicamos, pero de la empresa no tenemos ni idea de nada. Eso sí, imaginamos que se están moviendo por detrás con el objetivo de que se autoricen sus planes”, añade Santos, también portavoz de la plataforma comarcal, que reúne a las cuatro cofradías de pescadores de la ría (Porto do Son, Portosín, Muros y Noia), a la agrupación de mariscadores a pie de Noia, a Plademar y a varias empresas. También cuenta con el apoyo de varios partidos, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) o el PSOE, aunque la plataforma está abierta a todo el mundo.

El pasado 5 de julio, un grupo local de Ecologistas en Acción taponó de forma simbólica una tubería de vertidos de la mina durante pocos segundos. A los dos meses, recibieron la citación del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid por una denuncia de Tungsten San Finx. No era la primera vez que la empresa intentaba presionar a los ecologistas por la vía legal. De hecho, a finales de diciembre, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, envió una carta a la empresa y al Gobierno de España señalando el uso abusivo de denuncias por parte de Tungsten San Finx para intimidar a los miembros de Ecologistas en Acción.

La parte legal se mueve también en sentido opuesto. Existen varios procedimientos en marcha en los juzgados de Santiago (en primer lugar, contra los funcionarios que autorizaron la reapertura de la mina, una investigación en la que se ha visto implicado el ex director general de Minas durante el gobierno autonómico de Núñez Feijóo, Ángel Bernardo Tahoces) y de Noia (en el que la empresa está imputada por un supuesto delito contra el medioambiente). “Hay varios frentes, pero hemos visto, sistemáticamente, cómo se han dejado caducar los plazos de instrucción de otros procesos, impidiendo que se haga justicia», subraya Joám Evans.

El caso de San Finx está lejos de solucionarse. Pero poco a poco, con las presiones sociales, las protestas y las causas legales, el relato dominante ha ido cambiando. “Últimamente tenemos la impresión de que la posición de las autoridades está empezando a cambiar, a ponerse más de nuestro lado”, dice Rogelio Santos. “Aunque puede que no sea nada más que una impresión”.

“Los hechos nos han dado la razón y los vertidos siguen produciéndose”, concluye Evans. “Creo que la posición de la Xunta, revocando ahora el permiso del vertido, tiene que ver más con una lógica electoralista y con el riesgo de que existan consecuencias penales que con nuestras demandas y con los argumentos científicos que llevamos presentando muchos años. O quizá se han dado cuenta de que la empresa lleva tomándoles el pelo más de una década».