Juan Pedro Yllanes: “Las islas Baleares no están hechas para soportar a 18 o 19 millones de turistas al año”

Baleares, la primera comunidad autónoma en contar con una ley climática específica, es también el territorio que menor porcentaje de sus presupuestos destina a sus consejerías relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente. El encargado de velar por que se cumpla la normativa que fija un 90% menos de emisiones y un 100% de energías renovables para 2050 es Juan Pedro Yllanes. Juez en excedencia reconvertido a político de la mano de Podemos, es el actual vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

A pesar de que la Ley de Cambio Climático fue aprobada durante el anterior mandato, Yllanes la defiende como si fuese suya. Insiste en que, aunque “es mejorable”, es la mejor herramienta posible para la “lucha eficaz contra el cambio climático”. Con ella quiere “cambiar el modelo de movilidad” a la vez que se reduce “la dependencia que tenemos del coche particular”.

Yllanes también pone especial énfasis en las energías renovables, aunque no han sido pocas las críticas (que respeta pero no comparte) que le han llovido al respecto por parte de organizaciones ecologistas. En cuanto al melón del turismo, no solo cree que el decrecimiento sea una “opción posible, sino que va a ser una opción segura”. Sin embargo, avisa de que este “seguirá siendo necesariamente el principal motor económico de Baleares”.

Ha costado y tardado, pero España está a punto de tener una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aun así, ha sido una norma muy criticada por insuficiente. ¿Qué le parece a usted?

Seguramente podría haber sido algo más sensible hacia territorios en donde los problemas del cambio climático se multiplican, como son los territorios insulares. Nosotros hemos sido enormemente atrevidos a la hora de fijar un horizonte de prohibición de vehículos movidos por combustibles fósiles que, efectivamente, tiene acogida dentro de la ley estatal. Pero quizá desde el minuto uno la ley estatal podría haber hecho la apuesta valiente que hemos hecho desde Baleares. De todas formas, estamos absolutamente convencidos de que al final podremos coordinar la ley estatal con la ley autonómica, que es lo que lo que más nos interesa a nosotros desde el territorio.

¿Considera que Unidas Podemos, como parte del Gobierno de coalición, podría haber peleado por objetivos más ambiciosos? Hay importantes diferencias entre lo que ha pedido en los últimos años y lo que realmente ha terminado siendo.

Siempre hay un mejor objetivo que conseguir, pero la cuestión de estar en un gobierno de coalición, al final, hace que todos los interesados se tengan que poner de acuerdo. Ocurre lo mismo aquí en Baleares, donde también somos un gobierno de coalición en donde hay diferentes sensibilidades, dentro de las cuales hay quienes son más atrevidos a la hora de afrontar los retos que se derivan de la declaración de emergencia climática, pero hay otros partidos que son menos ambiciosos o que son más reticentes a adoptar medidas que en principio pueden provocar contestación por parte de determinados sectores económicos.

Estoy convencido, porque lo sé, de que se ha hecho un esfuerzo importante para que la Ley de Cambio Climático fuese lo más ambiciosa posible. Todavía queda un esfuerzo final que también la puede mejorar, y a partir de ahí tendremos que funcionar con el instrumento legislativo que quede aprobado en el Parlamento.

Baleares es pionera en tener una ley climática que fue gestada y aprobada cuando usted no estaba en el cargo. ¿Tiene margen de mejora?

Como todo producto humano, probablemente es mejorable. Pero estamos orgullosos porque creemos que era un texto legislativo absolutamente imprescindible en una comunidad autónoma en la que los efectos del cambio climático son especialmente importantes. Además, eso nos permitía establecer una serie de políticas relativas a movilidad, energía renovable, reducción de emisiones… que necesitaban ese soporte legal. Sinceramente, creo que es una ley atrevida y ambiciosa, y que diagnostica muy bien cuáles son los problemas derivados del cambio climático en un territorio tan frágil como es un territorio insular, y que ofrece soluciones importantes para afrontar esos retos que se derivan del cambio climático.

¿Cuáles son esas retos a los que se enfrenta Baleares? ¿Dónde hay que poner especial atención?

