Trece países europeos, entre ellos España, han pedido a la Comisión Europea que utilice el Pacto Verde Europeo, hoja de ruta la Unión Europea para combatir la crisis climática, como la gran palanca para la recuperación económica del continente tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Consideran que se debe “enviar una señal política al mundo y a su ciudadanía de que la UE liderará con el ejemplo, incluso en momentos difíciles como el actual, el camino hacia la neutralidad climática y el cumplimiento del Acuerdo de París”.
A través de una carta hecha pública este jueves, los ministros y ministras de Medio Ambiente de una decena de Estados solicitan a la Comisión que analice qué elementos de los que integran el Pacto Verde Europeo pueden ir adelantándose para, afirman, acelerar una recuperación verde y una transición justa. En el caso de España, la responsable de firmar la carta ha sido la vicepresidenta Cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Junto a ella,
En un primer momento, el escrito fue secundado, a parte de España, por Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia. Al día siguiente, el viernes 10, se sumaron Alemania, Francia y Grecia.
En la carta, los cargos públicos consideran que el Pacto Verde, presentado el pasado mes de diciembre, aporta soluciones para dar respuesta a la crisis económica provocada por el coronavirus, y permitiría transformar Europa en una economía sostenible y climáticamente neutra. “Necesitamos ampliar las inversiones, especialmente en los campos de la movilidad sostenible, las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular”, escriben los firmantes.
“No queremos que esa hoja de ruta [el Pacto Verde] decaiga o sea sustituida por una alternativa mucho más peligrosa para el entorno y nuestro bienestar colectivo”, ha asegurado Teresa Ribera tras conocerse la carta.
En este sentido, los ministros y ministras recuerdan que aumentar el objetivo de reducción de emisiones a 2030 -está pendiente quiere pasar del 40 al 55%-, fortalecer el marco regulatorio europeo de lucha contra el cambio climático o reforzar los estándares ambientales, implica “situar a los países europeos a la vanguardia del nuevo desarrollo económico bajo en carbono”.
Inciden en que “es imprescindible que la UE mantenga su ambición para mitigar los riesgos y los costes de la inacción frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. Sobre esto último, terminan la carta recordando que “la protección y conservación de la biodiversidad deben ser parte fundamental de la respuesta a la crisis global y medioambiental, ya que son vitales para garantizar el bienestar y supervivencia de nuestras sociedades”.
Precisamente, esta semana se ha publicado un estudio en la revista Nature donde se insta a actuar con urgencia para mitigar el cambio climático si se quiere prevenir un colapso abrupto de los ecosistemas que podría comenzar en 2030.
* Noticia actualizada el viernes 10 de abril a las 17:15.
SALVEMOS A LAS PERSONAS NO A LOS AVIONES.
Ecologistas en Acción se opone a los rescates millonarios a las líneas aéreas y pide que las ayudas financieras públicas se destinen en primer lugar a atender las necesidades de las decenas de miles de trabajadoras y trabajadores que en estos momentos se encuentran en una situación de enorme precariedad e incertidumbre.
Los recursos del contribuyente deben ser destinados a atender las necesidades de trabajadoras y trabajadores, al tiempo que se invierte en la transición hacia un modelo de transporte más justo y sostenible.
Cualquier apoyo financiero al sector aéreo debe estar condicionado a una reconversión de este modo de transporte que garantice su decrecimiento en volumen e impacto social y ambiental.
Ofrecer apoyo financiero con dinero del contribuyente a compañías que durante años han maximizado sus beneficios gracias a injustas exenciones fiscales, resulta inaceptable. Según un estudio de la Comisión Europea, los privilegios fiscales de las aerolíneas en la UE (no pagan impuestos por el combustible ni el IVA de los vuelos internacionales) suponen un agujero en las arcas comunitarias de unos 27.000 millones de euros al año.
Por otro lado, de forma paralela al crecimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, las líneas aéreas han visto aumentar sus beneficios durante los últimos años de forma exponencial. Según el constructor Airbus, en el periodo 2015-2019 las aerolíneas obtuvieron prácticamente los mismos beneficios que en las cuatro décadas anteriores. Sin embargo, en lugar de utilizar esos beneficios multimillonarios para sanear sus cuentas y guardar recursos para afrontar momentos de crisis, las compañías han optado por adoptar arriesgadas políticas de endeudamiento con el objetivo de aumentar sus valores en bolsa y ofrecer pingües beneficios a propietarios y accionistas.
https://www.ecologistasenaccion.org/139534/salvemos-a-las-personas-no-a-los-aviones/
Trump da a la industria barra libre para contaminar durante el coronavirus
La administración Trump, a través de la Agencia para la Protección Ambiental anunció la semana pasada una moratoria en el cumplimiento de los estándares ambientales por parte de las industrias peligrosas y contaminantes del país, debido al coronavirus. La industria intenta aprovechar la situación para pedir una rebaja de los controles, también en Europa.
La dejación de funciones de la EPA no había conocido ningún precedente similar y llega al extremo de renunciar a reservarse la capacidad de intervención si, de la aplicación de la medida, se derivara un problema grave de salud pública o afección ambiental. Llegado ese caso, la administración Trump delega en los estados las decisiones a tomar. Desde el sector científico, médico, ecologista y de las comunidades afectadas no han dudado en tachar la decisión no solo de peligrosa sino de inmoral, y se estudian medidas judiciales.
Se trata de una medida con un claro sesgo socioeconómico en cuanto a sus efectos, dado que se cebará con las capas más desfavorecidas de la sociedad. Está ampliamente documentado cómo la personas más empobrecidas -principalmente población no blanca- habitan zonas en las que preferentemente se han venido ubicando las industrias, refinerías de petróleo y fábricas más contaminantes. Esta licencia para contaminar hará que esas personas se vean expuestas a niveles de contaminación por sustancias químicas tóxicas en el agua y en el aire que comprometerán seriamente su salud.