De espacio degradado a oportunidad renovable: Catalunya puede cubrir su demanda energética con un 14% del territorio

España está a la cola de las renovables. A pesar de la oportunidad que la invasión rusa en Ucrania ha ofrecido para plantear una nueva forma de generar energía, varias comunidades autónomas no podrían ser capaces de autoabastecerse por mucho tiempo. La Comunitat Valenciana, Cantabria, Euskadi, las islas Baleares y Madrid generaron menos del 15% de la electricidad que necesitaron en 2021, según los últimos datos de la Red Eléctrica (REE). Catalunya lo hizo por muy poco (15,6%).

Es justamente en el territorio catalán donde están surgiendo alternativas para cambiar esta realidad. Existen iniciativas que ayudarían a conseguir los objetivos propuestos para 2030 sin invadir zonas de cultivo y espacios naturales protegidos. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, una agrupación de 95 entidades y plataformas catalanas, presentó durante el mes de febrero tres estudios que lo demuestran.

“Catalunya dispone de 33.861 hectáreas de suelos degradados disponibles para instalar fotovoltaica. Esta superficie permitiría colocar placas con capacidad para generar 19.918 MW de potencia, que supondrían una producción de 29.898 GWh al año. Lo suficiente para proporcionar la energía eléctrica que necesitan más de ocho millones de personas“.

Esta es la premisa de los informes expuestos por la organización: aprovechar los espacios antropizados y degradados. Redes viarias, tejados, canales de riego, pedreras no restauradas… Toda zona que sirva para llegar al millón de tejados solares.

La AP-7 y Tarragona como focos del cambio

Según uno de los estudios, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad, España tiene capacidad para generar más de 272.037 GWh al año sin provocar ningún impacto ambiental. Catalunya es la segunda comunidad autónoma con mayor potencial para colocar placas solares en tejados y zonas industriales por detrás de Andalucía, con un 11% de superficie. Si hablamos de superficie artificial e industrial —en la que se incluyen tejados residenciales naves industriales, colegios, polideportivos edificios públicos o centros comerciales—, entonces ese porcentaje asciende a un 14%.

Más allá de estas zonas, en Catalunya hay una autopista que tiene un gran atractivo. La AP-7 se extiende desde La Jonquera, en el Alt Empordà, hasta Ulldecona, en Montsià. En total, más de 340 kilómetros que se podrían utilizar para la instalación de placas solares y que cubrirían entre un 3 y un 5% del la demanda eléctrica del territorio.

Esta mínima acción podría “aportar el 4% del consumo eléctrico de Catalunya. Pero, haciendo una intervención más intensa, es decir, básicamente ampliando los tramos cubiertos con fotovoltaica o combinando fotovoltaica y minieólica se podría quintuplicar la producción de renovables“, explica un segundo estudio elaborado por Sergi Saladié, profesor de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), y el geógrafo Lluís Salvat. Ambos investigadores han llegado a la conclusión de que, contando falsos túneles, cubiertas de áreas de servicio y taludes, se podrían instalar 1 761,09 MW de potencia fotovoltaica, con una producción anual de 2.056,40 GWh.

Tarragona, por otro lado, también tiene cierto atractivo para los fines renovables. La instalación de fotovoltaica en espacios urbanos de la demarcación puede llegar a tener un potencial energético de 8.632,58 GWh al año, con lo que se cubriría con creces el objetivo del 50% para 2030 y hasta entre el 90% y el 147% de la demanda eléctrica en el mejor de los escenarios.

Más allá de eso, alrededor del 95% de los municipios de la comarca podría llegar a ser autosuficiente. Así lo ha demostrado el tercer estudio sobre autoabastecimiento eléctrico a partir de energía fotovoltaica y eólica, elaborado por miembros del Grupo de Recerca de Análisis Territorial y Estudios Turísticos del Departamento de Geografía de la URV.

Ante las evidencias, inacción

Propuestas como las publicadas durante este último mes no son nuevas en Catalunya. En julio de 2021, la Xarxa presentó un plan de acción para aprovechar los tejados y producir más del 50% de la electricidad que se consumía en aquel momento en el territorio. Por aquel entonces, tampoco obtuvieron respuesta por parte de la administración. ¿Por qué?

El provecho de superficies ya ocupadas consta en la ley autonómica de Cambio Climático aprobada en 2019. Sin embargo, “este artículo es vulnerado constantemente al aprobar grandes macrocentrales de renovables lejos de los espacios de consumo y ninguna de ellas, mediana o grande, está ubicada en espacios degradados. Más del 90% se plantean en zonas rurales y agrícolas de alto valor, incluso en zonas de riego, a pesar de que Catalunya es muy deficitaria en la producción de alimentos, dado que solo producimos un 45%”, aseguró Joan Vázquez, presidente de la Institució de Ponent per a la Conservació i l‘Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA) y de la Federació d’Ecologistes de Catalunya, en la presentación de los informes.

Una de las razones de la negativa de la administración podría llegar a ser el sobrecoste de construir las miles de hectáreas para llegar pronto al objetivo actual para 2030. “Es fácilmente deducible que implantar energías renovables en superficies degradadas o espacios antropizados tendrá un sobrecoste. Pero, desde un punto de vista de estrategia de futuro de país, se deben encontrar los mecanismos para asumir los costes de la instalación. Sobre todo teniendo en cuenta que todas estas centrales renovables obtendrán beneficios al año de su funcionamiento“, defiende Montserrat Coberó, miembro de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa.

Llevar a cabo acciones como estas también tiene otro obstáculo: la falta de transparencia. “Aunque es obligatoria la presentación anual de informes de responsabilidad social corporativa respecto a los proyectos renovables, estos no se publican”, explica Juan Avellaner, coautor del informe del Observatorio de Sostenibilidad. “Nos gustaría conocer los impactos —también socioeconómicos y culturales— de las grandes centrales fotovoltaicas ya instaladas en el territorio. Es la única forma de saber cómo evoluciona el sector y cómo se puede aprender de él”.

En otros países de Europa ya se han puesto en marcha planes como los descritos. Pero España sigue aceptando macroproyectos de grandes empresas que impiden la viabilidad de otros más ambiciosos.

Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado un total de 152 iniciativas, tanto fotovoltaicas como eólicas, a lo largo de 243 municipios. Más de la mitad de ellos pertenecen a empresas de capital extranjero, como la italiana Enel, dueña de Endesa, o la eólica saudí Al Fanar. En el panorama nacional, encontramos a Iberdrola, que invertirá en 17 de esos proyectos, y a Javier Botín, hijo del expresidente del Banco Santander, uno de los bancos que más financian la expansión de combustibles fósiles en África.

“A la administración no se la puede agotar con miles de proyectos. Necesitamos uniformidad y racionalidad en el procedimiento e incluso en las autorizaciones”, reclama Avellaner.

El potencial energético de Catalunya se ha demostrado en estos estudios solo en este último año, sin contar los estudios anteriores. “Nos quedan siete años para llegar a 2030. El inventario de superficies degradadas y aprovechables tendría que ser un trabajo a realizar entre ayuntamientos y la Generalitat en un plazo máximo de un año“, calcula Coberó. “Si existe voluntad, se pueden lograr todas las modificaciones necesarias en la normativa para facilitar la implantación de renovables en estos espacios a tiempo. Lamentablemente, no la vemos por ningún lado”.