Así incumple el Gobierno catalán la Ley del cambio climático

Este artículo fue publicado originalmente en ‘Sentit Crític’.
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La Ley del cambio climático de Catalunya fue una de las últimas normas de la legislatura de Carles Puigdemont. El Parlament prereferèndum, de actividad frenética y tensión creciente, aprobaba por amplia mayoría el 1 de agosto de 2017 un texto que situaba a Cataluña “en el buen camino”, según el Movimiento por la Justicia Climática, que agrupa unas sesenta entidades ecologistas del territorio. La satisfacción, sin embargo, duró poco: el Tribunal Constitucional entró en juego y primero suspendió cautelarmente algunos artículos y más tarde eliminó de manera definitiva partes como la prohibición del fracking (la extracción del gas de yacimientos) o los objetivos de emisiones vinculantes legalmente. Aun así, la mayoría de los artículos de la Ley 16/2017 se mantuvieron y continúan vigentes.

Casi tres años más tarde, los informes de la ONU que alertan de los riesgos climáticos se han endurecido, el movimiento Fridays for Future ha sacudido la agenda mediática e incluso el Gobierno ha declarado oficialmente la emergencia climática. No obstante, la base legal para proteger el medio ambiente en Cataluña todavía no se ha desplegado. La secretaria de Medio Ambiente de la Generalitat, Marta Subirà, cree que el Gobierno “hace los deberes” pero opina que muchos de los plazos que marca la Ley son “poco realistas”.

Presupuestos de carbono: sin financiación ni medidas

Los presupuestos de carbono marcan un límite anual de emisiones de efecto invernadero a cada empresa, organización y territorio. No es un presupuesto monetario, sino un presupuesto de los gases de efecto invernadero que se le permiten a cada sector. Con esta herramienta, se concretan los objetivos de reducción de emisiones. Según la Ley, los presupuestos de carbono se establecen por periodos de 5 años, se aprueban con una antelación de 10 y se constituyen a propuesta del Grup de Experts de Canvi Climàtic. “Si se hace bien, es una herramienta muy potente: puede significar una transición ecológica muy planificada. El riesgo es que sean solo decorativos”, opina la experta en cambio climático Anna Pérez.

La Ley establece que el Parlament tiene que aprobar estos presupuestos para los años 2021-2030 antes de que acabe 2020, pero el grupo de seis expertos que está trabajando en ello ya se mostró pesimista respecto a este plazo antes de la pandemia de la COVID-19. De hecho, la creación de este comité, designado por el Parlament, se hizo un año y cinco meses más tarde de lo que marcaba la normativa. Los expertos recuerdan que su tarea es voluntaria y lamentan que no haya recursos para agilizarla: “Es mucho trabajo, y el presupuesto asociado es cero. Nosotros estamos ocupados con otros trabajos”. Más allá de los números que proponga el comité, también hay que regular cÓmo se harán realidad. Es decir, se tiene que decidir si los presupuestos serán vinculantes, si se pararán actividades económicas una vez se llegue al límite de emisiones y si habrá sanciones en caso de incumplimiento. Desde el Govern creen que se tiene que evitar “empezar la casa por el tejado” y se opta por concretar todos estos asuntos una vez se conozcan las primeras conclusiones del Grupo.

Impuestos verdes: uno aplazado y dos por desplegar

La Ley establece la creación de tres impuestos, de los cuales tan solo se ha puesto en marcha uno, el que graba las emisiones de CO₂ de los vehículos. Con la llegada de la crisis de la COVID-19, después de cuatro meses de su aprobación, el consejero Damià Calvet anunció que el Gobierno iba a rebajar temporalmente el importe y a aplazar el cobro. Los otros dos impuestos, referentes a las actividades económicas y a los grandes barcos, no se han desplegado a pesar de que legalmente la fecha tope para hacerlo era 2019. En los presupuestos de 2020 se incluye la creación de un nuevo impuesto verde, pero se limita a las instalaciones de empresas energéticas y de telefonía. Anna Pérez considera que estos cambios fiscales son positivos pero insuficientes: “Para hacer una transición como la que necesitamos, se necesita mucho más dinero del que se pueda recaudar con tres impuestos”.

Marco estratégico: pendiente de aprobación

El marco estratégico de mitigación es un documento que dibuja el camino en la lucha contra el cambio climático: establece los objetivos de reducción de emisiones y las medidas para conseguirlo cada 5 años. Además, según la Ley, estas medidas son obligatorias y el Govern tiene que informar anualmente al Parlament de cómo se están cumpliendo. El marco estratégico se tendría que haber aprobado antes de marzo del 2019 (un año después de que se levantara la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional), pero todavía no se ha hecho. La secretaria de Medi Ambient, Marta Subirà, cree que podría estar listo “en los próximos meses” y atribuye el retraso a la carencia de recursos del departamento. El organismo encargado de impulsar esta estrategia, la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, tiene solo 10 personas en activo y otras muchas funciones asociadas, como por ejemplo desarrollar los inventarios de emisiones o aplicar las legislaciones ambientales de la UE.

