Inés Díez (Greenpeace): «España tiene que tomar nota de la sentencia del TEDH. Necesitamos más ambición»

Inés Díez es la responsable del área jurídica de Greenpeace, una de las tantas organizaciones que han apoyado y arropado al grupo de mujeres mayores suizas en su histórica gesta: lograr que, por primera vez, un tribunal internacional condene a un Estado por su inacción climática.

La abogada, especialista en materia de Derechos Humanos –trabajó muchos años en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado– recibe en su despacho a Climática para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): su jurisprudencia, las notas que debe tomar el Gobierno de España, la necesidad de empezar a litigar contra las empresas fósiles, la revalorización del activismo jurídico por el clima, y la potencia simbólica del triunfo de David (un grupo de mujeres en edad de jubilación) contra Goliat (el Estado suizo).   

La palabra «histórica» se transforma en «delirio» cuando la charla vira hacia la represión judicial que en España están sufriendo ecologistas, científicos y activistas. Admite que es probable que, como está pasando en Reino Unido o en Alemania, pronto tengamos una condena de prisión efectiva (el filósofo Jorge Reichman ha contado que ya tiene «literatura penitenciaria» preparada ante la posibilidad de tener que pasar una temporada en la cárcel) por acciones no violentas contra el cambio climático. 

¿Por qué la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es histórica? 

La magnitud de la sentencia es que se reconoce por primera vez la falta de acción de un Estado en la lucha contra el cambio climático. Esta falta de acción produce una violación en los derechos de las personas. En este caso, se vincula con dos derechos concretos, la salud y el derecho a la intimidad familiar. Por primera vez, tenemos un Tribunal que le dice a un Estado: «Oiga, su falta de acción en materia climática está violando los derechos de los ciudadanos”. Las demandantes relatan en detalle cómo sus vidas han cambiado por consecuencia del calor extremo, cómo se han visto obligadas a no poder salir de sus casas durante todo el día, a no poder tener relaciones sociales con sus familiares, a no poder hacer ninguna tarea doméstica. Esto se puede extrapolar y cualquier persona que sufra como consecuencia del cambio climático por culpa de la falta de acción y ambición de los Estados puede presentar una reclamación y acabar en el Tribunal Europeo. 

La jurisprudencia es oro, entiendo.

Exacto. Todo lo que emana del Tribunal Europeo forma parte del derecho interno. Este convenio está ratificado por España, por lo tanto todo lo que recoge forma parte de nuestro derecho interno y tiene que ser aplicado por los tribunales nacionales. Ya no se pueden desentender diciendo que la jurisprudencia corresponde a tribunales extranjeros, como en la sentencia del Tribunal Supremo en nuestra demanda, que nos decía que el caso Urgenda (el Tribunal Supremo holandés condenó en 2019 al Estado por no reducir las emisiones de gases invernadero) no tenía vinculación con España por ser una sentencia de un tribunal extranjero. Esto ahora cambia. 

En declaraciones públicas, la ministra Teresa Ribera ha aclarado que España sí ha cumplido con sus planes de reducción. ¿Tiene que preocupar esta sentencia al Gobierno?

Ribera ha dicho que el Gobierno de Suiza estableció un mecanismo de reducción que no cumplió. En cambio, España estableció un porcentaje de reducción que sí cumplió. Yo no voy a entrar en la discusión de si se ha cumplido o no. Lo que le decíamos es que el porcentaje que se establece no es suficiente porque no vamos a llegar a 2050 con reducción cero, que es el compromiso de los Estados en el Acuerdo de París, por lo que hay que ser más ambiciosos. Reduciendo el 23% en 2030 no vamos a llegar al cero en 2050. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) está en revisión. Hay un segundo PNIEC que todavía hay que mandar a la Comisión Europea para ser ratificado. Por lo tanto, el Gobierno tiene que tomar nota de esta sentencia. Hay que reducir con más ambición. Compartimos la celebración de Ribera. Sabemos que la sensibilidad está. Pero repito: necesitamos más ambición del Ejecutivo.

¿Cuántos litigios climáticos hay abiertos contra el Estado español?

Tenemos dos procedimientos. Una aclaración: En España, el derecho medioambiental no figura como un derecho fundamental en la Constitución, se recoge como derecho económico social. Es parte de nuestra lucha que se reconozca como derecho fundamental: nos permitiría acudir al Tribunal Constitucional cada vez que consideremos que se viola el derecho al medio ambiente. Esto no es posible, por lo que hay que vincularlo con otro derecho, como el de la vida o la libertad. La lucha es difícil porque modificar la Constitución es algo complejísimo en este país.

