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Un mosquito es el encargado de transmitir a animales tanto domésticos como salvajes la lengua azul, una enfermedad vírica que tuvo un foco de contagio en Extremadura en el año 2021. Sucedió en el momento en que dos barcos que zarparon de España, el Karim Allah y el Elbeik, se dirigían a Turquía con más de 2.600 vacas, toros y terneros para su venta.
El país de destino no se quiso arriesgar a pesar de que los animales no provenían de la zona extremeña. Tampoco lo hicieron otros puertos. Así, con la entrada negada en varios países, los dos barcos estuvieron durante semanas a la deriva por el Mediterráneo. Tras las denuncias de varias organizaciones y una petición de la Comisión Europea, el Karim Allah finalmente fue atracado en el muelle de Cartagena. Allí, se sacrificaron a los animales que no habían muerto durante el trayecto.
Este episodio dio a conocer, de manera tenue, un comercio que zarpa regularmente desde España. En concreto, desde dos de sus puertos: el de Tarragona y el de Cartagena. En este último es desde donde salieron más de 600.000 animales vivos de los 800.000 que fueron exportados en el año 2022 a terceros países.
Actualmente, España es el mayor exportador de bovinos vivos de Europa y el segundo de ovejas del mundo, por detrás de Rumanía. Cuando Australia endureció los requisitos de bienestar animal para la exportación en el año 2011, el territorio español vio una oportunidad de negocio: las actuales políticas agrícolas —o la falta de ellas— facilitan su actividad.
Laura Villadiego, periodista y fundadora de Carro de Combate, pasó unos meses preparando el viaje a la ciudad murciana para ver lo que sucede en el muelle con sus propios ojos. Para su sorpresa, no obtuvo toda la información que le hubiese gustado: a pesar de la proximidad de la zona donde se realizan las cargas de animales y la ciudad, la mayoría de los grupos activistas y habitantes desconocen lo que pasa tras los muros del puerto.
«Hay mucho secretismo. Los animales llegan en camiones cerrados, entran directamente a las instalaciones y rara vez se quedan fuera esperando. Dentro del puerto, además, solo entra el personal autorizado», relata tras reunir datos sobre el tema en una nueva investigación.
El trayecto de estos animales no suele empezar en territorio español. Los crotales, esas etiquetas de plástico que se les adjudica a las crías al nacer, confirman que los camiones llegan principalmente de países como Irlanda, Austria y Francia. Una vez en España, la mercancía, considerada los descartes de la industria láctea —machos a los que hay que buscar una salida rentable—, pasa unos meses en las granjas españolas —donde la comida es más barata que en otros países— para hacer un último engorde.
Según los transportistas con los que pudo hablar Villadiego en Cartagena, los animales a menudo provienen de la zona donde generalmente se cría porcino: el Alto Pirineo, Huesca y Vic, aunque también de alrededor de Murcia.
«En los partidos políticos también hay mucho desconocimiento sobre esta industria y apenas hay propuestas sobre la mesa sobre cómo regular las condiciones mínimas de bienestar en los animales dentro de los barcos, que son realmente malas». Villadiego describe el espacio como «claustrofóbico», sin regulación de la temperatura y con abrevaderos que no funcionan bien. Estas condiciones son las que soportan miles de animales que, generalmente, viajan entre diez y quince días en alta mar. Denunciarlas, sin embargo, no es tan fácil.
Cerca del puerto de Cartagena hay una gran colina. Desde allí, la Animal Welfare Foundation, una fundación de defensa animal, vigila que no se maltraten a los animales durante su traslado. Villadiego subió a esa posición estratégica desde la que se ve, con la ayuda de una buena lente, lo que sucede en el muelle.
Sin embargo, para cuando llegó, había un toldo que tapaba la pasarela por la que los animales suben a los barcos. En ese tramo, dicen los activistas, es donde se pueden presenciar las mayores violaciones de bienestar animal: azotes y el uso de electroshock, prácticas que no están permitidas.
«En los dos puertos tiene que haber un veterinario que controle que se está respetando la ley de bienestar animal. Precisamente, estos profesionales tienen que firmar contratos de confidencialidad; no pueden decir nada sobre lo que ven», explica la autora.