Tenemos problemas diversos. En primer lugar, una dependencia todavía de centrales térmicas, para las que ya hemos reclamado al Ministerio un cambio de combustible –precisamente, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero–, ya que puede ser nocivo para la salud de los ciudadanos. 

Somos el territorio de la Unión Europea que más coches por habitante tiene. Eso nos obliga necesariamente a ser enormemente ambiciosos en modificar la movilidad con combustibles fósiles por la movilidad eléctrica. Pero no solo eso, sino que también promovemos el achatarramiento; no solo necesitamos cambiar el modelo de movilidad, sino que necesitamos también reducir la dependencia que tenemos del coche particular. Tenemos una ratio de coches por habitante –no por carnet de conducir, sino por habitante– que supera o iguala a Estados Unidos. Yo suelo decir –y no es una broma sino algo perceptible– que cada niño o niña que nace en Baleares viene con un coche debajo del brazo. Hay que acabar con eso. 

Y luego todos los problemas que tenemos derivados de la la protección del territorio y del paisaje. Así como el desarrollo de las energías renovables. Ahí también tenemos que ser especialmente cautelosos porque la sociedad está preocupada por que un territorio tan frágil como el de Baleares sea perfectamente compatible con el desarrollo de energías renovables. De ahí que la ley encaje muy bien en las especificidades que tienen las Islas Baleares.

Se podría decir que ‘lo fácil’ es aprobar la ley y que lo difícil es aplicarla. ¿Qué avances ha habido desde que se aprobó en 2019?

Ya estamos avanzando en la implementación de la ley. La pandemia, lógicamente, ha afectado a todos los sectores económicos y, como no podía ser de otra manera, también al sector de las renovables. Pero lo que sí hemos podido comprobar es que, primero, hay una apuesta muy clara de la sociedad civil por las energías renovables –las líneas de ayudas al autoconsumo son un éxito cada vez que se sacan, al igual que las líneas para fomentar la movilidad eléctrica–. Además, tenemos un instrumento que es muy propio de la Ley de Cambio Climático de Baleares: el Instituto Balear de la Energía, destinado a la lucha contra la pobreza energética, con vocación de ser un comercializador público de energía, enormemente implicado en todo el tema de las comunidades energéticas y que creemos que es el futuro. 

Tenemos también una línea importante de ayudas para la reforma energética de edificios y trabajamos en absoluta sintonía con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde precisamente trabajan quienes fueron los impulsores de la Ley de Cambio Climático de Baleares. Con lo cual, sabemos que hay una sensibilidad especial hacia el territorio. 

Hemos declarado una emergencia climática [en 2019]. No es una declaración simplemente teórica, sino que no hemos puesto manos a la obra y estamos previendo un desarrollo de renovables muy superior en el año 2023 al que teníamos previsto. Se estaba hablando de llegar a un 10% de desarrollo de energías renovables en 2023, y estamos en condiciones de poder llegar hasta un 25%. Eso es estratégico para estas islas porque éramos la comunidad autónoma con menor desarrollo de renovables de todo el Estado. Por lo tanto, se está trabajando en la implementación de la Ley de Cambio Climático y, lógicamente, en el desarrollo de la misma a través de la publicación de sucesivos decretos que se irán haciendo a partir de este mismo momento.

Precisamente, la ley climática balear recoge una serie de plazos que, no obstante, no se han cumplido. Por ejemplo, el plan que detallaría la penetración de las energías renovables y las actuaciones que se deben realizar para el ahorro y eficiencia energética en las Islas Baleares. O los planes territoriales insulares. Para ambos se establecía un plazo de dos años, que se ha superado.

Estamos intentando cumplir los plazos que establece la ley. Es más, insisto, estamos anticipándonos o estamos mejorando las previsiones que teníamos para el desarrollo de la ley. Lógicamente, hay determinadas cuestiones dentro de la ley que sí han podido sufrir algún tipo de retraso. 

En el tema de la movilidad eléctrica es cierto que los particulares han sido más reacios –en un momento de crisis como el que hemos tenido– a la adquisición de vehículo eléctrico. Sin embargo, nosotros hemos seguido aumentando la red de puntos de recarga públicos. Además, hay un compromiso por parte del sector privado para seguir aumentando esos puntos de recarga que permitan mejorar la movilidad en las islas. 

