Reportaje publicado originalmente en Sentit Crític (en catalán) el 16 de noviembre de 2020.
A pesar de la declaración oficial de emergencia climática, en Catalunya continúan apareciendo proyectos problemáticos en el ámbito ambiental. Mientras en el Baix Llobregat se prevé la construcción de decenas de miles de pisos en espacios naturales, en la Catalunya Central se denuncia la contaminación de los purines. En el Pirineo preocupan los planes de la industria de la nieve, y en la Terra Alta, la masificación eólica. Aun así, estos planes se encuentran, a menudo, con la oposición de ciertos movimientos. Las asociaciones ecologistas y vecinales son las que se ocupan de poner en la agenda pública todos estos conflictos: desde la construcción de un chalé en un acantilado de Palafrugell hasta la proyección de un megacomplejo petroquímico de Tarragona.
Crític ha impulsado una investigación para poner de relieve qué conflictos ambientales abiertos hoy en Catalunya se han encontrado, durante los dos últimos años, con una oposición social y política activa. Este medio ha recogido las denuncias de 92 entidades, organizaciones y plataformas ecologistas y vecinales de todo el país para elaborar el Mapa de los conflictos ambientales en Catalunya. Este es un proyecto colaborativo en permanente actualización que, en esta segunda edición, recoge un total de 92 casos de conflictos abiertos en todo el territorio, relacionados con problemáticas urbanísticas, de infraestructuras o de energía. Más de un tercio de los conflictos (36 en total) tienen que ver con cuestiones urbanísticas que mayoritariamente afectan a la costa catalana.
El proyecto del Mapa sigue abierto y en actualización continua. La primera versión recogía 80 conflictos, y se han incorporado 12 más a partir de las propuestas e ideas de subscriptores y lectores. Si conocéis una organización ecologista o vecinal que esté trabajando este 2020 para ubicar en la agenda un conflicto ambiental, lo podéis hacer llegar a las compañeras de Crític a la siguiente dirección email: info@elcritic.cat o a través de las redes sociales con el hashtag #conflictesambientals. El equipo de Crític estudiará la información y la incorporará en el Mapa. El criterio para incluir un conflicto ambiental abierto en el Mapa es que haya recibido una oposición activa por parte de un movimiento u organización ecologista durante los últimos dos años.
El mundo de la construcción es el protagonista del conflicto ambiental más común en Cataluña. El patrón se repite, sobre todo, en la costa catalana: solo 5 de los 36 casos detectados en el ámbito de los conflictos urbanísticos se alejan del mar. El Mapa también muestra la concentración de casos alrededor de tres zonas litorales en concreto: 15 en la Costa Brava, 10 en el Baix Llobregat y cinco en la Costa Dorada.
Aun así, los proyectos son bastante distintos los unos de los otros. Las construcciones vinculadas al turismo y a las segundas residencias son la tónica dominante en el Empordà. Muchos proyectos, sin embargo han acabado siendo cancelados o reducidos después de negociaciones entre ecologistas, promotores, ayuntamientos y la Generalitat. Otros se han limitado gracias a resoluciones judiciales. En la cala de Aiguafreda, en Begur, por ejemplo, se ha parado un plan que preveía construir 275 casas y tres hoteles. En cambio, en sa Guarda, en Cadaqués se mantiene el proyecto del diseñador Custo Dalmau que tiene como objetivo construir una urbanización de 100 casas y un hotel de lujo. En la mayoría de los casos, ha sido la plataforma SOS Costa Brava quien ha impulsado las denuncias.
En el Baix Llobregat, en el Área Metropolitana de Barcelona, la expansión urbanística tiene que ver con la voluntad de algunas ciudades metropolitanas de crecer. Es el caso del área residencial estratégica (ARE) Prat Sud, que contempla la construcción de unas 3.000 viviendas en los terrenos agrícolas próximos al aeropuerto, o del nuevo barrio de Levante en Viladecans. El nuevo Levante ocupará 55 hectáreas; y ha sido especialmente polémico después de que se supiera que podría afectar una especie protegida de sapo detectada a la zona. El alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), es el presidente de la Xarxa de Governs Locals +Biodiversitat, y, aun así, defiende el plan urbanístico.
El Plan de Poniente, entre Gavà y Castelldefels, merece una mención especial. Se trata de la promoción más grande de vivienda de Catalunya: cuatro nuevos barrios y unas 4.900 viviendas sobre terrenos agrícolas y forestales. Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà y promotora del proyecto, es también la secretaria nacional de Estrategia de Clima del PSC.
Más al sur, destacan dos grandes promociones. Por un lado, el complejo de Barcelona World, suspendido temporalmente por la justicia y rebautizado como Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, que el Gobierno quiere mantener a pesar de la sentencia del TSJC. Por otra parte, está el Aeródromo de Terramar, en Sant Pere de Ribes. El proyecto del Aeródromo prevé la construcción de un centro internacional de competiciones automovilísticas y de hípica, además de una zona hotelera y un gran parking en mismo emplazamiento.
