Hace unas semanas, el Panel Intergubernamental de Especialistas sobre el Cambio Climático (IPCC) renovó sus cargos. Jim Skea, catedrático escocés, se impuso a la investigadora brasileña Thelma Krug. Con él en cabeza, empieza un nuevo ciclo para el organismo, el Séptimo Ciclo de Evaluación, en una década decisiva para el planeta.
Hasta ahora, el panel se ha posicionado como una autoridad científica, pero es consciente de que, para mantenerse igual en un contexto de cambios políticos, debe plantearse reformas institucionales. Desde su creación en 1988, la organización ha superado “numerosas controversias y frecuentes desafíos a su credibilidad y legitimidad”, tal y como se admite en un nuevo informe publicado en Nature Climate Change. En él, varios autores analizan posibles vías para lograr que la credibilidad del organismo no se tambalee.
La falta de representación ―tanto de mujeres como de países del sur global, los más afectados por la crisis climática― es algo que ha caracterizado tanto la composición del panel como la autoría de los informes. En este nuevo ciclo, el organismo ha reducido la brecha de género: mientras que en el Sexto Ciclo había seis mujeres en las copresidencias y vicepresidencias de los grupos, de cara al Séptimo habrá 13. Por otro lado, ahora hay 15 hombres frente a los 22 anteriores.
Tras estas elecciones, el Panel también ha logrado una mayor representación geográfica. En cada cargo debe haber, como mínimo, una persona de una región en desarrollo y otra de una región desarrollada. Para los próximos años, la región que cuenta con más cargos de responsabilidad es Asia, con 13 personas, seguida de Europa, con 11. África cuenta con 9; Latinoamérica con 8, América del Norte con 4; y Oceanía con 1.
En cuanto a la autoría, Estados Unidos y Reino Unido son los países que más especialistas han aportado a los estudios del IPCC históricamente. En el último ciclo, contaron con 90 países, de los cuales un 43% eran del Sur Global. Aun así, todas las regiones siguen aportando más especialistas hombres que mujeres. En principio, el IPCC no se plantea una cuota de género para enmendarlo.
“En los procedimientos del IPCC, el género es el último criterio después de la experiencia científica, técnica y socioeconómica; la representación geográfica; y la mezcla de expertos con y sin experiencia previa en la organización”, explica a Climática una de las autoras principales, Kari De Pryck, del Instituto de Ciencias Medioambientales (ISE) de la Universidad de Ginebra.
Además de la falta de diversidad, el IPCC tiene otros retos importantes. Una de las mayores críticas que ha recibido es el poco reconocimiento a las ciencias sociales y las humanidades en sus informes. La ciencia física es la que suele dominar la información en esas páginas.
“Para responder a la estrechez de miras de las evaluaciones del IPCC, las ciencias sociales y las humanidades pueden contribuir a pluralizar los puntos de vista epistémicos y exponer las dimensiones éticas, culturales y políticas del cambio climático. Estas son cruciales para comprender qué impulsa u obstaculiza la adopción de medidas eficaces de adaptación y mitigación”, argumenta la publicación.
En este sentido, se ha propuesto añadir un cuarto Grupo de Trabajo sobre “contextos históricos, culturales y sociales”. Su inclusión, no obstante, “podría perpetuar la división entre Grupos de Trabajo y enmarañar aún más las labores burocráticas”. Por ello, “una mejor integración de las ciencias sociales y las humanidades debe ir acompañada del reconocimiento de la desigual distribución de capacidades entre regiones y de las cosmovisiones inherentes que sustentan tales conocimientos”.
Asimismo, el control gubernamental es un bache para lograr que se incluyan otras contribuciones y perspectivas. “La estricta supervisión gubernamental solo permite que las declaraciones políticamente no controvertidas pasen la aprobación del resumen de los informes para responsables políticos. Sin una reforma importante que afloje el control gubernamental sobre su proceso de evaluación, queda poco margen para abordar en el IPCC las cuestiones más controvertidas desde el punto de vista político, como la gobernanza de las tecnologías de geoingeniería solar o el papel de los agentes estatales y no estatales en la desinformación y obstrucción climáticas”.
Tras este contexto, en el informe se presentan tres posibles escenarios en los que se exploran diferentes mandatos y estructuras que el IPCC podría adoptar en el futuro. El primero sería continuar como ahora, con su esfuerzo por ser neutral; el segundo, poner un mayor énfasis en la diversidad; y el tercero, dar un reconocimiento explícito a la responsabilidad social.
Este escenario se resume en ‘seguir como hasta ahora’. Para ello no haría falta una gran reforma institucional porque se considera que el modelo actual ya funciona suficientemente bien. Sí se harían reformas menores en la evaluación y el programa de trabajo, así como en el “equilibrio disciplinario, regional y de género en todos los aspectos de su trabajo, y en implicar a más investigadores noveles”. Sin embargo, no se haría de forma transformadora, sino incremental e instrumental. Tampoco se introduce ningún cambio de procedimiento importante en el proceso de revisión.
