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Queralt Castillo Cerezuela
Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y por el medio ambiente y el derecho a la tierra se continúan asesinando líderes y lideresas de comunidades de todo el mundo, especialmente en América Latina, pero también en otros rincones del planeta. Los y las defensoras de la tierra son, desde hace tiempo, el blanco de empresas que quieren despojar de las tierras a las comunidades que las habitan para llevar a cabo negocios de todo tipo, como extracciones mineras o proyectos hidráulicos. Este año, la efeméride cae en medio de una pandemia que tiene en jaque a todo el planeta y que ha puesto a un tercio de la población en confinamiento estricto, pero la lucha es ahora incluso más necesaria.
En 1993, nacía la Vía Campesina, actualmente con presencia en 81 países y una red formada por unos 250 millones de campesinos. Hoy continúan luchando por el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la tierra, el agua, la justicia climática y los derechos a la tierra. Muchos de estos campesinos han sido asesinados desde entonces.
Los medios denuncian, pero los gobiernos no hacen nada. Hace justo un año, los compañeros de 5W, revista especializada en reporterismo internacional, publicaba un especial: ‘Tierra sin ellas‘, un interactivo sobre Elsy Angulo, Lolita Chávez y Domina Mora, mujeres que alzaron la voz en Colombia, Guatemala y Paraguay, respectivamente, y que lo pagaron con la vida. Ellas son tan solo un ejemplo más de una larga lista de nombres de mujeres que han sido asesinadas por defender la tierra que habitan.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la zona experimenta uno de los periodos más convulsionados vividos en la región: «Desde principios de esta década, sufrimos una escalada de ataques a los procesos democráticos; reversión de las pequeñas conquistas sociales logradas entre 2002 y 2010; aumento de las tasas de deforestación y del número de sequías e inundaciones; así como una creciente persecución, criminalización y muerte de defensores/as de derechos socioambientales”.
El 3 de marzo de 2016, el asesinato de la activista indígena Lenca Berta Cáceres daba la vuelta al mundo: había defendido con uñas y dientes los derechos del pueblo Lenca durante los últimos veinte años de su vida, y con ella la pagó. En su punto de mira estaban los megaproyectos que violaban los derechos ambientales de las comunidades locales, concretamente Desa, la empresa hidroeléctrica que operaba en el territorio. Más tarde, se supo que fue esta empresa quien había contratado a siete hombres para que asesinasen a Cáceres; así lo determinó el Tribunal Nacional Penal de Honduras.
En junio de 2018, Lígia Arreaga, periodista y activista por el medio ambiente, se iba de Barcelona después de haber estado un año asilada en la capital catalana por supuestas amenazas por parte de AGSE (Agricultura y Servicios Panamá S.A.), cuyas operaciones ponen en peligro los manglares de Matusagaratí, los más grandes de Panamá. Los cultivos de arroz ponen en peligro el ecosistema frágil y Arrega hace años que lo denuncia, al tiempo que expone su vida y se arriesga a perderla.
Las luchas van desde los Andes peruanos hasta la Patagonia chilena. En los primeros, la extracción minera (que afecta a las lagunas de abastecimiento de agua en los pueblos a causa del uso de cianuro y mercurio) amenaza el modo de vida de las comunidades locales; por ello, la resistencia campesina comunitaria descentralizada está asentando desde hace años una nueva cultura de acción política para hacer frente al colonialismo minero. Lo hacen a través de frentes de defensa locales y provinciales, consultas, marchas, paros y cortes de carretera; lucha, por otra parte, respuesta con la militarización de la región por parte del gobierno. Pero las comunidades lo tienen claro: no bajarán la cabeza ante el colonialismo minero que les arrebata las tierras y los recursos naturales.
En Chile, el pueblo mapuche continúa luchando contra Enel Endesa y otras empresas hidroeléctricas. América Latina es la región con más recursos hídricos del mundo, y las hidroeléctricas aprovechan esta circunstancia para desarrollar proyectos al tiempo que prometen un desarrollo y una prosperidad a las comunidades locales que nunca llega. Estas, por el contrario, se ven obligadas a cambiar su modo de vida y producción mientras ven cómo la construcción de presas divide y disemina las comunidades y acaba sus modos de producción tradicionales. Por la recuperación de las tierras y para frenar la proliferación de proyectos hidroeléctricos en Chile lucha, desde 2011, Patagonia sin Represas (PSR), un conglomerado de 68 entidades que trabajan de manera coordinada.
También el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) viene denunciando, desde 2003, la apropiación de sectores claves de la economía de Latinoamérica por parte de empresas multinacionales de capital extranjero. El OMAL documenta y sistematiza información sobre el poder, el impacto y la dimensión económica, política, social, ambiental y cultural de las transnacionales y ofrece información y sensibilización sobre derechos humanos y derecho a la tierra. El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna también trabaja en la misma línea, asesorando y ofreciendo acompañamiento a las comunidades locales afectadas por la implementación de proyectos de desarrollo de carácter extractivo.
