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Desde 2013, el 87% de los fondos públicos de la Unión Europea para proyectos de gas natural ha ido destinado a proyectos respaldados por empresas del mismo sector que tienen un enorme poder sobre la forma en que se distribuyen los fondos. Se trata de una cantidad de unos 4.000 millones de euros. Así lo revela una nueva investigación de la ONG internacional Global Witness.
Estas empresas de gas natural, que trabajan bajo la asociación ENTSOG (Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas, creada en 2009) ayudan a elegir qué proyectos -como gasoductos o terminales de importación- respaldará la UE. Se conoce, además, que ENTSOG habría sobreestimado las previsiones de las necesidades de GAS de Europa, lo que pone en entredicho el cumplimiento de los compromisos climáticos y lo que es más grave: se usa dinero público, aportado por el contribuyente, para financiar proyectos innecesarios y dañinos que van en contra de la lucha contra el cambio climático, el Pacto Verde Europeo y los principios del Acuerdo de París.
Global Witness assegura que ENTSOG ha negado rotundamente que haya conflicto de intereses y que sobreestimen la demanda de gas, pero lo cierto es que las estimaciones para el periodo 2013-2019 fueron entre un 5 y un 21% más altas de la demanda real. No es la primera vez que pasa: las previsiones hechas en 2009 para el periodo 2010-2013 fueron un 22% más altas que la demanda final.
Fin de los subsidios a los combustibles fósiles
Ante esta situación, Global Witness propone que las tareas de ENTSOG sean transferidas a un organismo público verdaderamente independiente, que la Unión Europea desarrolle los mecanismos necesarios para la evaluación de los Proyectos de Interés Común (PIC) y que todos los proyectos en torno a los combustibles fósiles no tengan posibilidades de recibir subsidios, ya que van en contra de la lucha contra el cambio climático. También se pide una mayor transparencia.
Connie Hedegaard, Comisaria de la UE para la Acción Climática de 2010-14, presidenta de la Junta de la Misión de la Comisión de la UE sobre la Adaptación al Cambio Climático, y presidenta de la Mesa Redonda de la OCDE para el Desarrollo Sostenible apuesta por “sustituir el ENTSOG por un grupo de gobernanza independiente que guíe las decisiones de la UE, asegurando que el dinero público se destine a proyectos energéticos que impulsen el Acuerdo Verde y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero”.
El cumplimiento de los objetivos climáticos pasa por la eliminación de los combustibles fósiles, como el gas natural. Por lo tanto, “no tiene ningún sentido que las empresas de combustibles fósiles se integren en el proceso de adopción de decisiones de la Unión Europea para la construcción de nuevas infraestructuras energéticas”, apunta Hedegaard.
Además, Global Witness reclama que se revise el reglamento de las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E) de la UE, centradas en los PIC. “Las RTE-E deben ser revisadas este año para alinearlas con el Pacto Verde Europeo, ya que el reglamento actual es anterior al Acuerdo de París”, se lee en el comunicado enviado a prensa.
“Es el momento de detener esto y reconstruir una Europa mejor. La demanda de gas se ha estancado durante años y, a causa de la pandemia, el consumo se está desplomando. Incluso antes de la COVID-19, la UE se comprometió a reducir las emisiones de efecto invernadero a través de la Directiva Europea de Energías Renovables de 2018, la demanda de carbono cero para 2050 y el Acuerdo Verde Europeo, aún en desarrollo. A medida que Europa reinicia su economía, no debería desperdiciar miles de millones en infraestructuras de combustibles fósiles no necesarias y que impiden cumplir con los objetivos en la lucha contra el cambio climático. La UE debería priorizar proyectos de infraestructuras que apoyen un futuro sostenible a partir del uso de fuentes de energía renovable. El primer paso para lograr esto es enmendar las Regulaciones RTE-E, eliminar la influencia de las compañías y dejar de financiar los proyectos de combustibles fósiles”, se insiste en el informe.
Según E3G, un grupo de expertos en cambio climático, la RTE-E es el núcleo del éxito o fracaso del Green New Deal. Su informe publicado recientemente asegura que la Infraestructura Energética es actualmente responsable de más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.