Las aseguradoras tienen un papel fundamental en la reconstrucción de áreas afectadas por los desastres climáticos. Pero también juegan un rol clave al respaldar a aquellos proyectos de carbón, petróleo y gas que acaban impulsando los peores efectos del cambio climático. Por ello, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha instado este jueves a “dejar de asegurar” este tipo actividades, y a su vez apoyar la transición hacia una economía baja en emisiones.
Lo ha hecho este jueves en la presentación del informe El sector asegurador frente a los riesgos climáticos: análisis del caso español. El documento, elaborado por el jurista Quentin Aubineau, señala directamente al Grupo Mapfre –una de las aseguradoras con políticas menos ambiciosas de Europa en materia de carbón– como ejemplo de actividad del mundo de los seguros en el territorio español, si bien el documento apela al sector en su conjunto al recomendar mayor transparencia en sus estrategias, eliminar las excepciones de indemnizar en proyectos vinculados al carbón térmico, desinvertir en compañías de carbón y arenas bituminosas, no asegurar en iniciativas relacionadas con el gas o el petróleo y, en definitiva, alinearse más con las medidas y metas indicadas en el Acuerdo de París.
«Hay que recordar que este Acuerdo pide situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones», citó Aubineau en el webinar del IIDMA, moderado por la abogada Carlota Ruiz-Bautista y en el que también intervino la directora del instituto, Ana Barreira. Al comienzo de su presentación, Barreira ha estimado que el IIDMA lleva «dos años haciendo análisis del sector asegurador y la banca española en relación con el cambio climático». Ya en febrero presentaron otro estudio que analizaba las politicas ambientales y climaticas de los principales bancos de España.
A raíz del informe, resulta evidente que el sector cuenta con grandes pérdidas económicas por fenómenos climáticos como inundaciones o huracanes, muchos de ellos derivados de la propia (in)acción climática de la actividad empresarial, y que se traducen en pérdidas millonarias. El coste ambiental y humano resulta imposible de ponderar. Aun así, en términos económicos, se estima que en 2019 los tifones en Japón supusieran en las aseguradoras un impacto financiero de 106,5 millones de euros, y las DANA que asolaron España en el segundo semestre, unos 23 millones.
El IIDMA cita al Swiss Re Institute cuando da la cifra de 219.000 millones de dólares perdidos entre 2017 y 2018 como consecuencia de catástrofes naturales, «la mayor pérdida nunca registrada en un periodo de dos años». La entidad suiza ha publicado recientemente su última estimación: 83 billones de dólares perdidos globalmente en 2020 debido a desastres climáticos, el quinto peor año desde 1970.
Partiendo de la filosofía base misma que sustenta a una aseguradora, que analiza un riesgo y establece tanto una indemnización como una prima adecuada para cubrirlo, el sector debería ser el primer interesado en que dicho riesgo no tenga lugar, para que como entidad con ánimo de lucro obtenga beneficios. Con los riesgos climáticos, el informe expone, además, la rendija por la que se cuela aquí también la desigualdad: los fenómenos extremos son más propensos a desencadenarse en ciertas zonas por su ubicación geográfica o su vulnerabilidad ambiental.
Frente a esto cabe el riesgo de que se deje de asegurar, por parte de las compañías, o bien de contratar seguros si las primas son demasiado altas, por parte de las personas. En un caso o en otro, la reconstrucción tras un desastre de estas características, mucho más recurrentes dado el avance del cambio climático según los estudios del IPCC y del Fourth National Climate Assessment del USGCRP, sería mucho más ardua.
La tendencia que dicta el cambio climático es de aumento de la frecuencia de estos fenómenos extremos. Por suerte, hay países como España que cuentan con figuras como el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que indemnizan obligatoriamente por ley a toda aquella persona contratante de una póliza ante «acontecimientos extraordinarios».
El problema que emerge es obvio: si cada vez estos fenómenos resultan más recurrentes, difícilmente podrán seguir llamándose ‘extraordinarios’, por lo que la solución evidente que se apunta de cara a un futuro pasa por un cambio de legislación o un aumento generalizado de los seguros.
Francisco Espejo Gil, subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del CCS, señala que si bien «entre un 80% y un 85% de indemnizaciones del consorcio son estragos del cambio climático», no se contempla, pese a la tendencia al alza de fenómenos meteorológicos extremos, «que esté previsto dicho cambio en la legislación».
