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COP15: los países acuerdan proteger al menos el 30% de la biodiversidad para 2030

La cumbre sobre biodiversidad celebrada en Montreal (Canadá) cerró este lunes –con el rechazo de varios países africanos– un acuerdo no vinculante para hacer frente a la crisis de biodiversidad.
Momento en el que se aprobada el texto final de la COP15. Foto: UN Biodiversity / Flickr.

Con Argentina y medio mundo celebrando y procesando la final del mundial de fútbol, durante la pasada madrugada de Canadá (y España), los casi 200 países reunidos desde hace dos semanas en Montreal en la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas (COP15) presentaron un histórico plan para proteger la vida en el planeta

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Tras muchas horas de retraso e incertidumbre, el apodado como Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal salió adelante con polémica final. El texto, que debe ser aprobado por unanimidad de todas las partes, había sido rechazado en la sesión de cierre por el representante de la República Democrática del Congo. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta sus consideraciones en materia de financiación por no haberse hecho de la manera correcta, defienden desde la organización. Tras esta decisión, Camerún y Uganda hablaron de “fraude” y “golpe de Estado”.

El plan marco, aprobado bajo la presidencia china y la organización canadiense, recoge cuatro objetivos a largo plazo, en concreto para 2050. A su vez, cuenta con 23 objetivos globales orientados a la acción que requieren medidas urgentes durante la década actual. Según lo pactado, “las acciones establecidas en cada objetivo deben iniciarse inmediatamente” y completarse antes 2030. 

El principal acuerdo alcanzado consiste en proteger y gestionar eficazmente “mediante sistemas de áreas protegidas para finales de década” el 30% de las “zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas“. Acorde a una evaluación reciente de la ONU, en torno a un 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina están bajo protección. Asimismo, los países han acordado, que “al menos el 30% de las áreas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas degradadas” estén restauradas o en proceso para estarlo para 2030.

Otro de los grandes logros de esta cita es el compromiso de “aumentar sustancial y progresivamente” los recursos financieros, ya sea desde fuentes públicas o privadas. El objetivo es movilizar de aquí a 2030 al menos 200.000 millones de dólares al año. Para ello, los países desarrollados han acordado incrementar los recursos financieros internacionales relacionados con la biodiversidad “para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición”. La intención es captar al menos 20.000 millones de dólares al año para 2025, y al menos 30.000 millones de dólares al año para 2030.

Siguiendo con el aspecto económico, los países aprobaron, de cara a 2025, “identificar” y “eliminar, suprimir gradualmente o reformar” los incentivos y subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en al menos 500.000 millones de dólares al año para 2030.

Este pacto final –que desde el aspecto legal poco tiene que ver con el Acuerdo de París sobre cambio climático, ya que no es vinculante– es fruto de casi un lustro de negociaciones, pandemia mediante. Esta COP15 debería haberse celebrado hace dos años en Kunming (China), pero el COVID la pospuso hasta ahora y se optó por trasladarla hacia América del Norte. Además, es importante destacar que Estados Unidos, si bien ha participado en la cumbre, no ha suscrito el texto ya que nunca ha llegado a ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Frenar la extinción de especies y más zonas verdes

La desaparición de especies es una de las grandes luchas en materia de biodiversidad. Por eso, el texto acordado aboga por “garantizar acciones urgentes de gestión para detener la extinción inducida por el ser humano”. En esta línea, uno de los objetivos es que el uso, la recolección y el comercio de especies silvestres sea “sostenible, seguro y legal, evitando la sobreexplotación, minimizando los impactos sobre las especies no objetivo y los ecosistemas, y reduciendo el riesgo de propagación de patógenos”.

Otra gran preocupación son las especies invasoras, por lo que los países piden “eliminar, minimizar, reducir o mitigar los impactos de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas”. La meta es reducir las tasas de introducción y establecimiento de otras especies exóticas invasoras conocidas o potenciales en al menos un 50% para 2030.

El marco también hace mención explícita al cambio climático, así como a la acidificación de los océanos. Ambos, según el texto, ejercen un fuerte impacto sobre la biodiversidad, por lo que urge minimizarlos. Al mismo tiempo, instan a “aumentar su resiliencia mediante acciones de mitigación, adaptación y reducción del riesgo de desastres”. También se ponen en cuestión los riesgos e impactos derivados de la contaminación, y apuestan por reducir todas las fuentes de origen para 2030 hasta “niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas”.

Entre los objetivos para esta década hay también referencias a una gestión sostenible de las zonas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. También se insta a los países a promover entre sus habitantes opciones de consumo sostenibles, ya sea mediante leyes o una mejora en la educación y acceso a la información. En este sentido, se busca para 2030 “reducir la huella mundial del consumo de manera equitativa, incluso mediante la reducción a la mitad del desperdicio mundial de alimentos, la reducción significativa del consumo excesivo y la reducción sustancial de la generación de residuos”. Todo ello “para que todas las personas vivan bien en armonía con la Madre Tierra”.

