Texto adaptado por Patricia Simón, periodista de La Marea
Imaginemos un país rico en agua dulce. Atravesado por infinitas extensiones de pasto y por ríos que vertebran la geografía y la cultura de varias de sus pequeñas ciudades ribereñas. Un terreno que crece sobre una de las reservas de agua más grandes del mundo, el acuífero Guaraní. Y ahora dejemos de imaginar para observar ese mismo país, marcado por cicatrices de la industria de celulosa en el norte, plantaciones de soja acompañadas de un uso intensivo de agrotóxicos al oeste, grandes arroceros al este y ganadería para exportación dispersa por el resto de sus campos. De esa ecuación obtenemos un resultado negativo para un elemento: el agua. La cantidad del bien natural consumida en estas actividades es 10, 17, 4 y 20 veces superior, respectivamente, al total de agua potabilizada en el país. Así lo advierten los investigadores Carlos Santos, María Noel González y Martín Sanguinetti de la Universidad de la República de Uruguay.
Estos usos intensivos del suelo y la sobreexplotación del agua por las industrias son las causas principales de la paradoja: un país históricamente rico en agua como Uruguay, se encuentra inmerso en su tercer año consecutivo de sequía. Los bajos niveles en las reservas de agua potable llevaron al gobierno y al organismo público encargado de su gestión y el saneamiento, Obras Sanitarias del Estado, a captar agua de una zona cercana al Río de la Plata, aumentando así los niveles de su salinidad. Sus cantidades de cloruro y el sodio superan los estándares nacionales e internacionales, convirtiéndola en agua no potable, en palabras del antropólogo e integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Carlos Santos.
El deterioro del agua en Montevideo y en la zona metropolitana es un hecho sin precedentes en Uruguay. Los riesgos derivados de su consumo fueron reconocidos por el Ministerio de Salud Pública, que el 6 de mayo recomendó a la población con problemas de hipertensión y con factores de riesgo el consumo de agua embotellada. Las consecuencias más inmediatas las han comenzado a sufrir principalmente los sectores populares, sin recursos para comprar agua embotellada para su día a día.
Los movimientos ambientalistas, de defensa del territorio, sindicatos y asambleas en torno a ríos en Uruguay llevan años alertando de este problema y proponiendo soluciones que vayan a la raíz del mismo. En sentido contrario, las respuestas institucionales han seguido optando por paliar parte de los daños provocados y seguir protegiendo la industria extractivista, por encima de la vida, el medio ambiente y la mayoría de la población.
Esta degradación del derecho al agua se produce en un contexto político de privatizaciones, del que el ejemplo paradigmático es el Proyecto Neptuno. Esta macro-obra tiene como finalidad surtir a la zona metropolitana de Montevideo con agua del Río de la Plata, un estuario con altos niveles de salinidad en sus aguas. Movimientos sociales, universitarios, la Institución Nacional de Derechos Humanos y numerosos organismos internacionales consultados coinciden en la inviabilidad y los impactos negativos del proyecto: mayor salinidad, contaminación, impacto ambiental y déficits de participación ciudadana en su planeamiento. Además, el Proyecto Neptuno será construido y mantenido por empresas privadas, lo que obstaculizará que el Estado pueda controlar la calidad y cantidad de agua que provee.
El Gobierno, en cambio, sostiene que el proyecto Neptuno supone una “fuente ilimitada de agua” para resolver una crisis hídrica que presenta como incontrolable e independiente de toda actividad humana. Por el contrario, la privatización del agua, como se ha visto en tantos otros territorios de todo el planeta, aumenta las desigualdades y beneficia a los grandes terratenientes, a las transnacionales extranjeras y a la élite económica.
Los mismos movimientos sociales que ponen de manifiesto la violación del derecho humano al agua que supondría el Proyecto Neptuno y que ha supuesto el aumento en la salinidad del agua fueron los responsables de redactar la reforma que se convirtió en mandato constitucional en el año 2004. El plebiscito del agua fue votado a favor por más del 64% de la población uruguaya, lo que terminó reconociendo, en su artículo 47, al agua potable como derecho humano fundamental. Se la reconocía como un recurso de dominio público estatal y se otorgaba a la sociedad civil la capacidad de participar en su control, gestión y planificación. Uruguay se convertía así en el primer Estado del mundo en reconocer este derecho constitucionalmente.
Pero los movimientos sociales siguieron trabajando tras la aprobación de la reforma constitucional por la violación sistemática del artículo 47. Los dos pilares de la movilización social masiva de 2004, el sindicato de los funcionarios del organismo público del agua (FFOSE) y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), junto a movimientos sociales que luchan en los territorios afectados, organizaron en marzo la Marcha por el Agua, que reunió en Montevideo a una multitud sensibilizada.
Y ha sido en las últimas semanas cuando el aumento en la salinidad del agua ha provocado concentraciones, asambleas y acciones de concienciación y protesta diarias. La sociedad uruguaya ha comenzado a revolverse contra las políticas del actual Gobierno, abiertamente neoliberal, y contra las llevada a cabo por los anteriores, con visiones progresistas-desarrollistas en los últimos quince años.
El carácter autoconvocado de estas movilizaciones es algo inédito en el país. La pluralidad y variedad de carteles convocando a la protesta, de material divulgativo, de expresiones artísticas, de expresiones humorísticas en redes y la incorporación de todas las generaciones están dibujando un nuevo panorama en el debate público uruguayo.
