JAUME OSETE // Recientemente la emergencia climática ha ocupado portadas por la cumbre de Glasgow y hay una frase que habréis oído reiteradamente: «Debemos evitar superar los 1,5 ºC de incremento de temperatura a finales de siglo». Se utiliza casi en cada información sobre la crisis climática y ahí radica el principal engaño, en cómo se traslada la gravedad del calentamiento global. Es normal que se utilice ese tipo de frase pues se extrae de las proyecciones a largo plazo del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, el organismo mundial más respetado en materia de cambio climático, que reúne a miles de expertas y expertos del clima de decenas de países. Ahora bien, hablar constantemente de un objetivo para 2100 cuando, según el propio IPCC, este 1,5 grados de incremento se alcanzará antes de 15 o 20 años, es profundamente distorsionador.
La realidad, que debería ser explicada con claridad para que sea comprensible, es que lo más probable es que este incremento, si no damos un fuerte golpe de timón a las políticas actuales, se alcanzaría un poco antes o un poco después del 2030. ¡Sí, 2030, no 2100! ¿Y qué supondría llegar al 1,5 ºC de calentamiento? Según el IPCC, un punto de inflexión a partir del cual las consecuencias del cambio climático serán mucho más catastróficas. Y lo que tampoco se explica es que, la propia inercia climática, los bucles de retroalimentación y la consecución de puntos de no retorno harán muy difícil ir hacia atrás. Por tanto, tendríamos un caos climático y ecológico en pocas décadas, poniendo en riesgo nuestro bienestar y la vida de muchas especies, incluida la nuestra.
Que la población entienda la urgencia y gravedad de la situación es básico para que la clase política no tenga más remedio que tomar medidas urgentes y, al mismo tiempo, que estas medidas sean apoyadas por la ciudadanía, medidas que evidentemente deben ser tomadas con justicia social. Situar en la mente de la ciudadanía constantemente el horizonte del 2100 le quita toda la urgencia que el problema tiene, por mucho que en la cumbre de Glasgow algunos de los líderes políticos hayan utilizado discursos que parecían de activistas climáticos. Discursos que son sólo eso, discursos vacíos, sin acciones que se encuentren a la altura del diagnóstico.
Debemos tener en cuenta que los informes del IPCC se caracterizan por su prudencia y rigurosidad y por unas estimaciones conservadoras, que después año tras año son empeoradas en los siguientes informes. Esto lo explica muy bien Ferran P. Vilar en su magnífico blog Usted no se lo cree, curiosamente propuesto como recurso en la propia página del Ministerio de Transición Ecológica. La comprensible prudencia científica se ve, además, censurada por manipulaciones, suavizaciones y distorsiones en la revisión que cada estado hace del informe, antes de su publicación definitiva. Tanto es así, que últimamente ya se están realizando filtraciones del contenido de los dos apartados por publicar del sexto informe sobre Adaptación y Mitigación antes del tuneado político. La indignación y el hartazgo ya está llegando a la comunidad científica.
El diagnóstico es claro: los intereses económicos de unos pocos poderosos nos están llevando al desastre, un desastre que crecerá exponencialmente y que sufre y sufrirá más quien menos lo habrá provocado. Para poder contrarrestar estos intereses, que son capaces de manipular y condicionar las políticas públicas, en este caso las climáticas, debemos tener la mejor información sobre qué es y qué supone la emergencia climática. Periodistas y representantes políticos tienen en sus manos la mejor información y deben velar por que ésta llegue a la ciudadanía de forma clara. Si así fuera, determinados proyectos, como ampliar un aeropuerto por ejemplo, serían descartados de inmediato.
No debemos permitir que también se devalúe el significado de la palabra emergencia. Si se utiliza esta palabra y si una gran mayoría de la juventud mundial tiene miedo al futuro, es porque realmente la crisis climática y ecológica es una emergencia. Tratémosla como tal. La ciencia nos dice que en esta década nos lo jugamos todo y, en este caso, no sirve la técnica de estudiar sólo la tarde anterior al examen. En este caso sería totalmente imposible aprobar y, por tanto, la acción contundente debe empezar ya. En ese sentido os recomiendo que le echéis un ojo al último Climate Change Performance Index para ver el desempeño de cada país en esta tarea.