Además, tenemos una apuesta muy evidente con la producción de hidrógeno verde en la planta de Lloseta, que esperemos que sea realidad a finales de este mismo año. Por tanto, creo que se están cumpliendo los plazos de manera razonable y teniendo en cuenta que ha habido, lógicamente, una paralización de la actividad normal a partir de marzo del año pasado. También el desarrollo de la implantación de renovables en Baleares sufrió un parón. Pero estamos dispuestos a recuperar el tiempo durante lo que queda de legislatura.

Ha mencionado el hidrógeno verde, que está muy de moda últimamente. ¿Cuál cree que debe ser su papel?

Para nosotros es estratégico porque la planta de Lloseta ha recibido una ayuda directa de la Unión Europea. Es la primera vez que la UE invierte de esta manera en una isla en el Mediterráneo. Es un proyecto de colaboración público-privada, lo cual es muy importante. Es hidrógeno producido a partir de energía renovable. Además, vinculado a este proyecto, tenemos, en primer lugar, el tema del almacenamiento, que es un tema clave. El hidrógeno es una energía fácil de almacenar frente a la energía eléctrica. En segundo lugar, no queremos limitarnos a la movilidad a través del hidrógeno, sino que también queremos fomentar los usos industriales. Ya hay prevista la creación del primer hidroducto de todo el territorio del Estado, precisamente para aprovechar el hidrógeno verde que se produzca en la planta de Lloseta. Por lo tanto, creemos que es un vector de movilización de la economía de Baleares enormemente importante. Somos absolutamente partidarios. 

Creemos que hay una parte muy importante del transporte, tanto en vehículo privado como en vehículo público, que puede ser solucionado a través de vehículos movidos por hidrógeno. Es más, aquí ya hemos hecho la apuesta y se ha subvencionado la compra de cinco autobuses por parte de la Empresa Municipal de Transportes de Palma para que funcionen con hidrógeno. Y, además, como digo, es clave fomentar los usos industriales y hoteleros, que para nosotros son sectores enormemente importantes en el PIB de Baleares.

Ha habido muchas críticas hacia el Govern por una avalancha de solicitudes de parques fotovoltaicos en suelo rústico. Un ejemplo es el de Son Bonet, en Mallorca. Se les recrimina que prime el interés de grandes grupos inversores en vez de aprovechar la coyuntura para democratizar la energía.

Aquí hay varias cuestiones. La primera, el tema del parque de San Bonet no es un asunto de ocupación de terrenos rústicos, sino que es un espacio que AENA cedió de manera verbal a las poblaciones alrededor del aeródromo de San Moret para que se pudiese utilizar como zona verde. Entonces, como es lógico, hay una respuesta social. En sintonía con esa respuesta social, lo que nosotros hemos hecho es reclamar a AENA que rectifique sobre la planificación de la implantación de energías renovables en este territorio. Así que, evidentemente, ahí estamos en sintonía con los vecinos.

La apuesta del Gobierno de Baleares es por la solarización de parkings, de cubiertas y de zonas urbanas o industriales. Pero para llegar a la soberanía energética completa necesitamos también utilizar una parte del terreno rústico. Aquí tiene que hacerse un trabajo coordinado entre las administraciones: cada Consell insular debe hacer la zonificación para que ocupemos únicamente aquellas zonas de bajo valor agrícola o paisajístico, pero teniendo muy en cuenta que nunca se ocupará más de un 2% del terreno rústico. Y siempre será terreno rústico degradado o de baja calidad. Jamás emplearemos terreno rústico que sea de alta calidad para el sector primario. ¿Por qué? Porque, además, Podemos también ocupa la Consejería de Agricultura y tenemos que combinar las políticas de las dos consejerías. 

Sinceramente, no comparto la preocupación de los movimientos ecologistas. Respeto absolutamente su discurso, pero ya les hemos dicho por activa y por pasiva que hay que seguir fomentando la implantación de renovables en Baleares, que no nos podemos permitir ningún tipo de moratoria porque tenemos un bajo nivel de implantación. Y que vamos a ser enormemente respetuosos, como no puede ser de otra manera, con el terreno rústico.

¿Se plantea que Baleares llegue a ser autosuficiente energéticamente como es el caso de El Hierro?

