Marie Toussaint: “El gobierno francés incumple sus propias leyes climáticas”

Organizaciones ecologistas de todo el mundo han decidido emprender la vía judicial contra algunos gobiernos. La razón es tan sencilla como triste: que cumplan lo que han firmado. En esa situación se encuentran las cuatro asociaciones francesas que se querellaron contra el gobierno de su país por su “inacción” a la hora de combatir el cambio climático. Agrupadas en torno al llamado Affaire du Siècle (‘el Caso del Siglo’), Notre Affaire à Tous, la Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y la Humanidad, Greenpeace Francia y Oxfam Francia consiguieron la semana pasada un gran éxito en el Tribunal Administrativo de París.

Una de las impulsoras de este litigio, la eurodiputada verde Marie Toussaint, participó ayer en un coloquio con el coportavoz de Equo, Florent Marcellesi, y con Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España, para analizar las causas que han empujado a tantos defensores del medioambiente a trasladar su activismo a los tribunales.

“Hay un doble discurso del gobierno francés: uno en casa y otro en Europa”, explica Toussaint. “Por un lado apoya la iniciativa europea de elevar los objetivos sobre reducción de emisiones mientras que en Francia presenta unas leyes muy diferentes. Y dice, además, abiertamente, que la probabilidad de que se consiga esa reducción es del 50%”.

Toussaint, que es una de las fundadoras de la organización Notre Affaire à Tous, es especialmente severa con el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Le acusa de retorcer los argumentos climáticos y de jugar con el enfado social que hoy vive su país. Todo para evitar comprometerse y para desviar su responsabilidad. “En noviembre de 2018 comenzaron las manifestaciones de los chalecos amarillos. Un mes después presentamos la petición de l’Affaire du Siècle [que consiguió reunir más de 2 millones de firmas] y la respuesta del gobierno fue: ‘Efectivamente, hay un retraso climático pero no es culpa nuestra. La culpa, sólo en parte, la tienen las empresas. Y, sobre todo, la tienen los ciudadanos. No tenéis más que mirar a los chalecos amarillos. No quieren actuar contra el cambio climático’. ¡Pero no era eso lo que decían!”, relata Toussaint.

Es cierto que los chalecos amarillos empezaron a movilizarse para protestar contra el aumento en el impuesto a los carburantes, pero el movimiento se ensanchó, dando lugar a otras reivindicaciones sociales. Entre ellas, también, las ecológicas. “Lo que decían los chalecos amarillos es que debemos proteger el clima, cuidar nuestra alimentación y salvaguardar la biodiversidad, pero que las políticas tienen que ser justas”, explica Toussaint. De ahí, por ejemplo, que reclamaran la recuperación del impuesto a las grandes fortunas. Y en ese punto Macron, conocido popularmente como “el presidente de los ultrarricos”, no iba a ceder. “La mayoría de los chalecos amarillos apoyaron l’Affaire du Siècle y firmaron la petición”, asegura Toussaint. “La prueba de que no existe ese conflicto entre trabajadores y defensores del clima es que escribí un libro junto a Priscillia Ludosky, una de las grandes personalidades del movimiento de los chalecos amarillos. Y en él pedíamos justicia y el fin de las violencias medioambientales”.

La participación ciudadana

Otra de las demandas de los chalecos amarillos desde el principio fue horizontalizar la política, lo que contrasta con la verticalidad que siempre ha caracterizado al régimen republicano francés. Macron recogió el guante, pero lo hizo a su manera: no se abrirían las urnas a la voluntad popular (como sucede en Suiza) pero sí se debatiría más. Para tratar los temas sociales lanzó una iniciativa bautizada como “el Gran Debate Nacional”, una gira por todo el país en la que se reunió con alcaldes y centenares de representantes de la sociedad civil. El gran problema resultó ser que el propio Macron consumía casi todo el tiempo con sus intervenciones, con lo que más que debates eran mítines.

Para afrontar el problema medioambiental organizó un sistema similar: la Convención Ciudadana por el Clima. Tras participar en ella, los ciudadanos convocados volverían a sus casas con un rechazo presidencial a la mayor parte de sus propuestas. “La misión de esa convención era proponer acciones para solucionar nuestro retraso en materia climática —explica Toussaint—. Después de un año de trabajo, se entregaron 149 propuestas muy diversas. Iban desde la alimentación, los viajes en avión o el uso de pesticidas hasta la publicidad. El gobierno las recogió, las estudió durante seis meses, pero sólo acabó aceptando el 30%. Y así lo ha reflejado en la ley que acaba de presentar”. Un gesto claramente insuficiente, a juicio de Toussaint. Incluso peligroso: “Es una negación de la democracia y también una amenaza para nuestro futuro”, recalca la eurodiputada.

Promesas incumplidas

Notre Affaire à Tous, la organización a la que pertenece Marie Toussaint, nació tras el Acuerdo de París de 2015. La finalidad de aquel pacto era mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, pero para que fuera un objetivo realista muchos científicos esperaban políticas más restrictivas respecto a las emisiones de CO₂. No fue así. Y para colmo, los límites establecidos entonces, menos ambiciosos que los propuestos inicialmente por los activistas, tampoco se cumplieron. Ese fue el desencadenante de la estrategia judicial que desembocó en l’Affaire du Siècle.

“Nos dimos cuenta de que Francia no respeta sus propias leyes en la lucha contra el cambio climático”, explica Toussaint. “El gobierno francés quiere, lógicamente, que los ciudadanos respeten las leyes. Pero cuando se trata de leyes medioambientales y cuando estas le afectan a él directamente, no hace lo mismo”.

Siguiendo la senda marcada por l’Affaire à Tous (y antes la de la fundación Urgenda, que en 2015, logró una condena contra el Estado de Países Bajos por inacción climática), tres organizaciones han denunciado al Estado español por los mismos motivos. Se trata de Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón.

En la charla con Toussaint y Marcellesi, Lorena Ruiz-Huerta mostró una gran alegría por el éxito conseguido la semana pasada por sus colegas franceses y encontró grandes similitudes entre ese “doble discurso” de Macron y las políticas climáticas en España.

Su caballo de batalla es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo borrador (además de llegar tarde) rebaja sensiblemente las ambiciones de nuestro país en su contribución a la lucha contra el cambio climático. “El PNIEC no será legal —afirma Ruiz-Huerta— hasta que no tenga un objetivo de reducción de emisiones acorde con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París”. Y esa meta, a su juicio, apenas se vislumbra en el texto.

“La comunidad científica, representada por el IPCC [el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas], ha sido muy clara al respecto: hay que reducir las emisiones un 7,6% cada año hasta 2030 para acercarnos al límite de 1,5ºC de aumento de la temperatura global. Eso equivale a rebajar un 55% las emisiones de aquí a 2030. El gobierno de España, en su borrador del PNIEC, tiene previsto reducirlas únicamente un 23%. Eso está muy lejos de la recomendación científica”, advierte Ruiz-Huerta.