Hay una ley, sí, pero habrá que trabajar más para frenar el cambio climático

Ya está aquí. Han pasado cinco años desde su anuncio y casi dos desde que comenzó su tramitación, pero ya ha llegado: la Comisión de Transición Energética y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados acaba de aprobar la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Estado Español.

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Nuestro modelo económico basado en los combustibles fósiles desde la revolución industrial, ligado al sobreconsumo y al crecimiento de sectores contaminantes e insostenibles, nos ha traído a una situación realmente grave que afecta directamente a nuestra vida y a la del planeta.

La concentración de emisiones de CO2 en la atmósfera no deja de crecer; cada día disponemos de nuevos datos y batimos nuevos récords que evidencian que el cambio climático ya está aquí: máximas temperaturas registradas, mínimos de hielo en el Ártico, temporales extremos sin precedentes, megaincendios de sexta generación y tasas de aumento del nivel del mar tres o cuatro veces superior a la media global. 

Otro factor especialmente preocupante es el aumento de las enfermedades vinculadas al cambio climático. Pandemias mundiales surgidas de la nociva relación que tenemos con la naturaleza o la propagación de enfermedades tropicales como la malaria, el paludismo o el dengue, que ya amenazan con irrumpir en España, son algunos ejemplos de a lo que nos enfrentamos.

Todos estos impactos, que suceden en distintos rincones del planeta, afectan directamente a las personas y a sus actividades que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a desplazarse y abandonar su hogar.

Por todo ello, una ley de cambio climático que asegure una reducción drástica de las emisiones es fundamental para garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. Lamentablemente, no es el caso: la ley que se acaba de aprobar en el Congreso se queda corta ante la emergencia climática a la que nos enfrentamos.

La ciencia es clara: para evitar los peores impactos del cambio climático, debemos limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC; sin embargo, con los compromisos actuales –incluidos los que se acaban de aprobar en el Congreso– vamos camino de superar los 3ºC. 

Hay que apostar por el cambio radical necesario para enfrentar la emergencia climática, tal y como establece el Acuerdo de París. La clase política debe debe trabajar unida para priorizar el bienestar de las personas y del planeta: eliminar gradualmente los combustibles fósiles y llevar las emisiones a cero lo antes posible.

La recién aprobada ley fija una reducción de las emisiones de tan solo el 23% en 2030 respecto a 1990, cuando debería alcanzar al menos el 55% para cumplir con nuestra responsabilidad histórica y estar alineada con el Acuerdo de París. Tampoco regula el abandono de las subvenciones a los combustibles fósiles (ni a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industriales) y no establece fechas límites para su uso.

Ausente también está cualquier regulación para prohibir la publicidad de la industria de los combustibles fósiles y/o de los productos que dependen de un uso intensivo de estos -por ejemplo, el sector del transporte- y que sí existe en otros países como Francia, en cuyo borrador de la ley de clima aparece contemplada.   

Sin embargo, la ley sí parece haber cedido al lobby del gas, ya que deja la puerta abierta a su continuidad como energía alternativa, pese a ser un combustible fósil para el que no tenemos tiempo, pues retrasaría la transición energética renovable que necesitamos y haría imposible alcanzar los objetivos de descarbonización. 

Con todo y con esto, bien es verdad, la ley establece un marco imprescindible que nuestro país necesitaba desde hace años. Una regulación contra el cambio climático que debe recibirse por parte de las empresas de combustibles fósiles y de los sectores más responsables de las emisiones como un mensaje claro para que, desde hoy, pisen el acelerador hacia un modelo 100% renovable y descarbonizado garantizando una transición justa que no deje a nadie atrás.

El establecimiento de una asamblea ciudadana del cambio climático, así como las revisiones periódicas, son algunos de los elementos fundamentales que han quedado dentro de la ley para seguir avanzando en alcanzar la ambición necesaria para no superar 1,5ºC.

El movimiento climático adquiere ahora más importancia que nunca: hay que seguir marcando el camino de la justicia climática para cuidar a las personas más vulnerables y hacer pagar a las más responsables.

En los tribunales ya está el primer litigio climático de la historia impulsado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón para que se aumenten los objetivos climáticos. Necesitamos seguir empujando hacia unas políticas más valientes que garanticen un presente y un futuro digno y seguro para las personas y el planeta. Estamos a tiempo. 

Tatiana Nuño es responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.