Etiquetas:
Era domingo. 3 de septiembre de 2023. Pasaban pocos minutos de las dos de la tarde cuando casi todos los móviles de la Comunidad de Madrid empezaron a emitir un sonido estridente. La alarma, acompañada de una notificación en la pantalla de los móviles y un mensaje de texto, la lanzaba Protección Civil tras la alerta roja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con motivo de una DANA asociada a fuertes precipitaciones. El aviso, sin embargo, no llegó a todo el mundo.
Algunas personas tenían desactivada la opción de recibir mensajes de ES-Alert. Otras, simplemente, no pudieron escucharla o leerla, o incluso ambas cosas. Según la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la alerta estaba bien diseñada, ya que tenía componentes visuales llamativos, pero muchas personas del colectivo no la recibieron. Al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) también llegaron comentarios y quejas de personas con discapacidad visual y de personas sordociegas, uno de los grupos de población que tiene mayores dificultades en el acceso y en el ejercicio del derecho a estar informado.
«Estos sistemas de alerta son muy positivos. Pero para que la tecnología sea una verdadera aliada de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia todavía nos queda mucho por avanzar en accesibilidad«, señala Gregorio Saravia, delegado especial del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad. «Sin accesibilidad, los derechos de las personas con discapacidad quedan muy dañados». Esta, sin embargo, no es la única barrera que intensifica la vulnerabilidad de las personas con discapacidad frente a los impactos del cambio climático.
De obstáculos y capacidad de reacción
Una de cada dos personas vive en zonas muy vulnerables al cambio climático, según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor e inundaciones, se están volviendo más frecuentes e intensos, alimentados por una atmósfera y un océano cada vez más cargados de energía. Es cierto que los impactos del cambio climático se notan más en algunos lugares que en otros, pero, en realidad, la vulnerabilidad tiene poco que ver con la geografía. Está más bien relacionada con todos aquellos factores que dificultan la capacidad de reacción y resistencia de una persona ante una amenaza.
Así, los desastres relacionados con el cambio climático nos afectan a todos, pero no por igual. Son especialmente perjudiciales para la salud y el bienestar de todas aquellas personas que ya estaban en riesgo antes del desastre, que carecen de recursos económicos o que viven en situación de marginación. De acuerdo con la ONU, entre los colectivos más vulnerables al cambio climático están las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidad. Estos últimos enfrentan una serie de desafíos únicos durante los desastres ambientales.
Ante una emergencia climática, las personas con discapacidad se ven más afectadas y, como resultado, tienen más probabilidades de fallecer. Según los datos recabados por la organización Human Rights Watch, las personas con discapacidades psicosociales o problemas de salud mental tienen entre dos y tres veces más probabilidades de morir durante una ola de calor, tanto por el impacto de ciertos medicamentos en la capacidad del cuerpo para regular la temperatura como por el acceso limitado a herramientas para afrontar la emergencia. Las personas con discapacidades físicas son propensas a experimentar mayor dolor y fatiga en los días calurosos y, durante las inundaciones, no suelen recibir todo el apoyo que necesitan para acceder a los servicios de emergencia y evacuación.
De acuerdo con la ONU, los eventos meteorológicos extremos conectan con muchos otros factores de vulnerabilidad y exacerban las desigualdades de las personas con discapacidad en materia de acceso al sistema sanitario y a la asistencia (incluyendo la ayuda técnica para las tecnologías que mejoran sus funciones físicas), en materia de acceso a comida, una vivienda adecuada y saneamiento o en materia de movilidad (las opciones de migrar o cambiar de lugar de residencia tras un desastre son escasas para este colectivo).
Uno de los ejemplos de la compleja relación entre discapacidad, vulnerabilidad y cambio climático en el que los datos son más claros lo encontramos en Canadá. En junio de 2021, la provincia de la Columbia Británica experimentó una ola de calor extremo imposible de entender sin meter el cambio climático en la ecuación. A su paso dejó 619 personas muertas por causa de las altas temperaturas. De ellas, según un análisis del gobierno de la provincia, el 91% tenía una condición médica crónica o una discapacidad y el 90% era mayor de 60 años.
«El caso de la Columbia Británica es bastante único. En general, es muy difícil conseguir estos datos desagregados», señala Jonas Bull, investigador de Human Rights Watch. Bull acaba de publicar un informe sobre la respuesta inadecuada de las autoridades de España y Andalucía ante las necesidades de las personas con discapacidad durante las olas de calor. «No podemos saber cuántas mueren a causa del calor en España, pero el informe muestra que estas se ven particularmente afectadas por las temperaturas extremas, tanto a nivel físico como mental, y tanto por causas individuales como por las barreras sociales y políticas que multiplican su vulnerabilidad», añade.