Huella de carbono: todavía sin reglamento

La Ley marca que todos los productos industriales finales, como por ejemplo una silla o un teléfono móvil, tienen que mostrar en el etiquetado qué huella de carbono han generado. Esta norma debe aplicarse antes del 2021, y se tendría que estar aplicando actualmente (antes del 2020) en el caso de los materiales para la construcción. Sin embargo, aún no se ha aprobado el reglamento para hacerlo efectivo en ninguno de los dos casos.

Mesa social: en fase de consulta pública

Se prevé la creación de una mesa de entidades sociales para asegurar la participación y el control ciudadano en las políticas climáticas. Esta mesa social del cambio climático tiene que ser consultada en temas clave, como los presupuestos de carbono. Según la Ley, se tendría que haber creado antes del 2018, no obstante, todavía no ha visto la luz. El pasado marzo, el Govern hizo una primera propuesta de miembros y funcionamiento del organismo, que actualmente está en fase de consulta pública. Según el borrador, las entidades ambientalistas solo tendrían 5 de los 65 votos de la mesa social. Los representantes del sector de la construcción también tendrían 5, los mismos que el sector energético. Las patronales dispondrían de 3 votos. El portavoz de Ecologistas en Acción, Miquel Vallmitjana, cree que “se tiene que excluir” a los poderes económicos de la mesa social porque su presencia representa un “conflicto de intereses”.

Energías renovables: solo se consume un 8,5%

La Ley marca que, en 2030, la mitad de la energía consumida tiene que ser de origen renovable. Aun así, según los últimos datos, sólo el 8,5% de energía que se consume en Catalunya es renovable, y desde 2013 no se ha inaugurado ningún parque eólico ni solar. Así pues, el objetivo para este año de llegar a un 20% renovable no se ha cumplido. Con todo, el Govern ha aprobado una reforma para reducir barreras administrativas y poder mejorar estas cifras. Desde Medio Ambiente, Marta Subirà reconoce que “es un tema que tenemos pendiente como país”, pero explica que hay que encontrar un equilibrio con otras demandas del territorio. El Departament de Territori explica que ha encontrado trabas a instalar infraestructura eólica cuando se ha considerado que podría perjudicar la capacidad agrícola o la biodiversidad.

Ley de residuos: dos años de retraso en la aprobación

El Gobierno tenía dos años para presentar en el Parlament un proyecto de ley de prevención de los residuos. Este plazo se ha agotado, y actualmente se prevé un retraso de unos dos años. Por ahora, se ha hecho una consulta pública a sectores locales, empresariales y ambientalistas con el objetivo de que hagan sus aportaciones. Ecologistas en Acción pide que esta ley obligue los productores a cubrir todo el coste de la gestión de los residuos y que se prohíban todos los plásticos desechables. Según los últimos datos disponibles, el objetivo de llegar a un 50% de recogida selectiva este año tampoco se cumplirá.

Educación: pasos tímidos de sensibilización

El texto establece que hay que trabajar para la sensibilización en cuestiones ambientales desde la educación primaria hasta la universidad y los ciclos formativos. Desde Ecologistas en Acción, Miquel Vallmitjana afirma que hay que “revisar todo el currículum” y añadir una asignatura climática en los estudios de secundaria. El Govern no ve la propuesta con malos ojos, pero remarca que “ya se está haciendo educación ambiental” con programas como Escoles Verdes.

Infraestructuras sin evaluaciones ambientales, a los tribunales

El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) paró cautelarmente las obras de ampliación de la autopista C-32 en Lloret de Mar. Según el Tribunal, el proyecto del Govern había incumplido la Ley porque no había evaluado concienzudamente el impacto ambiental de esta infraestructura. El caso está aún por resolver, pero organizaciones ecologistas como SOS Costa Brava celebraron que “por fin” alguien tuviera “en cuenta la Ley del cambio climático”. El Departament de Territori y la Oficina Catalana del Canvi Climàtic están preparando un nuevo informe de impacto ambiental para responder al TSJC y continuar con la construcción de la carretera. La Ley puede entrar en juego por la vía judicial en otras grandes infraestructuras que están en proceso de expansión, como el puerto o el aeropuerto de Barcelona. Los organismos que promueven estas ampliaciones son AENA y la Autoridad Portuaria de Barcelona, los dos bajo el control del Estado. Aun así, el Govern y otras instituciones podrían llevar estos proyectos a los tribunales si creen que se está incumpliendo la Ley del cambio climático.

Salud: comités de especialistas y de seguimiento para evaluar los riesgos

El Departament de Salut ha creado un comité científico y un grupo de coordinación para evaluar los efectos del cambio climático en la salud y promover políticas que protejan a los grupos de riesgo. Estos comités harán seguimiento de temas como las olas de calor o la contaminación de los alimentos con la intención de poder anticiparse, en la línea de lo que marca la ley del cambio climático. La ambientóloga Anna Pérez cree que la actuación del Govern es poco coherente con su declaración de emergencia climática: “Sencillamente no es una prioridad. Y esto le hace pensar a la ciudadanía que la emergencia no es tan grave”. Desde Ecologistas en Acción ven la Ley del cambio climático como la cara más evidente de un problema sistémico: “La política general del Govern se continúa basando en la idea del crecimiento ilimitado. Creer que la emergencia climática se puede resolver así es un error”, asegura Miquel Vallmitjana.

Este artículo fue publicado originalmente en ‘Sentit Crític’.
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