Tenemos dos islas que son ejemplo paradigmático de poder ser soberanas energéticamente en un plazo muy corto. Una es Menorca, donde se ha hecho un trabajo muy importante en la zonificación por parte de las autoridades del Consell Insular. Además, hay una conciencia social muy importante acerca de la necesidad de que una isla que es Reserva de la Biosfera sea soberana energéticamente y con energía renovable.

También tenemos Formentera, que sí es más comparable por tamaño a la Isla de El Hierro.

Estamos absolutamente convencidos de que al final de la legislatura habremos dado un paso muy importante para llegar a esa soberanía energética, tanto en Formentera como en Menorca, porque el trabajo está ya muy avanzado.

La ley balear tiene como objetivo prohibir la circulación de nuevos vehículos diésel a partir de 2025. La ley estatal es más tardía. ¿Afecta esto de alguna manera a su plan inicial?

Nuestro plan inicial no se moverá ni un milímetro. Entre otras cosas, porque llegamos a un acuerdo con el Estado por el cual, para resolver un conflicto de competencia y que no sufriese ninguna merma la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Baleares, reconocíamos la competencia del Estado a la hora de regular la prohibición de circulación de vehículos movidos por combustibles fósiles. Pero, de la misma manera, lo que hacíamos era pedirle al Estado –que así lo ha recogido en la ley– que las comunidades insulares pudiesen tener un trato diferenciado a la hora de establecer esos límites.

Por tanto, en nuestro artículo, la disposición adicional de la Ley de Cambio Climática que establece la prohibición de circulación de vehículos diésel en el 2025 y la circulación de nuevos vehículos movidos por cualquier combustible fósil en 2035 sigue estando vigente.

Estoy seguro de que el Estado va a ser consciente de que de aquí a poco tiempo es posible que haya que reformar la ley para acortar los plazos de prohibición de los vehículos que circulan con energía fósiles, porque nos daremos cuenta de que no podemos esperar a 2040 ni muchísimo menos.

Hay empresas importantísimas de fabricación de vehículos, por ejemplo Volvo, que han dicho que en el año 2030 no volverán a fabricar un vehículo movido por combustibles fósiles. 2030 es pasado mañana. Eso demuestra que los horizontes de prohibición de circulación de vehículos movidos por combustibles fósiles que contempla la Ley de Cambio Climático Balear son absolutamente rigurosos y se ajustan a todos los acuerdo sobre cambio climático –París, las políticas de la Unión Europea–. Estamos en sintonía con aquellos países que están más avanzados. Por tanto, los horizontes que establecimos en la Ley de Cambio Climático son absolutamente realistas.

La mayor parte de las emisiones de las islas viene del transporte rodado. En la ley balear se le da un mayor protagonismo al vehículo eléctrico frente a otros modelos de movilidad colectiva. ¿Cómo plantean el futuro de la movilidad en las islas?

Lo primero que queremos hacer, porque es absolutamente necesario para poder mantener este compromiso de lucha eficaz contra el cambio climático, es reducir el parque móvil de las islas. No nos sirve exclusivamente que el parque móvil se reforme de vehículos movidos por combustibles fósiles a vehículos eléctricos, sino que hay que reducir la dependencia del vehículo privado y favorecer el transporte colectivo.

No renunciamos, por supuestísimo que no, a que pueda seguir habiendo desarrollo ferroviario en Baleares. Y también no se nos puede olvidar que somos una comunidad insular y que, por lo tanto, el transporte marítimo es importante y hay que hacer una apuesta muy clara por mejorar el uso de energías limpias en el transporte marítimo. Hemos tenido la noticia de que Balearia ha incorporado un buque movido por gas natural. No es lo más deseable, pero sí que es verdad que es un vehículo menos contaminante. Al final tendremos que apostar porque todo el transporte de las islas sea sostenible. En ese trabajo estamos.

Respecto al transporte marítimo y aéreo, la ley balear no recoge la supresión de trayectos ni objetivos de reducción de emisiones de los aviones y barcos. Teniendo en cuenta la condición de islas, ¿qué se puede hacer para disminuir las emisiones de ambos sectores?

