Miguel Hardy Guimaraes Vasquez tenía un billete listo para viajar desde su Perú natal hasta Santiago de Chile. Iba a asistir a la COP 25, que supuestamente debía celebrarse allí cuando recibió la noticia de su traslado a Madrid. “Hemos perdido muchos pasajes y muchos compañeros no han podido viajar”, asegura el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, una organización de defensa de los derechos indígenas de esa región peruana. Por compañeros se refiere a otros activistas de los pueblos indígenas de Latinoamérica que esperaban que la cumbre de Chile se convirtiera en una oportunidad de ver su papel clave en la lucha contra la emergencia climática reconocido.
Madrid lo cambió todo, aseguran. “El espíritu de allá, acá cambió mucho […] En Chile pensábamos que iba a haber otra dinámica pero se vino para Europa y eso perjudicó mucho”, explica Juan Carlos Jintiach, asesor técnico de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quien esperaba que la celebración de la cumbre en Chile les ayudara a abrir puentes de diálogo con sus propios gobiernos nacionales. “Los pueblos indígenas hemos sido muy excluidos en su mayoría [en Latinoamérica]. No hemos sido parte de la construcción nacional”, continúa el activista.
Aunque los temas indígenas siguen en la agenda y la ONU considera a los grupos del Caucus de Pueblos Indígenas de Chile como prioritarios en la participación ciudadana de la COP 25, para Jintiach el apoyo internacional a los pueblos indígenas es todavía “muy efímero”. “Es una cuestión muy crítica. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por llegar acá para tener un diálogo directo con los gobiernos y los [organismos] multilaterales porque el cambio climático es algo que nos afecta directamente”, explica.
Las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el pasado mes de septiembre asegurando que salvaría antes Notre Dame que el Amazonas, son un testimonio de ello. Y así se lo reprochó esta mañana Mario Agreda, representante del Movimiento Indio de América, al entregarle una carta de defensa de la Amazonia. “Los niños y los jóvenes, en el futuro, tienen que respirar. El Amazonas es más importante que una iglesia”, le dijo Agreda.
Naciones Unidas asegura, sin embargo, que se ha incrementado la participación de las comunidades indígenas con la creación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en la COP21 de París de 2015 y de un grupo de trabajo específico este año.
La presidencia de la COP anunció a finales de octubre que el gobierno de Chile había decidido suspender el evento por las “legítimas demandas sociales” de la ciudadanía chilena, según el comunicado oficial. Demandas legítimas que, según Human Rights Watch, han intentado ser acalladas con “violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención” por parte de la policía de Chile.
La atención que se está prestando además a los tecnicismos del Acuerdo de París, y en concreto al Mercado Internacional de Carbono introducido en el artículo 6 que se está negociando en esta cumbre, hace también temer a los activistas que los aspectos sociales queden en segundo plano. “El artículo 6 es una referencia de algo global, es un punto. Pero cuidado que no caigamos en el tema macroeconómico y nos olvidemos mirar el tema de fondo, porque si no solo es una COP de negocios”, asegura Jintiach. “Hay que humanizar las cosas, hay que cambiar la perspectiva”.
Guimaraes Vasquez recuerda por su parte que las partes negociadoras a menudo olvidan las limitaciones de los activistas indígenas sobre el terreno “porque si denunciamos la deforestación, se nos llevan presos”. Esos son los afortunados. En 2018, al menos 168 activistas medioambientales fueron asesinados, 83 de ellos en Latinoamérica, según la ONG Global Witness. “Los esfuerzos que hacemos por preservar el medio ambiente no son suficientes, porque las empresas tienen mucho poder y a menudo colaboran con los gobiernos”, asegura este activista que acude por primera vez a una cumbre del clima.
La deforestación en la Amazonía ha batido este año un nuevo récord, con la tasa más alta en la última década; y, sin embargo, “está demostrado que es en los territorios indígenas donde menos se deforesta”, asegura Robinson López, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de COICA. Según el Instituto Mundial de los Recursos (WRI en sus siglas en inglés), más del 50 por ciento de la tierra del planeta está controlada por pueblos indígenas. En esas zonas, la deforestación suele ser menor.
Por ello, asegura López, es necesario que los proyectos de desarrollo tengan el consentimiento previo de los pueblos indígenas afectados. “Su eficacia”, explica, está demostrada a la hora de preservar el medio ambiente. Algo que, a pesar de que la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por seis de los nueve países de la cuenca de la Amazonia, reconoce el derecho de los pueblos a la consulta libre, previa e informada, rara vez se cumple. “El derecho a la consulta previa no se está implementando con las garantías plenas ni atendiendo los estándares internacionales en esta materia”, asegura López.
La organización de López ha presentado así durante la COP 25 una propuesta de un “Protocolo de Consulta Regional de los pueblos indígenas de la Amazonía”, en la que se respeten mecanismos de auto-consulta de los propios pueblos y por el que se cancelen los proyectos que no respeten sus deseos. Pidió además iniciativas de protección de los activistas locales, ayudas para llevar a cabo acciones jurídicas contra los gobiernos que no respeten sus derechos y un plan de reforestación y sanación del entorno. “El territorio está enfermo, está en crisis y debemos actuar todos en solidaridad”, aseguró.
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