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El primer ministro de Australia, el conservador Scott Morrison, ha prometido gastar 1.000 millones de dólares australianos en los próximos nueve años para rehabilitar la Gran Barrera de Coral. La maniobra tiene como objeto impedir que la Unesco excluya al arrecife, gravemente afectado por el calentamiento global, de su lista del Patrimonio Mundial. El dinero se usará para mejorar la calidad del agua, conservar el hábitat de la Gran Barrera e impedir la pesca ilegal.
Firme partidario de seguir usando el carbón (una de las principales riquezas de Australia) como fuente de energía, Morrison ha adoptado esta decisión pensando en el negocio del turismo tanto como en el propio ecosistema marino. «Apoyamos la salud del arrecife y el futuro económico de los operadores turísticos, de los hoteles y de las comunidades de Queensland, que son quienes están en el corazón de la economía de la Gran Barrera de Coral», aseguró el primer ministro. «64.000 empleos dependen aquí del turismo», añadió poniendo sus cartas bocarriba.
La genuina preocupación por la economía de la zona no es la única razón por la que Morrison ha anunciado esta inversión. Hay otro motivo, puramente electoral, para hacerlo. Las elecciones legislativas se celebrarán el próximo mes de mayo y Morrison, según sus cálculos, necesita el apoyo de los habitantes de Queensland para repetir mandato. «Esto sólo demuestra que el gobierno está desesperado respecto a la Gran Barrera después de décadas de mala gestión», afirmó, por su parte, Terri Butler, candidata laborista a la cartera de Medio Ambiente en los próximos comicios.
Además, la defensa de los combustibles fósiles que siempre ha caracterizado a Morrison le ha puesto en contra a una parte del electorado. Australia ha sido uno de los países más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático. Sus habitantes han sufrido sequías, inundaciones, una subida brutal de las temperaturas y, sobre todo, megaincendios. El que empezó en octubre de 2019 está considerado una tragedia nacional: destruyó 3.000 casas, se cobró la vida de 33 personas y arrasó 24 millones de hectáreas.
Por todo ello, los pleitos climáticos se han multiplicado en el país austral. Los han interpuesto desde niños hasta miembros de las poblaciones autóctonas. Según una encuesta realizada en 2021, el 60% de los australianos y las australianas creen que «el calentamiento global es un problema grave y urgente». Morrison, aun siendo un gran defensor de los intereses mineros, no podía hacer oídos sordos a esta corriente de opinión.
España y su ‘mercadeo’ con la Gran Barrera
El pasado verano, las maniobras diplomáticas australianas para evitar que la Gran Barrera de Coral fuera inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro involucraron directamente a España. El arrecife, a pesar de su evidente deterioro, no está oficialmente declarado en peligro. Para que no le pusieran ese sello fue crucial la participación de la diplomacia española en la Unesco, que logró a cambio el voto de Australia para que el Paseo del Prado y el Buen Retiro, en Madrid, fuera declarado Patrimonio Mundial.
La Gran Barrera de Coral se extiende por la costa australiana a lo largo de 2.600 kilómetros. Su tamaño es similar al de toda Italia y es un ecosistema fundamental para la vida de muchas especies. De los corales depende el 25% de toda la flora y la fauna marinas en el mundo. Su deterioro, además de contribuir a una pérdida dramática de la biodiversidad, actúa como alarma para el ser humano: los océanos producen y filtran la mitad del oxígeno que respiramos.
Los ecologistas creen que todos los esfuerzos por conservar el gran arrecife australiano serán infructuosos si no se ataca la primera de las causas de su degradación: la quema de combustibles fósiles. Son estos los que han aumentado la temperatura del agua y los que han propiciado el blanqueamiento y la muerte de los corales. Pero ese es un paso que, por intereses económicos, Scott Morrison aún no está dispuesto a dar.
Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de carbón y junto con China e India fue uno de los países que maniobró con más vigor en la pasada COP26 para evitar que se le pusiera una fecha de caducidad a la energía generada con carbón. Tras muchos esfuerzos, consiguieron rebajar sensiblemente ese plan inicial y que se hablara sólo de «una reducción gradual». Morrison trató entonces de tranquilizar a una parte de su electorado: «No creo que la energía producida por carbón esté herida de muerte. Y quiero decirles algo a todos los trabajadores de esa industria en Australia: vais a seguir trabajando en ella durante décadas».
El reciente vertido de crudo ocasionado por Repsol en las costas de Ventanilla, en Perú, está provocando uno de los peores desastres ecológicos en la historia reciente del país.
El derrame ha dañado la vida animal y vegetal en, al menos, 18.000 km2 de costa, afectando a amplias zonas protegidas que albergan colonias de cría de aves marinas únicas en el mundo.
Una autentica catástrofe que debería haberse evitado y que tampoco obtuvo una respuesta inmediata por parte de Repsol. Ahora, sus responsables deben actuar con la máxima urgencia para atajar sus nefastas consecuencias.
Firma para exigir al Presidente de Repsol, D. Antonio Brufau, y a su Consejero Delegado, D. Josu Jon Imaz, una respuesta inmediata.
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