Primero, apostar claramente por una movilidad más sostenible, especialmente en el transporte marítimo. En este sector, empieza a haber ya tecnología de buques enchufable y una apuesta muy clara por parte de las navieras más importantes en reducir las emisiones. A partir de aquí, lo que queremos hacer es preparar los puertos de Baleares para que puedan recibir a este tipo de buque.

Y lo que vamos a seguir haciendo es negociar con la UE para que se pueda utilizar cada vez un combustible menos contaminante en toda Europa; que en el Mediterráneo no seamos la hermana pobre de Europa en cuanto a la utilización de combustibles enormemente contaminante.

Respecto a la navegación aérea, es cierto que ahora mismo es difícil hablar de otra tecnología que no sea la de los combustibles fósiles. Pero sí tenemos muy claro que hay que impulsar que AENA aporte también su esfuerzo para la transformación energética de Baleares. Además, nos oponemos frontal y abiertamente –ya hemos tenido reuniones y vamos a tener reuniones en el futuro– a la ampliación del aeropuerto de Palma porque consideramos que es absolutamente innecesario. Más ahora que estamos saliendo de esta situación de crisis sanitaria. Seguimos haciendo esfuerzos para que todo el transporte vinculado a nuestro carácter insular pueda ser mejorado en consonancia con los compromisos que se adquirieron con la Ley de Cambio Climático.

¿Es necesario replantear el actual modelo de turismo de las islas?

Es absolutamente obligatorio. La cruda realidad nos ha situado ante la necesidad de la diversificación del modelo económico de Baleares. No podemos depender exclusivamente del monocultivo del turismo porque hemos visto que es un sector enormemente frágil y que está abierto a que cualquier contingencia, como la de una COVID-19, lo ponga en serio peligro. 

Nosotros siempre hemos sido partidarios de replantearnos el modelo turístico. Afortunadamente, parece que incluso los partidos de la oposición empiezan a plantearse el tema del decrecimiento como obligatorio para cambiar ese modelo. Pero, además, el impulso de las energías renovables significa también alterar ese modelo económico. Yo creo que cada vez tenemos un turismo más comprometido con la lucha contra los efectos del cambio climático. 

El tener empresas turísticas que hagan una apuesta muy clara por las energías renovables es un enorme beneficio. Recientemente, hemos tenido oportunidad de presentar un parque fotovoltaico hecho por una empresa turística de Baleares de la zona de Levante, en la isla de Mallorca, que ha instalado un parque de energía fotovoltaica en unos terrenos de su propiedad que dotará de energía limpia a todo su entramado: cinco hoteles y un spa. Esta empresa está absolutamente decidida a organizar excursiones con los turistas que vengan a sus establecimientos hoteleros para enseñarle el parque fotovoltaico del que sale la energía limpia que van a consumir en esos hoteles. Por lo tanto, el sector turístico, que seguirá siendo necesariamente el principal motor económico de Baleares pero no ya el único, también está comprometido con esa transición energética a la que nos obliga el instrumento legislativo que nos dimos en el año 2019.

La ley climática balear asegura que “se avanzará hacia un modelo más sostenible, menos consumidor de recursos y más respetuoso con el territorio”. ¿Es el decrecimiento una opción posible?

El decrecimiento no solo creo que vaya a ser una opción posible, sino que va a ser una opción segura. No por nada, sino porque van a cambiar los hábitos de movimiento de las personas después de todo lo que hemos pasado con la crisis de la COVID-19. La vacunación va a ser muy importante también para ofrecer garantía al turista que venga e insisto en que el principal motor económico de Baleares va a seguir siendo el turismo porque no puede ser de otra manera. Pero eso no quita para que incluso el propio visitante que llega a Baleares no acepte ya como algo natural en sus vacaciones la masificación. 

Hay un debate abierto en la sociedad balear acerca de que hay que cambiar el modelo turístico. Tiene que ser un modelo turístico que apueste por la calidad, que apueste por la sosteniblidad. Un modelo turístico en donde, precisamente, ofrezcamos nuestro paisaje y nuestro territorio, nuestra riqueza, nuestra gastronomía, nuestra historia… como un valor añadido a tener un clima espectacular y tener un mar limpio y transparente. Estas islas no están hechas para soportar a 18 o 19 millones de turistas al año. 

