¿Por qué se debe restablecer (o no) la Comisión de Energía 10 años después de que el PP la diluyera en Competencia?

El objetivo de la Ley 3/2013, de 4 de junio, fue la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la integración, dentro de la misma, de siete organismos supervisores que, hasta entonces, funcionaban de manera independiente. Entre ellos, la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Mariano Rajoy (PP) era el presidente del Gobierno en aquel momento y la decisión, según el propio texto legislativo, se asentó en tres patas principales: seguridad jurídica y confianza institucional; austeridad, y “la transformación que tiene lugar en los sectores administrados”.

La realidad, indica a Climática Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables y coordinador del Área de Energía de Sumar, es que se hizo “para quitar a su presidente: tras casi ocho años de Ejecutivo socialista, fue la manera que utilizó el PP de poner el contador a cero”.

Antes de llegar al Gobierno, el propio portavoz económico de los populares, Cristóbal Montoro, ya dejó claro que el PP “no respetaría la renovación de los reguladores”, publicó entonces Cinco Días.

Sánchez se compromete a recuperar la CNE

Diez años después, en su discurso de investidura, el ya reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a recuperar este ente: “Quiero anunciarles que vamos a restablecer la Comisión Nacional de Energía suprimida por el Gobierno del Partido Popular, que va a ser clave para garantizar y mejorar el funcionamiento del sector energético y la diversificación de sus operadores”, afirmó.

Recobraría, por tanto, su independencia (al menos la funcional). Cuando centralizas una actividad, señala Ferrando, “hay cosas específicas que pierden su razón de ser: la presidenta de la CNMC está a la vez comprobando que en Sálvame no digan tacos en horario infantil y asegurándose de que Iberdrola no manipule el precio del mercado mayorista”.

Por ello, considera positivo este movimiento, que, hace hincapié, “estaba en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, a iniciativa de Sumar”. Para él, la energía es un bien de primera necesidad y “hay que dotarla de capacidad, leyes y especialistas para que funcione de acuerdo a unas reglas más exhaustivas”.

A eso se refiere también Marcial González de Armas, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid: “Es una buena idea crear un organismo ad hoc, pero debe conllevar una dotación extra de recursos para todo ese aparato legal que hace falta mover en paralelo a la transición energética”.

La Comisión Nacional de Energía: un ente politizado

El Consejo es el principal órgano de gobierno de la CNMC. Su presidenta, Cani Fernández, también preside la Comisión, y sus 10 miembros (tal y como estipula la Ley 3/2013) son “nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados”.

Tendrían que ser independientes, comenta Albert Banal-Estanol, profesor del Departamento de Economía y Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, “pero no lo son. Esto no debería ser un organismo público, eso ya lo tenemos, sino técnico”.

El problema, sostiene Ferrando, es de interpretación: “El nombramiento tendría que salir del poder legislativo, del Congreso, y muchas veces se confunde Congreso con Gobierno. Llevamos 12 reales decretos ley de temas energéticos y ninguna ley. Este abuso del posicionamiento del Gobierno frente al poder legislativo nos lo deberíamos hacer mirar”.

En otros países, agrega Banal-Estanol, “cuando la gente ve que los precios de la energía se disparan piden cuentas al regulador, que es el que vela por el funcionamiento del sector, no van al ministro o al Gobierno”.

Y ese ha sido, en opinión del profesor, el principal inconveniente de haber diluido la CNE dentro de la CNMC: “Es verdad que se ahorraron costes, pero, mirándolo en retrospectiva, la decisión fue negativa porque invisibilizó la Comisión Nacional de Energía. Hemos tenido una crisis energética brutal, y siempre hemos escuchado a Teresa Ribera, pero ella es la ministra, es de un partido político, y ha de defender a su Gobierno. Toda la parte técnica, la de cómo funciona el mercado, y también la de rendir cuentas, debería haber recaído en el regulador”.