Volviendo a los litigios, en el primero de ellos, exigimos un instrumento de reducción de emisiones, algo que el Gobierno presentó y aprobó el PNIEC cuando el procedimiento estaba ya presentado en los tribunales. Luego se presentó un recurso contra ese PNIEC en el que las organizaciones le decíamos al Gobierno que faltaba ambición y que había que reducir un porcentaje mayor de emisiones. Este recurso se desestimó en julio del año pasado por el Tribunal Supremo. Pedimos una aclaración de la sentencia porque el Tribunal no se pronunciaba sobre uno de los extremos más importantes, la violación de derechos en la sentencia. Estamos a la espera de una pronunciación para poder seguir con el recurso.

¿La posibilidad de llevar a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos depende de esta revisión del PNIEC o son dos caminos paralelos?

Son paralelos. Primero necesitamos terminar con el primer PNIEC en el Tribunal Constitucional, la última instancia que nos quedaría en territorio español, para poder presentar el caso ante el TEDH. Y luego hay que ver qué pasa con el segundo PNIEC, con la versión definitiva.

¿Ve como una posibilidad que el Gobierno de España tenga que responder por su falta de ambición ante el TEDH?

Sí, es una posibilidad. Si el Tribunal Constitucional no nos diera la razón, llevaríamos el caso a Europa. Y si se aplicara la misma doctrina que el caso de las abuelas suizas podríamos acabar con otra sentencia condenatoria.

Estamos hablando entonces de que casi todos los gobiernos europeos podrían ser condenados.

Exactamente. Por eso el caso de los chicos portugueses era muy interesante. Se trataba de una demanda contra 33 Estados. Una condena hubiese sacudido aún más el tablero. Se trató de un error de forma, no de fondo. Nos llamó mucho la atención que el Tribunal admitiera la demanda, que hubiese pasado ese primer filtro. El Tribunal no llegó a indagar en el fondo porque no se agotó la vía interna. Teníamos muchísima expectación con este caso porque España estaba como país demandado. Nos faltó esta victoria completa. Lo bueno es que el Tribunal no se ha pronunciado en contra, no ha dicho que no había violación a los derechos de los demandantes. Lamentablemente este caso ya está cerrado. 

Pensando en los efectos de contagio: ¿Cuán importante es el mensaje de que un grupo de mujeres mayores, simples ciudadanas de a pie, haya logrado esta victoria judicial?

Que unas señoras se hayan organizado y luchado durante ocho años por el reconocimiento de sus derechos y por la protección de las generaciones futuras es un mensaje muy conmovedor. Hay algunas de estas señoras que se han quedado por el camino esperando un fallo como el del martes. La gesta es de una grandeza difícil de describir. Desde Greenpeace las hemos acompañado en todo el proceso. Un grupo estuvo en las oficinas de Madrid en 2022. En algún punto sentimos la victoria también propia. Hay que entender que si el Tribunal hubiese fallado en contra, si no se hubiese reconocido esa violación, hubiera sido un palazo. Estamos hablando de un tribunal muy conservador, por lo que tranquilamente podría haber rechazado la demanda. El retroceso en medio de una emergencia climática que tiene cada vez más impactos devastadores hubiese sido un golpe muy duro. Pasó lo contrario y estamos felices.     

Ha mencionado la tendencia conservadora del TEDH. ¿Puede este fallo cambiar el prisma con el que los jueces analizan las demandas climáticas?

Yo creo que los jueces van a tener que replantear sus posturas con este fallo. En nuestro caso, el Tribunal Supremo nos decía que no tenía competencia ni capacidad para decirle al Gobierno en cuánto tenía que reducir sus emisiones. Hay una falta de sensibilidad con sentencias de este tipo que va a empezar a cambiar. Tenemos que asumir que el cambio climático es una problemática que nos compete a todos. Y que se nos acaba el tiempo. Esto no es algo que vaya a suceder dentro de 50 años. Los tribunales son alma importantísima porque controlan las acciones de los gobiernos. Ojalá la sentencia también marque un punto de inflexión en este sentido.

¿Sirve la sentencia también para revalorizar a los litigios climáticos como una herramienta clave en esta lucha? 

Los litigios climáticos están creciendo en todo el mundo. La ONU contabiliza 3.000 procedimientos iniciados en materia climática. Empezamos a darnos cuenta de que pleitear contra los Estados en esta materia es muy necesario. En Europa, el caso más famoso es el de Urgenda en los Países Bajos, en el que se condenó al Estado y se le exigió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un instrumento muy potente que va a seguir creciendo en los próximos años. Y ya no solamente contra los Estados. El próximo paso será pelear contra las empresas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas tienen que ser conscientes de que ya no alcanza con prometer a futuro y mientras tanto aquí me quedo. 