La adaptación a un cambio climático cada vez más presente pasa, entre otras cosas, por establecer estrategias efectivas de prevención y de respuesta ante emergencias. Y estas deben tener en cuenta que la exposición a los riesgos no es igual para todos. «Hay muchas barreras que aumentan la vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante los desastres. Existen, por ejemplo, barreras de actitud, que subestiman la capacidad de participación social de las personas con discapacidad. También existe una falta de accesibilidad a la información, un barrera especialmente importante para las personas con discapacidad visual», explica Giselly Gomes, investigadora en Educación Ambiental, Comunicación y Arte de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil.
Desde el año 2017, Gomes ha estudiado la situación durante desastres ambientales de las personas con discapacidad visual que viven en la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. «En el caso de las personas con discapacidad visual, las condiciones de vulnerabilidad no están estrictamente definidas por sus capacidades físicas y cognitivas, sino más bien por las condiciones que las rodean, como factores ambientales y actitudinales, problemas de acceso a la información y falta de participación social en los debates que influyen en sus vidas», añade la investigadora.
La inclusión como forma de resistencia climática
Los datos recabados en Cuibá y las entrevistas de campo hechas durante los últimos años confluyeron en un artículo, publicado en enero de 2022, en el que Giselly Gomes y otros investigadores brasileños resaltaron la importancia de incluir a las personas con discapacidad visual en el debate y en el diseño de las políticas de prevención de desastres. Solo así, concluyeron, se podrá reducir la invisibilidad de este grupo de población y disminuir todas las barreras que acentúan su vulnerabilidad.
«En el diseño de las políticas de adaptación al cambio climático es necesario consultar a las personas con discapacidad visual sobre las acciones, los programas y las políticas públicas relacionadas. Este entorno también debe estar preparado para facilitar los procesos de información y de comunicación, teniendo en cuenta las características de este colectivo», señala Gomes. «La crisis climática está en marcha. Al igual que entendemos que somos los principales responsables de este proceso y que debemos actuar, también debemos entender que las soluciones necesitan de la participación de todos. Las personas con discapacidad no están destinadas a sufrir por ser grupos vulnerables. Toman sus propias decisiones y tienen responsabilidades hacia el mundo que las rodea. Por tanto, pueden actuar para escapar de su condición de vulnerabilidad».
«Lo primero es una cuestión de mirada. Cada vez que las administraciones crean una política o una estrategia deben tener en cuenta la importancia de la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas», añade Gregorio Saravia, del CERMI. «En este cambio de mirada no se puede seguir viendo a las personas con discapacidad como destinatarias de algún tipo de ayuda especial por la desgracia que han tenido. Son titulares de los mismos derechos que el resto y tienen que poder ejercer esos derechos en igualdad de condiciones. Si logramos cambiar esa mirada, vamos a dejar de ver a las personas con discapacidad como un problema y pasaremos a verlas como parte de la solución».
«Debemos mejorar la participación de todos los colectivos en el debate de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Solo así lograremos reducir la vulnerabilidad a largo plazo», explica Jonas Bull. Cuando el equipo de Human Rights Watch hizo el trabajo de campo en Andalucía, las autoridades de varias ciudades como Sevilla resaltaron, entre otras cosas, que contaban con una red de refugios climáticos para las olas de calor. Sin embargo, esta red apenas se utilizaba y nadie parecía saber por qué. «Todavía no hay ningún estudio concluyente, pero la falta de uso de estos refugios parece estar muy relacionada con la falta de accesibilidad y de información, dos factores que afectan especialmente a las personas con discapacidad», añade.
A modo de resumen, Human Rights Watch establece unas recomendaciones claras a nivel gubernamental para reducir la vulnerabilidad climática de las personas con discapacidad, más allá de garantizar que sean parte del debate y de las soluciones. Desarrollar sistemas de información y alerta adecuados. Proteger el acceso a la atención médica durante eventos climáticos extremos. Garantizar que la información sobre mitigación y adaptación al cambio climático sea accesible. Recopilar datos detallados sobre el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. Cumplir con los compromisos de financiación de las políticas de mitigación y adaptación.
Y, claro, reducir las emisiones de forma drástica, abandonando los subsidios a los combustibles fósiles y cualquier estrategia que implique el desarrollo de nuevos proyectos de explotación de petróleo, carbón o gas, para así contener los peores efectos del cambio climático.
«Nadie está exento de ser, en algún momento, una persona con discapacidad, y el 65% de este colectivo lo forman personas mayores», concluye Gregorio Saravia. «Los problemas del cambio climático no reconocen fronteras. Si construimos un mundo más inclusivo, construiremos un mundo más respetuoso con los derechos humanos. Y de eso nos vamos a beneficiar todos».