El 5 junio de 2022, el experto indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira y el periodista británico Dom Phillips desaparecieron durante un viaje de investigación por la Amazonia brasileña. El objetivo de la expedición era que Philips hiciera entrevistas a indígenas para exponer las amenazas del territorio frente a la explotación ilegal de pescadores, cazadores y redes criminales.
Tras once días de búsqueda, la policía localizó los cuerpos de ambos escondidos, después de que un pescador furtivo, el primer detenido tras la desaparición, confesara que los habían asesinado. Ellos son dos de las al menos 177 personas asesinadas a lo largo del año pasado.
La ONG Global Witness ha publicado su balance anual de los homicidios cometidos a activistas climáticos, medioambientales y por la defensa de la tierra. Durante 2022, cada dos días una persona murió tratando de proteger el planeta. Principalmente, en América Latina, donde sucedieron el 88% de los asesinatos, sobre todo en el mismo sitio donde acabaron con la vida de Pereira y Philips: la región amazónica.
Allí sucedieron uno de cada cinco homicidios durante el año pasado, 39 en total. Y las comunidades indígenas son las principales víctimas de agresiones con consecuencias mortales: representaron más de un tercio de los asesinatos de 2022, a pesar de que solo constituyen cerca del 5% de la población mundial, tal como recuerda el organismo.
La minería del oro y la explotación forestal son dos de los motivos que llevan a estos trágicos desenlaces. El informe apunta que las violaciones de derechos humanos contra estas comunidades se han relacionado a “empresas con sede en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, al haberse descubierto oro extraído ilegalmente de tierras de los kayapós en las cadenas de suministro de la refinería de metales preciosos italiana Chimet y de la empresa minera Serabi Gold”.
En octubre de 2022, Colombia ratifició un acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar los ataques contra activistas y defensores del clima y la tierra. Pero esto no ha impedido que el país registre el mayor número de asesinatos en 2022 y que casi se duplicaran las cifras respecto al año anterior: de 33 a 60, casi un tercio de todos los asesinatos cometidos a nivel mundial. Le siguen Brasil, con 34 asesinatos; México, con 31; y Honduras, con 14.
Desde el año 2012 son al menos 382 personas las que han muerto en Colombia, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos denunciados en el mundo durante la última década.
Desde que Global Witness empezó el registro, han sido asesinadas 1.912 personas. En comparación al año anterior, la cifra total ha bajado de 200 homicidios a 177. 2020 reúne el mayor número de asesinatos, con 228.
A pesar de la disminución general de asesinatos, la organización alerta de que "cada vez se utilizan más estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales" y "los gobiernos de todo el mundo no investigan adecuadamente estos crímenes, lo que genera impunidad y alimenta nuevos ataques".
"Las personas responsables de ataques mortales contra defensores medioambientales llevan demasiado tiempo saliéndose con la suya. Incluso si no llegan a asesinar a las personas defensoras, ejercen violencia, intimidación y hostigamiento contra ellas en distintas partes del mundo para silenciarlas", dice Shruti Suresh, codirectora interina de campañas de la ONG.
Asimismo, el informe señala que "los nuevos datos sobre asesinatos de personas defensoras no reflejan con exactitud la verdadera magnitud del problema, ya que las cortapisas a la libertad de prensa y la falta de un seguimiento independiente en muchos países —especialmente en África, Asia y Oriente Medio— dificultan la denuncia de estos homicidios".
"Los gobiernos del mundo deben atajar urgentemente los asesinatos sin sentido de quienes defienden nuestro planeta, entre otras cosas protegiendo los ecosistemas más valiosos, que desempeñan un papel fundamental para hacer frente a la emergencia climática", concluye Suresh. "Para acabar con la violencia y la injusticia a las que se enfrenta este tipo de activistas, debemos mancomunar esfuerzos a escala regional, nacional e internacional. Ya se han perdido demasiadas vidas. Y no nos podemos permitir perder más".
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¿Asesinatos sin sentido?
No piensan lo mismo los inductores, los responsables de estos asesinatos, los grandes beneficiarios de los recursos a explotar, a expoliar y dejar en la miseria, territorios ancestrales que defienden y saben cuidar como nadie las Comunidades indígenas.
Solos ante el peligro y abandonados incluso por la inconsciencia de una sociedad que somos beneficiaria de su lucha.