El mayor reto para este escenario es la creciente irrelevancia política de los informes del IPCC. “En esta década crucial para la acción, una gran evaluación exhaustiva publicada cada siete años o más es de escasa utilidad para la formulación de políticas”.
“El fomento de la diversidad se considera esencial para la legitimidad del IPCC como portavoz del conocimiento mundial sobre el clima”. Bajo esta premisa, este segundo escenario basaría su credibilidad en la diversidad, la equidad y la inclusión y seguiría la ética del pluralismo de valores.
También introduciría procedimientos destinados a incorporar mejor las ciencias sociales y las humanidades, así como diversas formas de conocimiento de las comunidades indígenas, la sociedad civil y el sector privado para promover la “igualdad epistémica”. En resumen, “la atención se centra más en acordar desacuerdos que en buscar un consenso por encima de todo”.
El gran reto para este escenario reside en abandonar los actuales procedimientos de revisión por pares y establecer otros nuevos para captar mejor la literatura no revisada por pares, no inglesa y gris. También se plantea la cuestión de quiénes se consideran partes interesadas “legítimas” en la aprobación de los resúmenes para responsables políticos y cómo evitar que el proceso de aprobación esté dominado por unos pocos gobiernos estatales y grupos de interés poderosos.
El supuesto de este escenario es que, en las nuevas circunstancias políticas, el IPCC en su forma actual no es adecuado para su propósito. Por lo tanto, requiere una transformación institucional. Los Grupos de Trabajo se disolverían y se sustituirían por varios grupos de expertos (tanto permanentes como ad hoc) que abarcarían una serie de temas relevantes para las políticas y a los que se encomendaría la elaboración de informes de forma ágil y oportuna.
Para ello, el IPCC tendría que renunciar al principio de neutralidad y no rehuiría “participar en la defensa de políticas basadas en pruebas, adoptando la responsabilidad social como nuevo principio rector”. En esta vía, la participación diversa e inclusiva se considera esencial para catalizar el cambio político.
Por último, cambiaría la apropiación gubernamental y se iría hacia un modelo de apropiación más amplio en el que los representantes gubernamentales aprobarían los resúmenes para responsables políticos con las partes interesadas no gubernamentales en pie de igualdad. Un gran reto para este escenario es “superar la resistencia a un cambio radical de gobiernos y expertos tanto a nivel institucional como psicológico, así como encontrar un terreno común entre las diversas partes interesadas para la aprobación de los sumarios”.
El IPCC parece ser consciente de cuáles son sus puntos débiles, aunque el análisis señala que “no existe un camino correcto” para reformarlo y que cada vía plantearía “nuevos tipos de retos políticos que podrían socavar la percepción pública de su estatus de autoridad o su relevancia política”.
A su vez, el estudio apunta a que “cada vez se le pide más que responda a un número creciente de expectativas divergentes por parte de públicos diferentes“, pero debido a “sus limitados recursos humanos y capacidad institucional”, así como a “visiones del mundo contrapuestas sobre el papel del IPCC”, el organismo, no importa el camino que escoja, “no puede satisfacer a todos en todo”.
“Es más probable que el IPCC siga la primera vía [la de seguir como hasta ahora] no necesariamente por elección, sino por defecto”, admite De Pryck. “En el artículo mencionamos varias veces la ‘inercia estructural’ del IPCC, así como las ‘asimetrías de poder’ entre los Estados miembros. Por un lado, las burocracias internacionales son lentas a la hora de cambiar y favorecen los cambios graduales. Por otro lado, existe una falta de consenso entre los Estados miembros sobre cómo reformar el IPCC“.
El informe recuerda que esto se hizo evidente en los debates de la 57ª sesión plenaria, celebrada en septiembre de 2022. Entonces “se planteó la cuestión de las posibles reformas de su estructura para el próximo ciclo. A pesar de las valientes sugerencias de los miembros de la Mesa y del gran interés de muchos gobiernos y observadores por reformar la organización, no se llegó a una convergencia de opiniones porque unos pocos gobiernos se mostraron a favor del statu quo». Pero ¿hacia qué lado se decanta la balanza?
“Hay más gobiernos a favor de promover cambios estructurales que de mantener la estructura actual. Sin embargo, es posible que no todos se pongan de acuerdo sobre la mejor manera de reformar el IPCC porque tienen diferentes intereses en juego en la organización”, explica la autora.
“Los que más se juegan en el cambio climático suelen ser los menos abiertos a una reforma, por miedo a que pueda cambiar el equilibrio de poder dentro de la organización, pero también fuera de ella. Algunos países (los que se sienten amenazados por la politización del clima) tienen todas las de ganar si el IPCC realiza evaluaciones irrelevantes. Dado que las decisiones del Panel se toman por consenso, es difícil llegar a un acuerdo sobre cómo reformar el IPCC”.
“Esto no significa que el organismo esté condenado a no escapar nunca de su pasado”, argumenta el informe, “pero superar este sesgo estructural hacia las reformas progresivas no es fácil. Es necesario presionar desde dentro y desde fuera, ir más allá del pensamiento convencional para imaginar vías alternativas hacia un cambio más radical”. Exponer estas vías es, de alguna forma, el primer paso para estimular el debate público.
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