Las posibilidades de que haya justicia climática crecen. Porque también lo está haciendo el número de litigios climáticos que buscan responsabilizar a los gobiernos y a las empresas. Solo en 2023, hubo al menos 230 nuevos casos climáticos e incluso, por primera vez, se registraron en otros países como Panamá y Portugal.
En total, existen 2.666 litigios climáticos en 55 países diferentes, según el recuento publicado este jueves del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la Escuela de Economía de Ciencias Políticas de Londres.
Estados Unidos posee el mayor número de casos, con 1.745 en total y 129 nuevos en 2023. Detrás de él van Reino Unido (139 en total, 24 en 2023), Brasil (82 en total, 10 en 2023), y Alemania (60 en total y 7 en el último año). Aunque hay diferencias sobre el demandado: mientras que el 40% de los casos fuera de Estados Unidos se impusieron contra empresas, en EE.UU. solo el 15% de los casos se referían a compañías.
Además, la búsqueda de justicia climática ya no es exclusiva del norte global: los litigios presentados en países del sur global representan un 8% de la totalidad, con más de 200 casos en proceso. A pesar de que el número de casos creció a un ritmo menor el año pasado que en 2022, esto “puede sugerir una consolidación y concentración de los esfuerzos de litigación estratégica en áreas que se prevé que tengan un gran impacto”.
Solo el 5% de los casos relacionados con el clima se han presentado ante cortes y tribunales internacionales y regionales, pero muchos de ellos “tienen un gran potencial para influir en los procedimientos nacionales“, según el análisis. El estudio pone el ejemplo del caso de las KlimaSeniorinnen (Señoras del Clima) contra Suiza, acusada por poner peligro sus vidas por inacción climática. En abril de 2024, se produjo un hito cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de la demanda presentada por este grupo de mujeres suizas.
De hecho, según el equipo investigador encargado del estudio, casos como este reflejan una tendencia creciente en el uso de argumentos de derechos humanos en casos climáticos. También se observa un aumento de los litigios climáticos centrados en la mala gestión de la respuesta dada ante un desastre y su posterior reconstrucción.
Asimismo, los casos contra la inacción de las compañías también continúan presentándose, con unos 230 casos de este tipo identificados desde 2015 –Acuerdo de París– hasta la fecha. Dos tercios de ellos se iniciaron a partir de 2020.
En 2023, se presentaron 47 casos de “blanqueo climático”, en los que se acusa a empresas de falsear sus avances hacia los objetivos medioambientales. Hay 140 registrados en total desde 2016. Más del 70% de los concluidos (77), se han resuelto a favor de los demandantes (54).
Actualmente, también existen más de 30 casos en todo el mundo del tipo “quien contamina paga“, que pretenden responsabilizar a las empresas de los daños relacionados con el clima supuestamente causados por su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero.
El análisis introduce en esta edición una nueva categoría de casos de “riesgo de transición“, que incluye casos presentados contra directores y ejecutivos de empresas por su gestión de los riesgos climáticos.
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El choque entre el Norte y algunos países del Sur global pone en peligro el cumplimiento del Acuerdo de París en Bonn.
Los países del Norte global se han negado a dar una cifra o incluso valorar las propuestas del nuevo objetivo de financiación climática global que se tiene que aprobar en Bakú.
Las potencias petroleras se niegan a avanzar en el programa de mitigación y cumplir con la necesidad de “transicionar fuera” de los fósiles acordada en Dubái.
Ecologistas en Acción se ha sumado a las acciones y manifestaciones tanto en el espacio de las negociaciones como en el campamento climático, celebrado para unirse al grito de la sociedad civil mundial exigiendo justicia climática y el fin del genocidio en Gaza.
Continúan las falsas soluciones
Ecologistas en Acción vuelve a mostrar su rechazo a los mecanismos de desarrollo limpio y los mercados de carbono que siguen debatiéndose bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Estos mecanismos no solo son una trampa para el clima, ya que permiten ocultar el exceso de emisiones de empresas y países, sino que suponen en muchos casos la ocupación de tierras de pueblos originarios y el incremento de las presiones sobre importantes territorios y ecosistemas que actúan como sumideros del carbono.
La organización ecologista señala asimismo que siguen persistiendo los intentos de las grandes empresas petroleras y agroindustriales de usar este espacio para realizar un lavado verde, como ya lo hizo la industria nuclear en Dubai. Unas estratagemas que encuentran y seguirán encontrando un enorme rechazo de la sociedad civil, que denuncia que no pueden ser parte de la solución las empresas y el sistema que ha llevado a la emergencia climática actual.
https://www.ecologistasenaccion.org/319160/el-choque-entre-el-norte-y-algunos-paises-del-sur-global-pone-en-peligro-el-cumplimiento-del-acuerdo-de-paris-en-bonn/
Madrid a su bola, como siempre, y a éso le llama la asna Ayuso, que se sabe bien protegida, de ahí su desvergonzado e ignorante desparpajo, la libertad.
Recurren la Estrategia de Energía, Clima y Aire de Madrid, por omitir el ozono.
La Comunidad de Madrid incumple desde 2010 los objetivos legales de calidad del aire de este contaminante, sin actuación administrativa alguna para reducirlo.
Ecologistas en Acción pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligue al Gobierno de Ayuso a aprobar sin más dilación el obligado plan autonómico de ozono.
Ecologistas en Acción ha demandado hoy a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia por omitir en su Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030, aprobada el pasado 29 de diciembre, el preceptivo Plan de mejora Ecologistas en Acción pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligue al Gobierno de Ayuso a aprobar sin más dilación el obligado plan autonómico de ozono.de la calidad del aire por ozono troposférico, que permita reducir los elevadísimos niveles de este contaminante que soportan la población y el medio ambiente madrileños desde hace más de una década.
Dicha Estrategia, publicada en el BOCM de 15 de enero de 2024, posterga sine die la elaboración y aprobación del necesario Plan para combatir la contaminación por ozono en la Comunidad, hasta “cuando se disponga de conclusiones consistentes sobre la sensibilidad a las reducciones de emisiones de los principales precursores del ozono troposférico para las principales fuentes (a priori tráfico y uso de disolventes)”.
Hay que recordar que los vigentes objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación establecidos por la normativa europea y española para el ozono entraron en vigor el 1 de enero de 2010, y desde entonces se incumplen sistemáticamente en las siete zonas de calidad del aire en que se divide la Comunidad de Madrid, incluida la capital.
Al día de hoy, cuando ni siquiera ha comenzado el verano, estación que por su elevada radiación solar es la que registra episodios más elevados y persistentes de ozono, 16 de los 41 medidores de este contaminante de que disponen el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ya han superado el valor objetivo para la protección de la salud en más de los 25 días permitidos en la actualidad, en el promedio anual del trienio 2022-2024, y otros 14 medidores han rebasado dicho valor objetivo en más de los 18 días permitidos para 2030.
Hay que recordar que el ozono ocasiona en España en torno a 2.500 muertes prematuras cada año, 400 de ellas en la Comunidad de Madrid, según la Agencia Europea de Medio Ambiente y un reciente estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona. El coste económico de la atención sanitaria y las bajas laborales asociadas a la contaminación por ozono alcanza en España 5.000 millones de euros cada año, según el Banco Mundial.
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.