Al igual que un banco, una aseguradora cuenta con activos financieros vinculados a empresas cuya actividad económica puede verse comprometida, e incluso desaparecer, si no puede readaptarse para enfocar su productividad hacia la descarbonización. Deshacerse de estos activos demasiado tarde supone un riesgo de pérdidas notable para el sector de los seguros, que encuentra aquí otra área en la que reconducirse, aunque sea en una esfera financiera y 100% orientada al sentido práctico de la supervivencia y el beneficio, pero que si sabe anticiparse ayudará, aunque sea colateralmente, a la transición económica global hacia políticas menos contaminantes y más respetuosas con el medio ambiente.
Sobre este tema también ha reservado el webinar una breve mesa redonda entre Espejo Gil; Manuel Gutiérrez Mellado, responsable de negocio institucional en España, Portugal y Andorra del fondo de inversiones Blackrock; Andrea González, subdirectora de la plataforma de encuentro sobre la Inversión Sostenible y Responsable en España Spainsif; e Iñaki Lerga, director de responsabilidad corporativa de AXA.
«Las empresas no financieras deben informar de actividades ambientalmente sostenibles desde el punto de vista económico», ha valorado González, para quien la principal preocupación del sector asegurador ha de ser la «climática». Por su parte, Gutiérrez-Mellado ha apuntado a las «grandes oportunidades de inversión» que desde su fondo encuentran a la transición económica de cero emisiones; y Lerga desde AXA ha subrayado la importancia de «conseguir los objetivos a través de acuerdos y compromisos globales», como la Alianza de Seguros para las Emisiones Netas Cero que se lanzará durante la COP26.
El informe del IIDMA y el webinar se centran específicamente en el caso del grupo MAPFRE, uno de los principales aseguradores españoles al que reconocen ciertos compromisos climáticos, pero identifican también carencias que pueden salvar. «Desde 2018 han sufrido pérdidas económicas de más de 250 millones de euros por catástrofes naturales», apuntó Aubineau. Por ello, «deben fortalecer su resiliencia excluyendo actividades económicas intensivas en carbono de sus productos financieros».
Según una tabla de puntuación de Insure Our Future elaborada en diciembre de 2020 e incluida en el informe del IIDMA, no hay ninguna compañía aseguradora que llegue al aprobado en inversión en gases fósiles, principalmente por su falta de compromiso en materia de gas y petróleo. La más alta, AXA, cuenta con un 4,38, mientras que Mapfre, la primera española, ocupa la decimoquinta posición con 0,63. En desinversión de activos financieros en riesgo, sus puntuaciones son aún peores, con un 4,19 y un 0,47 respectivamente.
El informe reconoce a MAPFRE que sus compromisos ambientales se han vuelto más ambiciosos en diciembre de 2020, y se prevé que la entidad presente este 2021 un Plan de Estabilidad que marcará su hoja de ruta de aquí a los próximos tres años. Sin embargo, dado que en sus actuales condiciones MAPFRE se exime de, por ejemplo, seguir asegurando a nuevas centrales o minas de carbón si estas obtienen más de un 30% de sus ingresos de esta actividad, o dado que aún participa en compañías vinculadas a los combustibles fósiles (también financieramente), el IIDMA le urge a que revise estas incoherencias cuanto antes, a fin de «fortalecer su resiliencia» de cara a los retos y años que están por venir.
Pese a que fueron invitados al encuentro, ningún representante de la aseguradora aceptó asistir al webinar del IIDMA.
El informe concluye con una serie de recomendaciones para las aseguradoras en la que les insta a eliminar de sus pólizas a aquellas compañías de los combustibles fósiles que no adopten políticas de limitación de cara al calentamiento global, y dejar de asegurar nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas. Asimismo, les apremia a restringir sus activos financieros invertidos en compañías que se encuentren en riesgo de desaparecer por no adaptarse a los requisitos legales mínimos para la descarbonización.
«El sector mundial de los seguros y reaseguros puede desempeñar un papel fundamental en la aceleración de la transición hacia una economía resiliente y con cero emisiones netas, en consonancia con el objetivo de 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el cambio climático», valoró Barreira. «Es esencial que las empresas españolas del sector asegurador adopten sin dilación políticas y medidas para ser más resilientes y acelerar la transición».
En el caso específico de MAPFRE, a las recomendaciones arriba consignadas, el IIDMA suma una petición de mayor transparencia en estrategia y medidas desempeñadas para alinearse con los requerimientos de limitación y adaptación fijados por el Acuerdo de Paris, así como no asegurar a compañías de carbón o de arenas bituminosas que no están implementando una política de descarbonización.
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