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En 2020, al menos 227 personas fueron asesinadas por defender sus hogares, la tierra y los ecosistemas vitales para la biodiversidad y el clima. Un promedio de más de cuatro personas por semana, tal y como constata el último informe de Global Witness. Se trata de una cifra récord. Detrás de estos episodios violentos hay empresas que buscan incrementar su modelo de negocio por encima de los derechos humanos.
Estos ataques letales, no obstante, tienen detrás aún más acciones: intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización son las otras formas de violencia que sufren constantemente las personas que solo tratan de defender la naturaleza y el medio ambiente.
«Al igual que los impactos de la crisis climática en sí, los impactos de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no se sienten de manera uniforme en todo el mundo. El Sur Global está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes», denuncia la organización. Y es que, durante el año pasado, salvo uno, todos los asesinatos tuvieron lugar fuera de América del Norte, Europa y Oceanía. Así, más de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo tres países: Colombia, México y Filipinas.
Colombia es, por segundo año consecutivo, el país que registra mayor número de asesinatos, con 65 defensores de la tierra y el medio ambiente a los que se les arrebató la vida. «Estos tuvieron lugar en el contexto de ataques generalizados contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país, a pesar de las esperanzas del acuerdo de paz de 2016», apunta el informe. En este contexto, los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados, y la pandemia de la COVID-19 solo sirvió para empeorar la situación. «Los cierres oficiales llevaron a que los defensores fueran atacados en sus hogares y se recortaron las medidas de protección del gobierno», denuncia Global Witness.
Las personas asesinadas, sin justicia
En el caso de México, se han documentado un total de 30 ataques letales, lo que supone un 67% más con respecto a 2019. En cuanto a los motivos, la tala estuvo vinculada a casi un tercio de estas muertes, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas. Y un dato a tener en cuenta: hasta un 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal, resalta la ONG.
Respecto a Filipinas, más de la mitad de los ataques letales estaban directamente relacionados con la oposición de los defensores a los proyectos de minería, tala y represas. Además, denuncian que desde que llegó al cargo –en 2016– el actual presidente, Rodrigo Duterte, y hasta 2020, un total de 166 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas. «Un aumento impactante para un país que ya era un lugar peligroso para defender el medio ambiente», resaltan los autores.
Destaca también el hecho de que un 70% de los ataques fueron contra personas que defendían los bosques del mundo de la deforestación y el desarrollo industrial. En Brasil y Perú, por ejemplo, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en la región amazónica de cada país. Asimismo, el 30% restante de los ataques estaban relacionados con la explotación de recursos (tala, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.
A lo largo del último año no ha cesado la brutalidad contra los pueblos indígenas. Más de un tercio de todos los ataques fatales fueron contra ellos, a pesar de que las comunidades indígenas representan solo el 5% de la población mundial. En este sentido, destaca el hecho de que los pueblos indígenas fueron el objetivo de cinco de los siete asesinatos en masa registrados en 2020.
Finalmente, Global Witness señala un hecho que se repitió el año pasado: casi 9 de cada 10 víctimas de ataques letales eran hombres. No obstante, inciden, las mujeres que actúan y alzan la voz también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. «Las mujeres a menudo tienen un desafío doble: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades y familias», añaden.
«A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta», insiste Global Witness. Por todo esto, consideran que «una acción climática significativa requiere proteger a los defensores y viceversa. Sin un cambio significativo, es probable que esta situación empeore». Y apelan a los gobiernos, organizaciones y empresas para lograr esa transformación.