Cuando Gregoire Fraty fue convocado en 2019 a la Convention Citoyenne pour le Climat (Convención Ciudadana del Clima) que se organizó en Francia, él no sabía nada sobre la emergencia climática, ni sobre participación ciudadana. Sencillamente, fue elegido por sorteo para participar en la primera asamblea por el clima que se ha realizado en Europa, junto a otras 149 personas mayores de 16 años, para configurar una muestra representativa de la población francesa según criterios de género, edad, territorio, profesión y nivel socioeconómico.
Gregoire Fraty aceptó, por civismo y por el futuro de su hija de tres años. En su libro recién publicado, Moi, citoyen (Yo, ciudadano), relata esa experiencia política de participación ciudadana que le ha cambiado la vida.
Durante la primera sesión de información general en octubre 2019, escuchó la presentación científica detallada, factual y contrastada de la magnitud real de la crisis climática y ambiental. También escuchó el dramático balance de la inacción pública de las últimas décadas: pese a las recomendaciones científicas, desde 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en un 60% y los efectos serán devastadores para ésta y las próximas generaciones.
Al salir de esta primera sesión, Gregoire Fraty, como otras muchas personas integrantes de la Convention Citoyenne pour le Climat, tuvo una crisis de ansiedad: “algunos se pusieron a llorar y todos estuvimos en estado de shock”.
En junio de 2020, tras nueve meses de intenso trabajo en plena pandemia, la asamblea ciudadana había reaccionado con fuerza colectiva para superar el choque inicial: presentó al gobierno un informe de 146 propuestas. En palabras del portavoz de Greenpeace Francia, Clément Sénechal, la asamblea ciudadana es la clave para impulsar decisiones de transformación ecológica profundas y socialmente justas: “Solo podemos contar con las ciudadanas y los ciudadanos para evitar el desastre, para tener la valentía que los responsables políticos no tienen.”
Es por eso que Extinction Rebellion incluyó desde sus inicios como una de sus tres demandas centrales la constitución de las Asambleas Ciudadanas, para romper la dinámica de impotencia política y adoptar las medidas necesarias.
En España: ¿Asamblea Ciudadana por el Clima o simulacro digital?
Las oleadas de desobediencia civil no violenta movilizadas por Extinction Rebellion en el Reino Unido y la presión conjunta de los chalecos amarillos, grupos sociales y ecologistas en Francia, lograron que en 2020 se establecieran las Asambleas Ciudadanas por el Clima en Inglaterra, Francia y, a partir de noviembre hasta la fecha, en Escocia.
En enero de 2020, el Gobierno de España, siguiendo los pasos de países de nuestro entorno, hacía una declaración de emergencia climática junto a un programa de acciones, entre ellas la presentación de una Ley de Cambio Climático –actualmente en tramitación parlamentaria-, y el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Ciudadana por el Clima. A diferencia de Francia, Reino Unido y Escocia, donde las restricciones por la pandemia del COVID no fueron obstáculo, el gobierno español se escudó en ellas para no llevar a cabo su convocatoria durante el año 2020.
Según mensajes recientes emitidos desde círculos gubernamentales, y según consta en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, todo indica que sería en este año cuando se llevará a cabo lo que Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha denominado Asamblea Ciudadana por el Clima. Nos parece paradójico de entrada que la posible convocatoria de esta ACC sea posterior a la aprobación de la Ley del Clima, al contrario de la ocurrido en Francia, donde se hizo en orden inverso, justamente con la previsión de recoger las propuestas de la Convention Citoyenne.
Además, parece que se organizará de manera virtual mientras que todos los órganos de nuestra democracia representativa, tanto a nivel autonómico como central, se reúnen de forma presencial cumpliendo con las actuales reglas sanitarias.
Basándonos en las recientes experiencias europeas, presentamos lo que consideramos fundamentos mínimos para que lo que desde el gobierno se denomina Asamblea Ciudadana por el Clima sea realmente un instrumento que merezca tal nombre.
1. El objetivo concreto de la asamblea
El Parlamento Europeo propuso en septiembre pasado que Europa reduzca sus emisiones de efecto invernadero en un 60% -respecto a los niveles 1990- en 2030. Posteriormente, en diciembre, el Consejo Europeo -con el voto favorable del Gobierno de España- dejó en un 55% este objetivo de reducción de las emisiones. Creemos que ambos objetivos se quedan cortos si queremos realmente mantenernos por debajo de 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Sin embargo, los objetivos marcados por las instituciones europeas son los mínimos que debería recoger la pregunta que se encomiende a la Asamblea Ciudadana en España.
También nos parece clave que, junto a unos objetivos de reducción de emisiones y un horizonte de tiempo claros, la pregunta incluya, como se hizo en el caso francés, la necesidad de que las propuestas se hagan con una visión que garantice la justicia social.