A principios de año se constituyó el Comité de Expertos para la Transición Energética y Cambio Climático. ¿Cuál ha sido el trabajo de este organismo desde entonces, y qué influencia real tendrá?

Lo que hemos querido es, primero, dar cumplimiento a una obligación que teníamos con la Ley de Cambio Climático. En segundo lugar, este comité de expertos reúne a personas de muy diversa procedencia; profesionales con diferentes sensibilidades hacia el cambio climático, pero con un denominador común, que es la convicción absoluta de que estamos obligados a actuar y de que la declaración de emergencia climática es una declaración, no simplemente teórica, sino a partir de la cual hay que adoptar medidas muy importantes. 

Ya en las primeras reuniones que tuvimos con el comité, que las hemos tenido aquí en la Conselleria, junto con la Dirección General de Energía, se ha hablado de cómo mejorar la implantación de renovables, de cómo combatir con eficacia el cambio climático. Seguimos haciendo ese trabajo. Es cierto que el comité de expertos es de reciente creación y la COVID ha afectado absolutamente a todas las facetas de la política aquí en Baleares al igual que en el resto del mundo, pero a partir de ahora será constante el trabajo conjunto entre la Conselleria y este comité de expertos.

La ley climática balear también recoge la creación de un Consejo Balear del Clima. 

Sí, es una de las creaciones que tenemos pendiente. Está prevista la publicación de una serie de decretos durante esta anualidad y uno será precisamente la creación del Consejo Balear del Clima.

¿Tendrá alguna influencia real en la toma de decisiones?

Es indiscutible e indudable que todas las herramientas que están previstas dentro de la Ley de Cambio Climático van a tener eficacia a la hora de implementar las políticas que se hagan desde la Dirección General y desde la Conselleria. De la misma manera que tenemos el Instituto Balear de la Energía, que es un poco la joya de la corona, tanto la Comisión de Expertos como el Consejo Balear del Clima van a tener perfectamente regulada su gobernanza. Va a haber participación no solo de la Administración, sino también de la sociedad civil y de los movimientos ecologistas. Todos vamos a colaborar, porque la lucha eficaz contra la emergencia climática no es simplemente una cuestión de políticas implementadas desde el Gobierno, sino un reto y una obligación que tenemos todos los que vivimos en Baleares.

¿El Consejo tendrá función de asamblea ciudadana por el clima, o se plantean tener una propia?

No teníamos prevista una figura como la asamblea balear del clima. Esa figura no está contemplada en la ley de cambio climático, pero lógicamente, a través de la composición de todos estos órganos derivados del desarrollo de la Ley de Cambio Climático, se puede hacer participar en esa gobernanza a todos los sectores sociales que estén interesados en participar en la lucha eficaz contra el cambio climático.

Hay que tener en cuenta que, además, todas aquellas medidas que se están acordando conforme a la ley, como el decreto de huella de carbono que está en marcha, salen a exposición pública, por lo que hay posibilidad por parte de todos los implicados en la lucha contra el cambio climático de aportar ideas y sugerencias.

No tenemos una asamblea como tal, pero en Baleares se actúa de modo asambleario a la hora de determinar qué medidas son las más eficaces para luchar contra la emergencia climática que declaramos el año pasado.

¿Qué es lo que más le preocupa a usted de la crisis climática?

A mí lo que me preocupa es no dejarle a las generaciones que nos sucedan el paraíso que otras generaciones hemos tenido oportunidad de conocer aquí en Baleares. Es cierto que lo hemos puesto en peligro, pero creo que estamos en el momento perfecto para salvarlo. Y eso pasa, primero, por tener claro que mejorar nuestro mar, nuestro aire y nuestro territorio es un legado que hacemos a quienes nos han de suceder; tienen todo el derecho a que les entreguemos lo mismo que nosotros recibimos de generaciones anteriores: unas islas privilegiadas, un lugar enormemente bello en un espacio también privilegiado como es el Mediterráneo. 

Todo esto hay que hacerlo mediante el desarrollo de un texto legislativo ambicioso que ofrece las herramientas para que un día podamos decir que aquella emergencia climática que declaramos en el año 2020 se ha luchado eficazmente y que, efectivamente, las cuatro islas Baleares –Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera– siguen siendo un paraíso en medio del Mediterráneo que merece la pena conocer y conservar.