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Joe Biden: un año de promesas climáticas rotas

A pesar de las múltiples declaraciones en las que el presidente estadounidense ha enfatizado la urgencia de hacer frente al cambio climático y de que su país lidere la acción, "los resultados dejan mucho que desear", analiza la periodista y escritora.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en una imagen de archivo. Foto: REUTERS/Leah Millis.
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Se puede afirmar sin titubear que 2021 ha sido uno de los años más devastadores en cuanto a catástrofes climáticas de la historia de Estados Unidos. Desde la gran ola de frío que asoló Texas en febrero, matando a más de 200 personas y dejando a 4 millones sin electricidad y miles sin agua potable, hasta los recientes tornados ocurridos en el Medio Oeste, pasando por los ya habituales incendios de California o el huracán Ida, que arrasó tanto Luisiana como, en su recorrido hacia el noreste, barrios de Nueva York o Filadelfia, los efectos del cambio climático son imposibles de negar para una ciudadanía, la estadounidense, que cada vez está más alarmada con el fenómeno, como demuestra una encuesta reciente de Associated Press.

Esta preocupación social encuentra su correlato en las palabras del presidente Joe Biden, quien hace aproximadamente un año tomaba posesión del cargo con una agenda que albergaba un ambicioso plan medioambiental que prometía reducciones drásticas de gases de efecto invernadero para 2030 –hasta un 50%– junto con un despliegue de infraestructuras sostenibles e inversión en energías renovables destinados a crear miles de puestos de trabajo.

Han pasado doce meses y, a pesar de las múltiples declaraciones en las que ha enfatizado la urgencia no sólo de hacer frente al cambio climático, sino de erigirse como líder mundial en esta empresa, los resultados dejan mucho que desear, bien por las dificultades a la hora de aprobar leyes debido a la mayoría exigua de los demócratas en el senado, o bien por iniciativa del propio partido.

Todo comenzó con una victoria diplomática y algunas medidas más simbólicas que materialmente significativas al comienzo de su legislatura. Biden se apresuró a firmar la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París y, por orden ejecutiva, paralizó la concesión de nuevos permisos para la extracción de gas natural y petróleo en zonas federales terrestres y marinas. Sin embargo, esta última orden fue pronto bloqueada por un juez federal y, a día de hoy, la administración de Biden ha batido récords a la hora de autorizar la extracción de combustibles fósiles, a pesar de que no estaba necesariamente obligada a ello, según revela una nota del Departamento de Justicia publicada por The Guardian.

En materia legislativa, dos propuestas han destacado en el Congreso del país norteamericano. La primera, aprobada el pasado verano con apoyo de 17 representantes republicanos, consistió en un plan de infraestructuras cuyas principales provisiones climáticas fueron eliminadas o bien modificadas para lograr el beneplácito de la oposición, lo cual se tradujo en un recorte de las partidas presupuestarias.

Como ya explicábamos en este medio, quedaron fuera de este paquete de medidas la investigación climática, la descarbonización del sector industrial y la inversión en edificios eficientes energéticamente, y se redujo considerablemente la financiación para electrificar vehículos y ampliar la red de transporte ferroviario. De hecho, la ley aprobada en verano se parecía mucho más a un plan de obras centrado en mejorar la resiliencia de las deficientes infraestructuras del país que a una propuesta medioambiental.

Ante las críticas de grupos ecologistas y de los sectores más progresistas del partido demócrata, Biden prometió trasladar muchas de las iniciativas climáticas en el tintero a un nuevo paquete de ayudas, el llamado Build Back Better (Reconstruir mejor), que actualmente se encuentra en la cuerda floja. Tras haber sido refrendado en la cámara de representantes por mayoría simple, el plan, que implica un gasto federal de 1,75 billones de dólares, de los cuales 555 mil millones se dedicarían a la inversión en energías limpias, no cuenta con el respaldo de ningún senador republicano ni tampoco con el del demócrata Joe Manchin, representante de Virginia Occidental.

El senador Manchin, cuyos vínculos con la industria del carbón son conocidos, se ha convertido en el mayor obstáculo para que se cumplan los objetivos medioambientales de Biden, puesto que su negativa al plan lo bloquea de facto en la segunda cámara. A pesar de las concesiones ya hechas –se descartó, por ejemplo, un programa de energías limpias que habría garantizado ventajas fiscales a las empresas que prescindiesen de combustibles fósiles–, el Build Back Better no tiene visos de aprobarse a menos que mengue aún más su contenido destinado a limitar emisiones. Con ello, Biden estaría obligado a implementar su agenda medioambiental directamente desde sus competencias ejecutivas, es decir, a base de decretos que, muy probablemente, serían llevados a juicio y, en caso de llegar al Tribunal Supremo, tumbados por su mayoría conservadora. Por descontado, una posible victoria republicana en las próximas elecciones presidenciales supondría la revocación de muchas -si no todas- las acciones puntuales del ejecutivo actual.

Teniendo en cuenta este panorama político, y las presiones a las que se enfrenta una administración cuya popularidad ha decaído en los últimos meses por motivos que pasan por la gestión de la pandemia pero también de la economía –el fantasma de la inflación, que ha alcanzado su cifra más alta en 40 años, un 7%, pesa en la legitimidad de Biden– es difícil vaticinar una mejora en la lucha contra el cambio climático por parte del país norteamericano.

Poco parecen importar los 99 mil millones de dólares en pérdidas que distintas tragedias medioambientales provocaron en 2020, o los 150 mil millones que produjeron el año pasado, según los Centros Nacionales de Información Medioambiental. La misma agencia gubernamental ha alertado también de la frecuencia con que se dan desastres naturales cuyos daños ascienden a más de mil millones de dólares: si de 1980 a 2021 la media era de 7,4 anuales, en los últimos cinco años (2017–2021) ha subido a 17,2. La emergencia no perdona. El negacionismo apenas tiene cabida en una población cada vez más sensibilizada con un problema que genera estragos visibles, presentes, ineludibles, tanto en dólares como en vidas humanas. Aun así, la acción institucional no llega.

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