Cualquier pregunta que baje de estos mínimos o que se formule en términos ambiguos, supondrá un brindis al sol. No se puede convocar una Asamblea Ciudadana por el Clima a bombo y platillo, y encargarle como tarea que sea cómplice del incumplimiento de los mínimos compromisos ya adquiridos por el propio gobierno. Para ese viaje no harían falta estas alforjas.
2. Un compromiso político vinculante: deliberar para actuar
A nadie escapa que éste es el punto clave. Estos días ya han empezado a oírse voces desde la ortodoxia jurídica y constitucional aduciendo que la Asamblea Ciudadana por el Clima no es una institución reconocida en nuestro ordenamiento político y que, por lo tanto, no cabe tal carácter vinculante. Pero el fondo de la cuestión no es éste, sino si existe voluntad política de poner la acción de gobierno y el respaldo parlamentario al servicio de la implementación de las propuestas que surjan de la ciudadanía informada. En caso afirmativo, haría falta un compromiso o ‘contrato’ con la Asamblea y con la ciudadanía de todo el país, claramente explicitado, con los procedimientos y canales institucionales que pueden llevarse a cabo para implementar las diferentes propuestas.
Sin ese fuerte compromiso democrático, la Asamblea convocada por el gobierno español se convertiría en un órgano consultivo más como otros tantísimos, en los que las administraciones escuchan atentamente a la ciudadanía para luego seguir haciendo lo mismo de siempre. La experiencia de Francia es muy clara en este sentido. El presidente Macron proclamó al inicio de la Convention Citoyenne que se comprometía a adoptar “sin filtro” las propuestas que hicieran. Pero ya hemos visto cómo, pocos meses después, las integrantes de la asamblea gala han dado un suspenso contundente a la acción posterior de su gobierno.
3. Garantizar y difundir la deliberación ciudadana
El Comité o grupo de personas encargadas de la gestión de todo el proceso -en cuyos detalles no nos extenderemos aquí- también tiene una importancia obvia, por lo que se requeriría una composición que asegure su independencia, así como una presencia equilibrada y transparente.
El número de sesiones y la duración de la asamblea deben ser los necesarios para que personas que no son especialistas en la materia puedan recoger la variedad de aportaciones necesarias de personas expertas y tener un proceso de deliberación y selección de propuestas de calidad. En el caso de la asamblea inglesa, por ejemplo, fue manifiestamente insuficiente. En este sentido, creemos que la presencialidad también aumentaría la calidad del proceso.
En la composición de las personas que compondrán la asamblea también habría que incluir la representación proporcional de algunos colectivos que no forman parte de nuestro censo electoral, como jóvenes de entre 16 y 18 años o ciudadanía residente sin nacionalidad española.
Se debe asegurar el vínculo entre la Asamblea Ciudadana y el resto de la ciudadanía, haciendo públicas las sesiones y estableciendo instrumentos de difusión e interacción entre ambas. En este aspecto nos parece mucho mejor la experiencia de la Convention Citoyenne de Francia, que con un órgano de comunicación autónomo y eficaz logró una amplia recepción pública: un sondeo realizado reportó que 7 de cada 10 personas conocían y habían oído hablar de sus conclusiones, y 3 de cada 5 consideraban que la Convención estaba legitimada para hacer propuestas en nombre de la ciudadanía francesa.
España ha batido este año su récord de desconfianza política: un 49,5 % de la población considera que partidos y políticos “son el principal problema que existe actualmente en España”, justo después del desempleo. La convocatoria de estas asambleas por parte de un número creciente de gobiernos es de alguna forma un elemento positivo de por sí, en la medida que suponen un reconocimiento implícito de la insuficiencia e incapacidad del sistema político actual. La asamblea francesa ha servido además para extender a toda la ciudadanía y a los medios el debate sobre la emergencia climática, y ha puesto en la agenda política y mediática temas como el delito de ecocidio o los tratados de comercio e inversión.
Pero ya no hay tiempo para “victorias morales” o “consultas”: la participación ciudadana es decisiva para acabar con décadas de inacción y profundos bloqueos institucionales. De hecho, deberíamos estar ya reduciendo las emisiones y la economía fósil en un 8% cada año de esta década. En este sentido, Extinction Rebellion no podrá avalar una Asamblea Ciudadana por el Clima que sea un mero simulacro participativo. De no darse las mínimas condiciones en la propuesta que presente próximamente el gobierno, seguirá vigente nuestra tercera demanda de una Asamblea Ciudadana sobre la justicia climática y ecológica.
Porque no estamos hablando de negociar unas reivindicaciones ecologistas, estamos hablando de cómo evitar el fin de la habitabilidad del único planeta que tenemos. Después de más de cuatro décadas de pertinaz y consciente inacción de los poderes políticos y económicos, la transformación climática y la destrucción de biodiversidad, ya están en curso y el margen de negociación con ellas es mínimo y no admite más simulacros.
Escriben Alex Guillamon, Agnes Delage, Jaume Osete y Victoria V. Alfaro, integrantes de Extinction Rebellion.
