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El Mediterráneo tiene una amenaza navegando en sus aguas. No es nueva, pero sí se ha fortalecido tras la pandemia, cuando el turismo disminuyó por el cierre de fronteras. Se trata de los cruceros y los perjuicios que transportan estas grandes embarcaciones: la mayor contaminación por persona y kilómetro en el sector del transporte, problemas de movilidad, masificación del espacio urbano, expulsión de la población…
Estas son algunas de las consecuencias que denuncia la plataforma StopCreuers, una alianza de organizaciones unidas para protestar contra el aumento de la llegada de cruceros en los puertos de Barcelona, donde se espera que desembarquen más de 80 barcos solo en el mes de abril y unos 800 cruceros durante todo este 2023, y Tarragona, donde llegarán 55 barcos con alrededor de 98.000 turistas desde el inicio de la temporada en mayo hasta finales de año.
La ciudad condal, por su parte, junto con Palma y Venecia, es una de las ciudades de Europa más expuestas a la contaminación atmosférica que provocan los cruceros, y la Generalitat está haciendo poco para evitarlo: solo está en trámite un impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos que se empezaría a aplicar este año y sería totalmente efectivo en 2026.
«El auge del turismo de cruceros en el Mediterráneo coincide con la manifestación evidente de una crisis múltiple: climática, energética, de recursos y de biodiversidad. No podemos aislar dichas crisis del modelo económico que posibilita, legitima y propugna el turismo de cruceros», defienden desde la asociación. Las organizaciones apuntan a que los cruceros son, además, «una fuente de enorme injusticia climática y ambiental», ya que «el modelo de turismo irracional que representan tiene graves efectos en el sur global y, a la vez, solo es consumido por los sectores más privilegiados de la sociedad, predominantemente del norte global».
StopCreuers se reunió el sábado pasado con otras varias organizaciones anticruceros del Mediterráneo. Juntas, han publicado un manifiesto con peticiones orientadas a acabar, de una vez por todas, con la actividad crucerística en la ciudad para 2025 y extender esta prohibición a otras ciudades del Mediterráneo. En él, se denuncia las «falsas soluciones tecnológicas» para atajar el calentamiento y la contaminación provocada por las grandes embarcaciones, como el gas natural licuado o el hidrógeno verde, ejemplos de «estrategias de greenwashing», y la despreocupación de la administración frente a la problemática que desembarca a sus puertos.
En línea con esto, la Generalitat rechazó hace unos días reunirse con el Ayuntamiento de Barcelona para abordar la limitación de llegada de cruceros a los puertos de la ciudad catalana porque ya hay una reunión prevista desde la Autoridad Portuaria de Barcelona para impulsar la creación del Consejo para la Sostenibilidad de los cruceros. En principio, esta cita se dará este miércoles.
Al mismo tiempo, el mismo Ayuntamiento ha duplicado el importe de la tasa turística destinada a los navegantes que estén de paso por la capital. Este impuesto, según un estudio de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), pasará a generar 10,4 millones de euros a lo largo de este año y 11,4 millones en 2024.
StopCreuers, además de reunirse para abordar este tema, ha organizado movilizaciones el 7 de mayo en Barcelona y Tarragona. «En un contexto de escasez y racionamiento de la energía, es urgente y prioritario intervenir sobre los sectores superfluos y altamente consumidores de energía, en especial el de los cruceros, por los altos e inaceptables impactos sociales, ambientales y sanitarios que genera. Nadie entenderá las previsibles restricciones de consumo de energía en el ámbito doméstico si continuamos viendo en los puertos a estos monstruos humeantes y miles de turistas llegando con aviones y consumiendo más energía y recursos locales», concluye la plataforma.