¿Por qué el siguiente paso? ¿Por qué hoy en España no hay ningún juicio abierto contra una petrolera o una multinacional fósil?

No es tan sencillo encontrar vías jurídicas. Estamos en ello. Esto es una cuestión de prueba y error. Habrá un momento en que algo funcione. Hay un procedimiento muy reciente de Iberdrola contra Repsol. Es un poderoso contra otro poderoso. Pero de fondo está el greenwashing y una acusación de mentira. No es exactamente lo que nosotros queremos, pero no deja de ser una vía. En esa lucha estamos. Ya hay mucha literatura científica hablando sobre las consecuencias en la salud por el cambio climático, por lo que cada vez habrá más posibilidades de encontrar la responsabilidad entre las actuaciones de las empresas y los daños producidos a personas concretas. Estoy convencida de que antes o después encontraremos la vía. La sentencia del TEDH nos anima.

Tampoco hay litigios contra las administraciones locales. ¿Puede un ciudadano entablar una demanda a un ayuntamiento porque, por ejemplo, le han quitado los carriles bici?

Los grandes instrumentos y las grandes obligaciones son del Gobierno central. Esto no significa que en un momento determinado no podamos acudir a algo regional. Un ejemplo: el hotel El Algarrobico, en Almería. Llevamos 18 años para que el hotel se tire abajo. Algo local se puede convertir en algo nacional. Ese ciudadano que se siente afectado porque le han quitado el carril bici que utilizaba para ir a trabajar tiene, sin dudas, terreno legal para explorar. Los tratados internacionales de Naciones Unidas, sobre todo los de Derechos Humanos, tienen vía para que los ciudadanos puedan acabar presentando reclamaciones ante esta organización que puede obligar a cambios en las legislaciones. Hay bastantes reclamaciones, por ejemplo, en materia de viviendas con pronunciamientos condenando a España en esta materia. Vías hay, otras cosas es que aún no las hayamos explorado. Lo bueno es que para los ciudadanos este tipo de sentencias suponen un balón de oxígeno. Los triunfos movilizan.

Estamos hablando de Justicia y cambio climático, y uno no puede dejar de mencionar la feroz persecución judicial que en España están sufriendo ecologistas, científicos y activistas. El filósofo Jorge Reichman ha admitido que ya tiene «literatura penitenciaria» preparada ante la posibilidad de entrar en prisión. ¿Le sorprende lo que está pasando?

Nos preocupa muchísimo. En la última memoria de la Fiscalía, el borrador incluía a Futuro Vegetal como grupo terrorista. Nos preocupa a nivel colectivo y también a nivel interno. Nos va a afectar esta escalada. Pongo un ejemplo. La modificación de los desórdenes públicos, que se modifica por el tema de Cataluña y la sedición, mete un agravante en el que directamente nos afecta. Seguimos con la Ley Mordaza sin ninguna modificación, lo que permite castigos por el simple hecho de participar en manifestaciones. Hoy es Futuro Vegetal la que está catalogada de «grupo radical». Pero acabaremos todas las organizaciones en el mismo saco. 

¿Cuántos miembros de Greenpeace España tienen causas judiciales abiertas por acciones de protesta?

Justo lo estábamos contando el otro día. Cerca de 120. Tenemos procedimientos con múltiples encausados. Por lo general son expedientes por delitos de desobediencia, desórdenes públicos, coacciones. Tenemos la figura que es la remisión condicional que establece que en la primera condena, si es inferior a dos años, no se ingresa a prisión. El tema es que en una segunda condena, se cumple la primera y la segunda, lo que puede significar un ingreso a prisión. Esto puede pasar y es un verdadero disparate.

Es cuestión de tiempo entonces para que un activista climático sea encerrado en España.

Lamentablemente, sí. Esto ya está sucediendo en Inglaterra, en Alemania. Los ecologistas como los nuevos terroristas, lo que es un delirio. Que las acciones no violentas que intentan poner de manifiesto la emergencia a la que nos enfrentamos acaben con una condena es algo terrible. 

En el programa Carne Cruda, su compañera Lorena Ruiz-Huerta contaba el otro día que la Brigada de Información de la Policía había admitido que, como ya no hay más delitos de «izquierda radical», ahora estaban dedicados al «ecologismo radical».

Otro delirio. Con la reforma del Código Penal se introdujo el concepto de grupo criminal. En ningún caso estaba pensado para actuar contra el activismo climático porque no estamos hablando de grupos de personas que se juntan para cometer delitos, que buscan obtener beneficios económicos. Es una figura pensada para la trata de seres humanos, para el blanqueo de capitales, para el narcotráfico. Hoy nos encontramos a activistas climáticos acusados bajo esa figura delictiva. Es brutal. El salto preocupa y asusta.