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“Estimada ministra. ¿La crisis del coronavirus restará ambición a la lucha contra la emergencia climática?”, preguntaba esta semana un usuario de Twitter a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera. Su respuesta fue clara y directa: “No”.
La crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19 afecta a todo el planeta. Un tercio de la población mundial vive ya confinada en sus hogares. Todos los esfuerzos políticos, sociales y científicos están concentrados en frenar lo antes posible el coronavirus y poder volver a la normalidad.
Sin embargo, toda esta coyuntura está generando una enorme parálisis a todos los niveles. No se libra ni la acción decidida en defensa del clima, que parece estar quedándose en un segundo plano, a pesar de que debe ser un año crucial para la toma de decisiones. El más importante, tal vez.
A principios de año, el Gobierno de España dio un gran paso al declarar la emergencia climática. El anuncio, lejos de quedarse en palabras que se lleva el viento, iba acompañado de un total de 30 líneas de acción calificadas como «prioritarias». Cinco de esas medidas se ejecutarían en los primeros cien días. Sin embargo, la situación actual pone muy difícil cumplir lo prometido.
El teórico plazo para presentar las medidas vence a mediados de abril, por lo que aún existe cierto margen. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran a Climática que ya están preparadas y a la espera de saber cuándo se podrán llevar a un consejo de ministros monopolizado por cuestiones únicamente extraordinarias. Entre las propuestas que se espera que se aprueben está la ansiada –y determinante– Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Otras medidas, como la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, se podrán poner en marcha desde el momento en que la situación se normalice, sin necesidad de pasar por ningún trámite.
La Ley de Cambio Climático no termina de llegar
El estado de alarma instaurado en España desde el 14 de marzo también ha afectado a los periodos de alegaciones e información pública. Ambos se encuentran paralizados, por lo que todo se ralentiza más, apuntan desde el Ministerio. Un ejemplo es el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, cuyo plazo de consulta pública debía finalizar hoy, pero que queda suspendido hasta nueva orden. A pesar de estos contratiempos, en el ministerio confirman que se sigue trabajando en todo lo relacionado con los planes climáticos.
Lo que tendrá que esperar también serán los nuevos impuestos ‘verdes’ que tenía previsto introducir el Gobierno de coalición. Como publicaba recientemente lainformación.com, los impuestos a los billetes de avión y a los plásticos, así como la subida del diésel, han quedado paralizados debido a la crisis económica desencadenada por la pandemia.
Ambos gravámenes estaban en fase de consulta pública por parte del Ministerio de Hacienda, pero con la situación actual quedan parados, explica el mismo medio. A esto se le suma que, una vez superada la crisis sanitaria, el Gobierno espera activar estímulos económicos, por lo que los dos impuestos se guardarían a la espera de una época mejor.
Las grandes reuniones climáticas, en jaque
En noviembre, debe celebrarse en Glasgow la COP 26, la última cumbre del clima antes de que entre en vigor el Acuerdo de París. Por ahora, sigue adelante, aunque ya son varias las voces que piden su cancelación. La misma suerte puede correr la clásica reunión previa, conocida como preCOP, que acoge en septiembre Italia, el país europeo que más está sufriendo la pandemia. La que no se llegará a celebrar cuando estaba prevista es la COP 15 sobre Biodiversidad, fijada para octubre de este año, que ha sido pospuesta oficialmente sin fecha.
Otra cita importante a la que rodea la incertidumbre es la cumbre UE-China de septiembre, la cual podría llegar a cancelarse si el brote no se controla pronto. Esto supone una mala noticia para las aspiraciones de crear una gran alianza climática entre ambas potencias.
Obstáculo para lograr el objetivo de emisiones
Más allá de citas internacionales, la crisis por el COVID-19 puede provocar que algunos países intenten aprovechar para echar por tierra los objetivos climáticos. La semana pasada, el primer ministro checo, Andrej Babis, cuyo país depende de la energía nuclear y el carbón, afirmó que la Unión Europea tendría que dejar a un lado la ley climática, cuyo fin máximo es lograr emisiones netas cero para 2050.
Son las mismas reservas mostradas por el Gobierno de Polonia, único país que no se ha comprometido con el objetivo de reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero: “Como consecuencia de esta crisis, nuestras economías serán más débiles, las empresas no tendrán suficientes fondos para invertir y la finalización de algunos importantes proyectos energéticos podría verse retrasada o incluso suspendida”, aseguró recientemente el Ministerio de Medio Ambiente en declaraciones a Reuters. Por ello, afirman, “alcanzar nuestros objetivos climáticos será todavía más difícil”.