El acuerdo también incluye aumentar significativamente la superficie, la calidad y la conectividad de los espacios verdes y azules en las zonas urbanas y densamente pobladas, así como el acceso a estos. Asimismo, uno de los objetivos acordados busca “garantizar la representación y participación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género en la toma de decisiones” de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Durante este año, el IPBES –el equivalente al IPCC en materia de biodiversidad– publicó una serie de informes donde reconocía que uno de los factores que acrecientan la crisis de la biodiversidad es la priorización de los beneficios a corto plazo y el crecimiento económico en las decisiones políticas y económicas actuales. Según el ‘Informe planeta vivo 2022’, de WWF, el planeta ha perdido casi el 70% de los vertebrados en apenas 30 años. Junto con la climática, la de biodiversidad es la otra gran crisis medioambiental de nuestra época.

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COMENTARIOS

  1. La cazurrería aragonesa (chufla, chufla que como no t’apartes tú) insiste, erre que erre, en seguir por el camino equivocado, en seguir destrozando el Pirineo con tal de que gane más perricas nuestra oligarquía caciquil y retrógrada.

    Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con organizaciones ambientales y sociales aragonesas, se han concentrado a las puertas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para demandar la paralización del proyecto de unión de las estaciones de esquí de Candanchú, Astún y Formigal.
    Dicho proyecto, contrario al escenario climático, tendría graves consecuencias sobre los hábitats de uno de los lugares más singulares de alta montaña, refugio de numerosas especies de flora y fauna.
    Esta actuación no puede ser financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ya que incumple el Principio de No Hacer Daño Significativo, algo que las organizaciones pretenden demandar ante la UE.
    Dicha infraestructura, valorada en más de 60 millones de euros, se costearía a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que distribuye el Ministerio. Un Ministerio que precisamente anunció a finales de noviembre una partida de más de 33 millones para Aragón en los Planes de Sostenibilidad Turística ligados al PRTR, los cuales parece que irán exclusivamente a esta construcción, sin aportar nada al resto de la comunidad autónoma.
    Los colectivos convocantes señalan la incoherencia de financiar esta obra con Planes de Sostenibilidad Turística. Como ya denunciaron en junio de este año, si el proyecto se materializa puede suponer graves impactos ambientales sobre los ecosistemas afectados que ya de por sí se encuentran en una situación muy delicada. Además, el proyecto ignora las predicciones del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, que advierten que sostener las estaciones de esquí supone incrementar la apuesta por la innivación artificial, lo que pone en riesgo los humedales de la zona y conlleva un aumento del consumo de energía…
    https://www.ecologistasenaccion.org/277828/reclaman-a-reyes-maroto-no-financiar-la-union-de-estaciones-de-esqui-en-el-pirineo-aragones/

  2. No destruyan el valle de Canal Roya por la unión de las estaciones de esquí.
    Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ha iniciado esta petición dirigida a Gobierno de Aragón
    El día 4 de abril de 2014 el Gobierno de Aragón presidido por el PP presentó el proyecto para la unión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú en el pirineo de Huesca a través del valle de Canal Roya. Se buscaba entonces una financiación privada que no ha tenido ningún interés en un proyecto que sólo les generaría pérdidas. Actualmente el Gobierno cuatripartito de Aragón presidido por el PSOE ha retomado este proyecto y busca fondos europeos para financiarlo. Si este proyecto se llevara a cabo destruiría irreversiblemente un valle de gran valor medioambiental, geológico y etnográfico que cuenta con una rica variedad de fauna y de flora y que sirve de corredor ecológico entre los valles del Aragón y de Tena, teniendo además una geología singular por su pasado glaciar y volcánico y que cuenta con un yacimiento megalítico poco estudiado.
    Este proyecto supondría un durísimo golpe para el futuro sostenible de la zona y para los intentos de desestacionalizar la actividad turística. Sería además un despilfarro de dinero público -se ha anunciado una inversión de 60 millones de euros- para construir unas instalaciones en un valle que no reúne las características necesarias para la práctica del esquí dada su baja innivación invernal y que aún será menor en los próximos años debido al cambio climático, como así apuntan todos los estudios científicos, lo que encarecería el mantenimiento de las instalaciones y haría imposible su rentabilidad.
    Debido a todos estos factores que desaconsejan la ampliación de las estaciones de esquí por Canal Roya y que el Gobierno de Aragón desoye es más que probable que estemos ante otro caso de intento de recalificación de terrenos y de especulación urbanística, un modelo de negocio que como todos sabemos solo beneficia a unos pocos y que nos ha llevado a la crisis actual que padecemos.
    El turismo del esquí puede y debe ser compatible con otro turismo activo y respetuoso con el medio ambiente y no una amenaza constante para la conservación del patrimonio natural y cultural. Para conseguir que esta amenaza desaparezca para siempre sería necesario retomar los trabajos paralizados desde hace años para la declaración de Canal Roya como parque natural, incluyendo también el macizo del Anayet, Canal de Izas y la sierra de la Partacua, bajo la denominación conjunta de Parque Natural del Anayet.
    https://www.change.org/p/gobierno-de-arag%C3%B3n-no-destruyan-el-valle-de-canal-roya-por-la-ampliaci%C3%B3n-de-las-estaciones-de-esqu%C3%AD

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