Este lunes ha entrado en vigor la nueva normativa que amplía y endurece la lista de delitos contra el medioambiente en la Unión Europea a través del derecho penal y que castigarán con penas de diez años de cárcel para los crímenes ecológicos que causen la muerte. La directiva fue aprobada en marzo por el Parlamento Europeo y hace un mes por el Consejo Europeo.
“Garantizará que las infracciones más graves de las normas ambientales sean consideradas como delitos y que se reconozca el papel clave de los defensores del medioambiente”, declaró en un comunicado el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.
La nueva directiva sustituye a la ley anterior de 2008. Amplía el número de conductas consideradas delito de este tipo de nueve a veinte. Entre los nuevos delitos figuran el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos. Ellas se suman a otros delitos que ya figuraban en la lista como los vertidos procedentes de buques, las talas ilegales y la introducción o comercialización de especies invasora.
Los Estados miembros tendrán ahora que adaptar sus leyes nacionales a la directiva y deberán endurecer las penas cuando alguna de las infracciones graves descritas en la norma provoque “un daño o destrucción grave, generalizada y sustancial del medio ambiente”.
La normativa no recoge el concepto de “ecocidio“, como pedía el Parlamento Europeo, pero sí el de “delito cualificado“, que se aplicará cuando un delito contemplado en la directiva se comete intencionadamente y cause la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero. Aquí entrarían los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo.
En cuanto a las sanciones, dependerán de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. La pena máxima de prisión por delitos cualificados será de al menos ocho años. Para el resto de delitos, la pena de prisión llega hasta los cinco años. No obstante, los delitos intencionados que causen la muerte de una persona se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos diez años, aunque los Estados miembro podrán decidir establecer penas aún más duras en su legislación nacional.
“Las obligaciones ambientales están diseñadas para proteger los delicados y frágiles ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir. Quienes las incumplen ponen en riesgo nuestra salud y nuestro medio ambiente. Es un comportamiento tan criminal como otros tipos de delitos graves”, dijo la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova.
La directiva también define tipos concretos y niveles de sanciones para personas físicas y jurídicas, de forma que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.
Para las empresas, las multas alcanzarán el 3% o el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.
La normativa también establece que los profesionales que combaten los delitos ambientales deberán tener acceso a recursos suficientes y a la formación adecuada, y garantiza el apoyo y asistencia a los defensores del medio ambiente en los procedimientos penales, recordó el Ejecutivo comunitario.
Según datos del Consejo Europeo, el crimen medioambiental es la tercera mayor actividad criminal en el mundo y crece entre un 5 y un 7% cada año, con pérdidas de entre 1.100 y 2.810 millones de dólares anuales. Entre 2018 y 2021, hubo 829 personas detenidas en la Unión Europea por cometer este tipo de delitos.
La Directiva de Delitos Ambientales entronca con el nuevo reglamento comunitario de Traslados de Residuos, que también entra en vigor este lunes y establece normas más estrictas para la exportación de estos a países de fuera de la UE, que han aumentado un 72% desde 2004, llegando a 35 millones de toneladas en 2023.
El 49% de esos residuos exportados va a países que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el llamado “club de los países ricos”, donde se supone que las normas y la vigilancia mantienen cierta armonía.
“El tráfico de residuos es uno de los delitos ambientales más graves de la actualidad. Daña el medio ambiente y, a menudo vinculado al crimen organizado, también perjudica a las empresas legítimas”, subrayó la Comisión Europea.
La directiva prevé que, a partir de 21 de mayo de 2027, las exportaciones de residuos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE solo se permitirán si estos países informan a la Comisión Europea que están dispuestos a importar residuos y demuestran que tienen la capacidad de gestionarlos de manera sostenible.
El Ejecutivo comunitario también supervisará las exportaciones de residuos a los países de la OCDE y tomará medidas si tales exportaciones crean problemas ambientales en el país de destino, y modernizará los procedimientos dentro de la UE para facilitar y rastrear los traslados.
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