Hace un mes fue el Parlamento Europeo quien aprobó endurecer la respuesta penal a los delitos ambientales. Este martes, ha sido el Consejo Europeo el que ha adoptado formalmente lo que acordaron ambos organismos en noviembre de 2023: un listado más largo de delitos ambientales y penas más duras por destruir ecosistemas.
La nueva directiva sustituye a la ley anterior, la de 2008, y amplía el número de conductas consideradas delito de este tipo de nueve a veinte. Entre los nuevos delitos figuran el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos. Ellas se suman a otros delitos que ya figuraban en la lista como los vertidos procedentes de buques, las talas ilegales y la introducción o comercialización de especies invasora.
Además, la ley introduce una cláusula de “delito cualificado“, similar al ecocidio, que se aplicará cuando un delito contemplado en la directiva se comete intencionadamente y cause la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero.
Por otro lado, las sanciones dependerán, claramente, de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. La pena máxima de prisión por delitos cualificados será de al menos ocho años. Para el resto de delitos, la pena de prisión llega hasta los cinco años. No obstante, los delitos intencionados que causen la muerte de una persona se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos diez años, aunque los Estados miembro podrán decidir establecer penas aún más duras en su legislación nacional.
Cuando la responsabilidad del delito la tenga alguna empresa, también se contemplarán multas, que serán de al menos el 5% de su facturación mundial anual para las infracciones más graves o, alternativamente, 40 millones de euros. Para todas las demás infracciones, la multa máxima será de al menos el 3% del volumen de negocios o, alternativamente, 24 millones de euros.
“Los Estados miembro también tendrán que asegurarse de que las personas físicas y las empresas puedan ser sancionadas con medidas adicionales, como la obligación para el infractor de restituir el medio ambiente o compensar los daños, la exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de sus permisos o autorizaciones”, añade el comunicado del Consejo Europeo.
Según datos del organismo, el crimen medioambiental es la tercera mayor actividad criminal en el mundo y crece entre un 5 y un 7% cada año, con pérdidas de entre 1.100 y 2.810 millones de dólares anuales. Entre 2018 y 2021, hubo 829 personas detenidas en la Unión Europea por cometer este tipo de delitos.
El acuerdo provisional alcanzado en noviembre del año pasado planteaba aumentar el número de delitos existes en el Derecho penal de la UE de 9 a 18, así como introducir el “delito cualificado”. Era la primera vez que se proponía armonizar las sanciones tanto para personas físicas y jurídicas en todos los Estados miembros de la UE.
Los países europeos disponen dos años a partir de la entrada en vigor de la directiva para adaptar sus normas nacionales a la misma. Aunque la directiva solo se aplicará a los delitos cometidos dentro de la UE, los Estados podrán decidir si ampliar su jurisdicción a delitos cometidos fuera de su territorio.
Ayúdanos a hacer Climática posible. Haz una donación o
suscríbete desde 30€ al año.
Con el apoyo de:
Con la colaboración de:
MásPúblico sociedad cooperativa. Licencia CC BY-SA 3.0.
Política de privacidadDevoluciones y reembolsosUso de cookies
Las aves son las especies que más sufren infracciones contra la fauna:
LAS CAZAN. Cada año mueren o son capturadas en la región mediterránea unos 25 millones de aves cazadas de forma ilegal principalmente especies cantoras.
LAS ENVENENAN: En los últimos 25 años se estima que han muerto en España unos 200.000 animales envenenados aunque esta cifra podría ser superior dado que muchos cadáveres desaparecen antes de ser localizados.
TRAFICAN CON ELLAS: Al menos unas 7.000 especies sufren las consecuencias del tráfico ilegal, un negovio en el que están implicados unos 120 países y que mueve enormes cifras de dinero.
Capturar, hacer daño o matar aves sale, muchas veces, gratis. La gran mayoría de todos los delitos que sufren cuentan con un alto grado de impunidad.
Para que exista una verdadera justicia ambiental hay que seguir cada caso concreto hasta el final y, por eso, una buena parte de nuestro trabajo en SEO/Birdlife es hacer de “abogados de los pájaros y la naturaleza”.
En los últimos años hemos ganado decenas de casos, algunos con sentencias históricas como la que logró la indemnización más alta nunca impuesta por un delito contra la fauna (que obligó a un envenenador a pagar 360.000€) por la muerte de 6 águilas imperiales ibéricas utilizando veneno. También hemos logrado que se anulen proyectos como macrourbanizaciones, minas o carreteras en espacios protegidos que se demostraron ilegales y perjudiciales para el medio ambiente.
Con estas acciones estamos protegiendo a las aves, pero también defendemos todos los espacios naturales que se hubieran perdido si no se hubiera llevado ante los tribunales.
Más multas europeas por exceso de nitratos en España: ¿Hacemos algo para evitarlo?
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 31 de octubre de 2022 el recurso interpuesto con fecha 30 de agosto por parte de la Comisión Europea al Reino de España por vulnerar la Directiva de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. En su recurso, la Comisión pide que se condene en costas al Reino de España.
Las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia han sido denunciadas, en concreto, por el aumento de la contaminación por nitratos. Además, otras siete comunidades autónomas (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana) no han designado como zonas vulnerables a los nitratos las zonas de captación por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (aguas subterráneas).
“Sigue habiendo superficies que no se han designado como zona vulnerable a los nitratos, ni incluido en zonas vulnerables a los nitratos existentes, a pesar de que los datos obtenidos a través de la red de control de la contaminación provocada por los nitratos de origen agrícola justifican su designación/inclusión”, explica la Comisión en sus apreciaciones.
Aragón, uno de los países señalados por el fallo del TJUE, es líder en el sector porcino en el Estado español (28% del sector), habiendo experimentado el mayor crecimiento del Estado y superando el 3,5% del PIB aragonés.
La falta de medidas se ve reflejada en el informe cuatrienal de aguas contaminadas o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario que publica la Confederación hidrográfica del Ebro (CHE). En el periodo 2016 a 2019, la CHE detectó 96 masas de agua de toda la cuenca (61 de agua subterráneas y 35 de agua superficiales, de las que 27 subterráneas y 14 superficiales afectadas están en Aragón) con una concentración de nitratos superior a 50 miligramos por litro, cifra que indica el “nivel rojo”. Entre las causas destaca la “aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados” y pone sobre aviso que la contaminación de los ríos de la cuenca “se ha duplicado con respecto al periodo de análisis anterior”.
Cabe destacar que el 24,2% de los municipios aragoneses (177 municipios) está incluidos en Zona Vulnerable….
(Noticias Ecologistas en Acción)