También en el continente africano tienen sus propios mártires. En Sudáfrica, el séptimo productor de carbón del mundo, la lucha ecologista tiene que hacer frente a explotaciones mineras que van en contra del medio ambiente y las comunidades. En lo que va de década, numerosos activistas han sido atacados y amenazados por luchas contra las compañías de extracciones mineras, que a menudo no cumplen con los acuerdos preestablecidos amparándose en una legislación ambigua y confusa.
Si algo bueno trajo 2019 fue una movilización masiva a favor del medio ambiente y en contra del cambio climático. Extinction Rebellion y Fridays for Future, entre otros, consiguieron movilizar a jóvenes y no tan jóvenes de más de 130 países y de más de 1.600 ciudades que reclamaban medidas reales. Pusieron en jaque la agenda mediática y Greta Thunberg se alzó como la portadora del mensaje: “Queremos soluciones ya”. La Juventud por el Clima ha llegado para recordarnos que solo hay un planeta y que nos lo estamos cargando a pasos agigantados.
Especialmente significativa fue la manifestación del 15 de marzo de 2019: estudiantes universitarios y de secundaria de las principales ciudades del mundo, se calcula que 1,6 millones, salieron a las calles. Desde Nueva Zelanda hasta Bangladesh, pasando por Latinoamérica y las capitales europeas. Todo un hito.
Las iniciativas para alzar la voz contra el cambio climático han tenido eco tanto en el norte como en el sur global. En las Islas del Pacífico, conocidas como SIDS (Small Islands Developing Staes), donde viven un total de 9,2 millones de personas repartidas en unas 300 islas (de las 7.500 que hay), destaca la iniciativa Pacific Climate Warrirors. Los habitantes de estas pequeñas islas están siendo los primeros en notar los efectos del cambio climático, ya que el deshielo de los polos está provocando la subida del nivel del mar y algunas islas ya han empezado a ser engullidas por el agua. En 2017, los Pacific Climate Warriors pusieron en marcha la campaña #HaveYourSei para que la COP23 tuviese en cuenta sus demandas.
También el continente africano se ha empezado a movilizar a favor del medio ambiente. Destaca la campaña #AfricaVuka (antes deCOALnise Africa), que persigue frenar el desarrollo de los carburantes fósiles en África y presionar a los gobiernos para que hagan una apuesta por las energías renovables. Se encuadra dentro del movimiento 350Africa.
Con la tragedia de la COVID-19, una idea queda clara: hay que repensar la manera en cómo concebimos el planeta y el medio ambiente.
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MásPúblico sociedad cooperativa. Licencia CC BY-SA 3.0.
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«Las empresas multinacionales se han aprovechado del COVID-19 Lock Down para continuar con violaciones impugnadas que hacen que muchos se queden sin hogar, desesperanzados y hambrientos»
Alerta de acción urgente:
https://twitter.com/LandRightsNow/status/1271092401948569600
Actúa con las comunidades para detener el acaparamiento ilegal de tierras en Uganda. Pide al gobierno ugandés que proteja a las comunidades locales del acaparamiento de tierras
A pesar de la prohibición del gobierno ugandés de las transacciones de tierras durante el cierre de COVID-19, se aceleraron los desalojos ilegales de tierras y las concesiones en los territorios comunitarios. Ahora que el bloqueo se está levantando gradualmente, las comunidades continúan reportando casos.
Mientras que el Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano de Uganda actuó para proteger a las comunidades al pedir un alto total de los desalojos y transacciones de tierras impugnadas durante el cierre COVID-19, esta prohibición no se respetó y continuaron los desalojos. El encierro y las restricciones de viaje impiden que las organizaciones de la sociedad civil puedan acompañar a las comunidades durante las negociaciones. Los perpetradores se han aprovechado de esta situación para seguir adelante con desalojos violentos. Esto representa una amenaza significativa cuando las comunidades, y el mundo, pueden permitirselo menos.
Los pueblos indígenas de Uganda y las comunidades locales han cuidado sus tierras durante generaciones, pero la falta de derechos a la tierra deja a muchos de ellos vulnerables al acaparamiento de tierras por parte del gobierno y el sector privado. Cuando las comunidades pierden sus hogares a manos de la agricultura de plantaciones, petróleo y gas, o minería, también pierden sus medios de vida, seguridad alimentaria e identidades.
La pandemia COVID-19 ha exacerbado las amenazas a las comunidades de todo el mundo: el acaparamiento de tierras y los abusos contra los derechos humanos agravan el riesgo inminente para la salud pública y los efectos bien documentados de la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema.
Respetar la #landrightsnow comunitaria es más urgente que nunca. Los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo desempeñan un papel clave en la protección de los bosques y la biodiversidad, que los científicos confirman que es clave para prevenir futuros brotes de enfermedades infecciosas.