Ante el bloqueo por los intereses económicos, es necesario, tal y como insiste la ONU, contar con la participación ciudadana como principal palanca de cambio. Pues bien, el gobierno español acaba de poner en marcha una asamblea ciudadana para el clima que no merece tal nombre. En Cataluña y en las Islas Baleares se está trabajando para poner en marcha sus propias asambleas ciudadanas. Esperemos que, en esos casos o en otros por venir, el modelo sea mucho mejor que la blablasamblea española. ¡Basta de bloqueos, de engaños y de retardar la acción!
Necesitamos un cambio cultural acelerado para aprender a vivir dentro de los límites del planeta y políticas valientes, con la justicia climática y social siempre en mente. Tras el fracaso de la COP, nos toca seguir organizándonos colectivamente para provocar que nuestros gobiernos hagan mucho más de lo que están haciendo. Mañana será demasiado tarde y lo lamentaremos. Hay muchos colectivos, nuevos o veteranos, en esta lucha.
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Jaume Osete es miembro de Extinction Rebellion Barcelona
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Organizarse colectivamente es y ha sido siempre la mejor opción. Cuando la ciudadanía ha tenido más fuerza que los gobiernos -acordarse de las grandes protestas contra la invasión de Irak en 2003- los gobiernos tienen que ponerse aunque lo hagan a remolque de parte del pueblo.
“El diagnóstico es claro: los intereses económicos de unos pocos poderosos nos están llevando al desastre”.
Esto, incluso Jeremy Corbyn, político y exlider del socilalismos británico lo reconoce: La crisis climática es un problema de clase.
En un artículo publicado la pasada semana en el magazine digital Jacobine, Corbyn ha asegurado que “el sistema político y económico en el que vivimos no produce el cambio climático por accidente sino por diseño, recompensando a los grandes contaminadores y extractores de recursos con superbeneficios”.
Hoy, lunes 20 de diciembre, de 17:00 a 19:30 horas, el Congreso de los Diputados hospedará un debate sobre el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Un acuerdo internacional para el sector energético que sigue protegiendo las inversiones en combustibles fósiles y permite a empresas e inversores extranjeros demandar a los países ante tribunales privados a causa de sus medidas legislativas.
Firmado en una época de proliferación masiva de tratados de comercio e inversión en Europa, sin estudios de impacto ni consultas públicas, «tres décadas después el TCE se ha vuelto como un bumerán contra los Estados signatarios y el interés general”. Por ello, “es crucial iniciar el debate en el Congreso e impulsar la salida del TCE de forma urgente, como ya hizo Italia en 2015».
En España, el TCE ya obliga a la ciudadanía a pagar 971 millones de euros a inversores extranjeros a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero la cantidad total reclamada en un total de 50 demandas asciende a más de 10.000 millones de euros. Otros países están siendo coartados para legislar a favor de la descarbonización, como es el caso de Países Bajos que ha recibido dos demandas de 1.400 y 1.000 millones de euros por una Ley para eliminar el carbón en 2030.
Con nueve rondas de negociación fallidas bajo el supuesto objetivo de alinear el TCE con el Acuerdo de París, al menos existen ocho razones para afirmar que la modernización del TCE va a fracasar. Sin embargo, la Unión Europea y los Estados miembro siguen apostando por esta vía.
En enero de 2021, Teresa Ribera, María Reyes Maroto y Arancha González Laya advirtieron a la Comisión Europea que si la modernización fracasa, España iniciaría la salida. Un compromiso que la campaña No a los TCI y Ecologistas en Acción recalcan porque «la modernización se está alargando en un tiempo que no tenemos y, para evitar nuevas demandas en el futuro, es crucial abandonar el Tratado», apuntan.