[20/11] El Gobierno francés tiene tres meses para justificar que lucha contra la crisis climática

El Consejo de Estado francés, la máxima instancia administrativa del país, ha dado tres meses al Gobierno para que este “justifique que puede respetar el camino de reducción de emisiones para 2030” antes de dictar sentencia por su “inacción climática”. Esta decisión, presentada este jueves, es inédita hasta la fecha y supone “un antes y un después en el litigio climático”, según explica a Le Monde la directora de investigación del Instituto de Ciencias Jurídicas y Filosóficas de la Sorbona, Marta Torre-Schaub.

El Gobierno francés ha fijado su reducción de emisiones en un 40% para 2030. Sin embargo, según apunta ahora la justicia francesa, “en los últimos años ha superado los techos de emisiones que se había fijado”, motivo por el cual pone en duda que el país pueda llegar a los objetivos que establece el Acuerdo de París y que Francia se ha comprometido a cumplir.

Esta sentencia del Consejo de Estado viene precedida por el recurso de apelación que presentó la ciudad de Grand-Synthe –en riesgo por la subida del nivel del mar provocada por el calentamiento global– en enero de 2019. Su exalcalde y ahora eurodiputado de Los Verdes, Damien Carême, obtuvo la negativa del Gobierno a tomar medidas adicionales. Sin embargo, ahora el Gobierno francés no tendrá más remedio que rendir cuentas.

Para la organización francesa de protección medioambiental y solidaridad internacional L’Affaire du Siècle, esta decisión “antepone al Estado sus responsabilidades al considerar que los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero marcados por ley son vinculantes”.

En España, la justicia climática también se está abriendo paso: en septiembre, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el primer litigio climático contra el Gobierno español y su falta de acción frente a la crisis climática.

El Gobierno eliminará de los PGE la subida al diésel
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha alcanzando este viernes un acuerdo con el Gobierno para un paquete de enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Entre las medidas está la retirada del impuesto al diésel, tal y como han confirmado a Climática fuentes del Ministerio de Hacienda.

Según informa La Vanguardia, el portavoz del PNV, Aitor Esteban ha declarado que hay que avanzar en la transición energética, pero no es oportuno en un momento en el que “la industria está sometida a una tremenda presión” y medidas como esta pueden “costar muchos puestos de trabajo”. También ha añadido que “en un momento de crisis, poner dificultades a la industria del automóvil no conduce a nada”.

El borrador de los PGE presentado en un principio no contemplaba un nuevo impuesto al diésel, sino que se pretendía reducir la bonificación fiscal de este en 3,8 céntimos de euro por cada litro, por lo que el gravamen estatal pasaría de los 30,7 céntimos por litro actuales a los 34,5. La medida se basa en las recomendaciones que diversos organismos internacionales han hecho en favor de una transición ecológica.

Joe Biden contará en su administración con un congresista vinculado a la industria de los combustibles fósiles
El congresista de Luisiana Cedric Richmond asumirá un alto cargo en la administración de Biden, una decisión que los grupos activistas por el clima y defensores del medio ambiente no han visto con buenos ojos.

Richmond asumirá el papel de asesor principal del presidente electo y se convertirá en director de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, tras haber tenido un papel muy activo durante la campaña presidencial. A pesar de haber defendido la justicia racial y la reforma laboral, sus vínculos con la industria del gas y el petróleo han hecho que los activistas por el clima convoquen la primera protesta climática contra Biden para “presionar” al presidente electo en estos términos.

Una investigación realizada por The Guardian el año pasado reveló las donaciones que hizo como congresista a la industria del petróleo y el gas mientras representaba a zonas que registran una alta contaminación, como Reserve, Nueva Orleans y Baton Rouge –una zona conocida como Cancer Alley, por los numerosos casos de cáncer que registra en relación con las emisiones que provienen de las numerosas plantas industriales que alberga–. The Guardian