Hay que tener en cuenta que las zonas litorales ya concentran un grado alto de construcciones: según datos del Departament de Territori i Sostenibilitat, el 59% de línea de la costa catalana ya está urbanizado. Si no tenemos en cuenta el delta del Ebro ni el Cap de Creus, de geografía muy particular y especialmente protegida, el porcentaje sube hasta el 81%.
En el ámbito de las infraestructuras y la energía, la segunda actualización del Mapa de los conflictos ambientales detecta 21 casos relevantes. La cosa va de centrales nucleares, parques eólicos, líneas de Muy Alta Tensión (MAT) y los problemas que los rodean: las instalaciones para la generación y para el transporte de energía levantan polvareda en al menos nueve puntos de Catalunya. Los motivos tienen que ver con su carácter no renovable, la masificación en determinadas zonas o la afectación a los ecosistemas. Concretamente, este 2020 se han visto protestas en Camp de Tarragona y en Terres de l’Ebre contra la masificación eólica en sus comarcas. De la misma manera, la antigua demanda para cerrar las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs sigue vigente, y en zonas del Pirineo y La Selva se reclama que no se instalen nuevos puntos de MAT.
Las ampliaciones de puertos y de aeropuertos también han encontrado oposición. En El Prat, una plataforma reivindica la disminución de estas grandes infraestructuras. En cuanto a las autopistas, en el caso de la C-32 se ha llegado a un punto de suspensión cautelar por incumplimiento de la Ley del cambio climático. En el Pirineo, el partido se juega entre el vecindario más conservacionista y el mundo del turismo de la nieve: está en juego el desdoblamiento de la C-16, la ampliación de La Molina y la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. La denuncia está vehiculada, principalmente, por la plataforma SOS Pirineu. Por otro lado, la gestión del agua ha abierto frentes en infraestructuras clave como el canal Segarra-Garrigues y en puntos como el río Siurana o la Vall Fosca.
El Mapa de los conflictos ambientales detecta 16 puntos calientes relacionados con residuos, vertidos y contaminación. El foco, en este caso, se concentra en lugares como Cercs (Berguedà), Juneda (Garrigues), Mataró (Maresme) o Montcada i Reixac (Vallès Occidental). En todos estos sitios ha habido planes de incineración, y en todos ellos ha habido oposición local. En Montcada, el vecindario se queja, desde hace años, por la combustión de residuos que la cementera utiliza para generar energía. En Juneda, el mismo combustible se quiere usar para tratar purines.
Los purines también generan oposición en las comarcas con más densidad de industria ganadera. Según el estudio anual del Grup de Defensa del Ter, en 2020 la media de contaminación de 164 fuentes de agua de Osona y el Lluçanès era de 72 mg/litro, muy por encima del límite de potabilidad, establecido en 50 mg/litro por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También hay protestas contra la actuación concreta de varias empresas cárnicas, como la denuncia a los mataderos de Sant Martí de l’Esquirol y Navès por haber derramado, presuntamente, amoníaco y sangre en las rieras de la zona.
Las grandes ciudades tampoco se salvan de aparecer en este apartado; y lo hacen de la mano de la contaminación atmosférica (en los casos de Barcelona, Tarragona o Sabadell) y los vertidos de aguas residuales (en el caso de Castelldefels y Sant Adrià del Besòs).
Los difíciles equilibrios entre el progreso económico, la salud, el territorio y el empleo están el origen de este apartado, que suma 11 puntos conflictivos, cinco de los cuales pertenecen a problemas con la minería y cuatro ocasionados por polígonos o planes de desarrollo industrial. En Tarragona, el debate sobre la petroquímica es el ejemplo más evidente. En otros casos, la mirada está puesta en polígonos industriales considerados innecesarios o improductivos por los ecologistas. Esta diatriba se vive en municipios como Ripoll o Molins de Rei, pero también, y a más gran escala, en zonas como la Conca d’Òdena o El Penedès. En estos dos últimos casos, la disputa es por los planes industriales territoriales que promueve el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
La minería también provoca conflicto en, al menos, cinco puntos en el territorio. En La Vall d’Aran, algunos vecinos intentan evitar la apertura de una mina de tungsteno, mientras que en el Bages la reivindicación se concentra en el uso del agua de instalaciones mineras en activo, como ocurre en Súria; o en los residuos generados por aquellas minas que ya han sido cerradas, en el caso de Sallent.
Algunas de las reivindicaciones ecologistas locales no van contra ningún proyecto en concreto, sino que alertan sobre la falta de conservación general de algunas zonas. Décadas después de la lucha contra el Plan hidrológico nacional de Aznar, la preocupación por la regresión del delta del Ebro sigue muy vigente. Una de sus partes más vulnerables, la barra del Trabucador, ya se ha visto sobrepasada en al menos tres ocasiones por el oleaje del mar.
La apuesta por la preservación de la biodiversidad se replica a pocos kilómetros, en la lucha contra la comercialización de los olivos del Montsià. También se hace visible en varios puntos del Montseny. En este Parque Natural, preocupan las actuaciones de la l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en varios ríos. Los esfuerzos se centran en impulsar una iniciativa legislativa popular que preserve el paisaje y que evite la masificación.
Reportaje publicado originalmente en Sentit Crític (en catalán) el 16 de noviembre de 2020.
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