Un comercio que navega con bandera de conveniencia
La preocupación por el bienestar de estos animales no se centra solo en el interior del barco. Las embarcaciones por sí mismas son una prueba de las condiciones en las que viven y viajan. La mayoría de ellas son antiguos barcos de mercancías construidos hace más de tres décadas y cuyo propósito no es el comercio de animales vivos, por lo que no reúnen las condiciones necesarias. «La mayoría de los navíos han sido denunciados por diferentes problemas en las condiciones de seguridad, la temperatura, el agua disponible o las condiciones laborales, entre otros», descubre la investigación. También se mencionan restos de amianto y otros compuestos tóxicos en las instalaciones.
Además, en muchos casos los armadores van a países europeos que tienen estándares más bajos, como Portugal. «Se aprovechan de lo difícil que es controlar esta industria porque todo pasa en alta mar para no mejorar demasiado», mantiene Villadiego.
Uno de los factores que alimentan el desconocimiento sobre este negocio es que «está bastante centralizado en ciertos momentos del año, sobre todo en los meses en los que se prevé el Eid al-Adha», la fiesta musulmana en la que se sacrifica un animal como acción de gracias a Dios por salvar la vida de Ismael, hijo de Abraham. Durante los últimos años, esta festividad se ha celebrado en verano, a finales de junio.
Y es que los principales destinos de las exportaciones españolas son Arabia Saudí, Líbano, Libia, Jordania y Turquía. Países donde «no existe ningún tipo de regulación animal». «Es controvertido que en Europa estemos reclamando todas estas leyes mínimas en seguridad animal y luego no nos importe enviarlos a un país que no tiene ningún tipo de estándar«.
Más allá de eso, «otro de los puntos que tampoco tiene mucho sentido», añade Villadiego, «es que enviar una mercancía no procesada es un comercio económicamente muy poco interesante para el país que realiza los envíos: prácticamente no hay creación de empleo porque no se necesita mucho personal para mantener estas granjas… En España nos quedamos con el impacto ambiental. El beneficio se lo llevan unas pocas personas y, de hecho, la mayor parte de las empresas que controlan este mercado son de Oriente Medio«.
Aun así, España fue uno de los países de la Unión Europea que se opuso a la propuesta de prohibir las exportaciones de animales vivos en enero. El resto fueron Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal, encargada de la redacción de la nota a Bruselas. La Comisión Europea, por su parte, se comprometió a elaborar a lo largo de este año una nueva legislación sobre el transporte de estos animales tanto dentro de la UE como hacia terceros países.
Hasta el momento, Murcia sigue dejando entrar y salir a barcos desde su puerto mientras «el discurso medio ambiental en esa zona se centra en el Mar Menor». La periodista achaca la escasa visibilidad al poco interés político y económico que tiene esta industria tanto en el país como en la región. «Es como una sombra» –resume Laura Villadiego–, con «poco rédito económico, mucho impacto medio ambiental y muy poco respecto por el bienestar animal».
La biodiversidad es la base para que todo sistema económico funcione. Sin embargo, el actual modelo económico imperante se autodestruye al arrasar con la biodiversidad, que ha experimentado un fuerte deterioro en las últimas décadas, con tasas de extinción hasta 1.000 veces superiores a las cifras de referencia base. En España, entre el 40% y el 68% de las especies evaluadas se encuentra en alguna de las categorías de amenaza. El motivo de estos niveles de degradación ecosistémica radica en un modelo de desarrollo socio-económico que coloca en el centro el crecimiento económico y requiere de un consumo exacerbado de energía y materiales, que, además, son no renovables. Sin embargo, invisibiliza los pilares en los que se sustenta: los sistemas naturales y la biodiversidad, los cuidados y los lazos comunitarios.
Para una transición ecológica socialmente justa es necesario crear nuevos sectores sostenibles, reconvertir otros y redistribuir el empleo mediante la reducción de la jornada laboral. En algunos sectores, el empleo podría incrementarse notablemente. En la prevención y extinción de incendios, con entre 69.000 y 172.000 empleos nuevos, o en el sector agropecuario con un perfil agroecológico, con una ampliación de entre 137.000 y 740.000 empleos.
–Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, junto a las cooperativas Biodiversia, Fractal, Garúa y Transitando, publican un informe que caracteriza las relaciones entre la biodiversidad, la economía y el empleo en España–