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Francia da el primer visto bueno a su ley climática

El texto, criticado por las organizaciones, está inspirado en las conclusiones de la asamblea ciudadana. En junio pasará por Senado para su aprobación final.
Asamblea Nacional de Francia. Foto: Richard Ying y Tangui Morlier

La Ley del Clima y Resiliencia de Francia está cada día más cerca mientras no cesan las críticas que la tachan de “insuficiente”. El proyecto, que en junio deberá pasar por el Senado para su aprobación definitiva, salió adelante con el apoyo del partido de Macron, con 322 votos a favor, 77 en contra y 145 abstenciones. Con uno de los debates más largos de la Quinta República, se necesitaron más de 110 horas de discusiones y varias semanas para llegar a una versión final de un texto que ha pasado de los 6 títulos y 69 artículos a 7 títulos y 218 artículos.

“Con esta ley marcamos un punto de inflexión al anclar la ecología en la vida cotidiana del pueblo francés, sin dejar a nadie atrás”, defendió la ministra de Transición Ecológica, Barbara Pompili ante el resto de grupos parlamentarios. La norma es el resultado de las propuestas lanzadas por la Convención Ciudadana por el Clima (CCC), muy crítica con las políticas climáticas y medioambientales del líder francés. Organizaciones como Greenpeace y la Red de Acción por el Clima la tachan de “oportunidad perdida” y lo definen como un “proyecto de ley para fingir que se actúa”.

Aun así, la ley climática incluye aspectos novedosos y de gran calado. Por ejemplo, se prohibirán las rutas aéreas nacionales que se puedan hacer en tren en menos de dos horas y media. Esta medida afecta a vuelos el París-Orly y Nantes, Burdeos o Lyon, si bien no termina de contentar a la asamblea ciudadana, que pidió prohibir todos los viajes en avión que se puedan hacer en cuatro horas en tren. En esta línea, la ley incluye prohibir la construcción de nuevos aeropuertos o ampliar la capacidad de los ya existentes.

En cuanto a movilidad sostenible, se incluye la ampliación de la ayuda para la compra de bicicletas eléctricas a cambio de vehículos contaminantes. Asimismo, la norma prohíbe la venta de automóviles que emitan más de 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro a partir de 2030. Y de cara a 2024, se limitará la circulación de los vehículos más contaminantes en las ciudades, cuadruplicando el número de zonas de bajas emisiones (ZBE). Y para 2040, ya no será posible comercializar vehículos pesados ​​que utilicen combustibles fósiles, diésel o gasolina.

También se incluyen una serie de actuaciones relativas a la alimentación. En las escuelas públicas, por ejemplo, se ofrecerá un menú sin carne y pescado al menos un día a la semana. A partir de 2023, en los comedores, Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares (CROUS) o restaurantes de la administración será obligatoria una opción vegetariana diaria.

Además, la ley añade otra petición histórica de las organizaciones al crear un nuevo delito penal, el ecocidio, que puede llevar a sanciones de hasta diez años de prisión y una multa de 4,5 millones de euros. Y a partir de 2025 no será posible alquilar viviendas de alto consumo energético.

Otra novedad importante es la regulación de ciertos anuncios de productos que contribuyen al calentamiento global, como los vehículos todoterreno, aunque sí podrá aparecer publicidad sobre los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas). Esta medida será efectiva un año después de entrar en vigor la ley.

El Gobierno de Francia, condenado por inacción climática

A pesar de esta ley ambiciosa en algunos aspectos, tanto el contenido de este texto como las acciones llevadas a cabo en los últimos años por el Ejecutivo de Macron no han sido muy aplaudidas. En marzo, la Convención Ciudadana por el Clima dictaminó que la política climática del Gobierno es insuficiente y no se ajusta a las propuestas presentadas. La votación, a cargo de más de un centenar de personas que conforman la asamblea, se saldó con una puntuación media global de 2,5 sobre 10.

Y no ha sido el único revés este año para Macron. Un mes antes, en febrero, el Tribunal Administrativo de París declaró culpable al Estado francés por faltar a sus propios compromisos a la hora de combatir la crisis climática. Actualmente, el compromiso de Francia es reducir sus emisiones en un 40% para 2030 en comparación a 1990, y alcanzar la neutralidad climática para 2050. Por tanto, es de esperar que la ley climática se deba actualizar para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París.

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