Es ahí donde aparece la memoria colectiva: de las heridas ambientales, pero también de las resistencias pasadas. La reactivación de la memoria de la lucha de 2004 muestra un horizonte factible al que llegar: esa movilización social, que terminó en reforma constitucional, fue masiva, interseccional y vertebradora en el interior del país. Pero también un límite que trascender: los veinte años posteriores a la reforma constitucional han dejado patente que plasmar un derecho en la constitución no implica su cumplimiento. Hay unos actores que, sin embargo, sí han servido de garantía y defensa de este derecho humano al agua: los movimientos sociales y sindicales.
El agua es un tema que adquiere un lugar central en el debate público en el actual contexto de crisis ecosocial. Los problemas que plantea su sobreexplotación, escasez, contaminación, mercantilización y despojo se han manifestado de esta forma en lo más íntimo de Uruguay, en su fuente de vida. Las respuestas propuestas por los movimientos sociales y sindicales uruguayos agrupados en torno al lema “No es sequía, es saqueo” pasan por un cambio hacia visiones que privilegien la vida por encima de la concentración de capital, por dejar de entender el agua como un recurso ajeno, del que podemos disponer, a nuestro antojo o con restricciones, para entenderlo como un elemento vertebrador, con el que nos interrelacionamos en un fluir de ida y vuelta.
La salinidad en los grifos o “canillas” uruguayas puede suponer la gota que colmó el vaso de su paciencia. Las movilizaciones están poniendo sobre la mesa debates que hace unos meses parecían lejanos y utópicos, pero que ahora se convierten en una realidad impostergable, que reaparece, día tras día, en cada casa de Uruguay, en cada baño y en cada cocina.
Enol Nieto es jurista y politólogo (Universidad Autónoma de Madrid). Ha vivido en Argentina y Uruguay, donde comenzó a investigar las luchas en torno al agua.
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Noticias Oxfam:
Somos testigos directos de cómo la emergencia climática está dejando daños irreversibles en nuestro planeta. Y, lo que es aún más preocupante, son las personas más vulnerables las que más sufren sus consecuencias, a pesar de que son las que menos contribuyen a ella. Mientras tanto, son los países ricos y las grandes empresas los que más contaminan.
Indiga saber que más de 26 millones de personas caen en la pobreza cada año debido a los desastres naturales mientras que quienes tienen que tomar decisiones miran para otro lado. No podemos tolerarlo porque se puede evitar.
Así, en países como Somalia, donde se vive la peor sequía de su historia, ponemos en marcha proyectos en los que la unión de la energía solar, el agua subterránea y la formación en técnicas de cultivo sostenibles, consiguen dar una segunda oportunidad a aquellas personas que lo han perdido todo por los efectos del cambio climático.
Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. No obstante, valientes defensores siguen luchando por la justicia en Guatemala, arriesgándose a sufrir acoso, encarcelamiento injusto e incluso la muerte para garantizar los derechos territoriales de sus comunidades.
Una epidemia de desalojos:
Comunidades campesinas e indígenas guatemaltecas se enfrentan a la violencia y la represión.
En las zonas rurales de Guatemala, una epidemia silenciosa de desalojos está afectando a las comunidades campesinas e indígenas. Muchas familias ya han sido desalojadas por fuerza policial y militar de sus territorios por empresas agrícolas e industrias extractivas avaladas por el Estado, que han ejercido violencia contra las comunidades y arrasado sus tierras ancestrales. Estos abusos han empeorado la seguridad alimentaria, la pobreza y la represión en un país profundamente marcado por el racismo y un sistema de explotación neocolonial.
El futuro parece igualmente sombrío. A medida que la gran agricultura y las industrias extractivas consolidan su poder al más alto nivel de Gobierno, miles de familias de agricultores corren el riesgo de perder sus tierras. A pesar de la grave crisis social y democrática de Guatemala, los medios de comunicación internacionales apenas se han hecho eco de los desalojos y las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. No obstante, valientes defensores siguen luchando por la justicia en Guatemala, arriesgándose a sufrir acoso, encarcelamiento injusto e incluso la muerte para garantizar los derechos territoriales de sus comunidades. A pesar de sus heroicos esfuerzos, el control total de los medios de comunicación por parte del Estado y la corrupción de los procesos democráticos en Guatemala han hecho imposible que los defensores incluyan la tierra en la agenda política nacional. Para garantizar sus derechos, detener los desalojos y promover la democracia en Guatemala, es crucial que estas cuestiones reciban la atención que merecen en la política y los medios de comunicación internacionales.
Estos dos próximos meses serán claves para los defensores de la tierra y las comunidades rurales de Guatemala. El país celebrará dos vueltas claves de elecciones nacionales y, en este momento, los derechos sobre la tierra siguen ausentes del debate nacional. En solidaridad con las organizaciones indígenas y campesinas que conforman la Coalición Nacional por la Tierra y la International Land Coalition, Land Rights Now busca amplificar estas tres demandas claras formuladas por defensores del territorio:
Los defensores de la tierra Guatemaltecos exigen:
Alto inmediato a los violentos desalojos contra las familias campesinas e indígenas.
Cese de las agresiones de los megaproyectos extractivos y grandes agronegocios a los territorios indígenas.
Justicia rápida y efectiva para las personas y comunidades criminalizadas por defender los derechos humanos.
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