El Ejecutivo ha aprobado medidas de apoyo al sector primario para paliar los efectos de la sequía que ascienden a 784,2 millones de euros. Unos 636,7 millones serán ayudas directas para agricultores y ganaderos. 360 millones se destinarán a los productores de carne y de leche de ganados vacuno, ovino y caprino ganadero, así como al sector apícola, y 276,7 serán para el sector agrario. Así lo han explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por otro lado, se destinarán 1.400 millones garantizar la disponibilidad de agua, a través de la construcción de plantas desalinizadoras, de los bombeos de emergencia y la adecuación de tomas. Declaradas de interés general, el Gobierno central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones. También se financiará la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Se fomentará la reutilización de aguas urbanas para alcanzar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al suministro de las poblaciones.
Los ministros han explicado que el real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros tiene como objetivo asegurar el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y la regularidad de la producción agroalimentaria durante el actual episodio de sequía, uno de los más severos de los últimos años. La reserva hídrica española está actualmente al 48,9% de su capacidad total, muy por debajo de la media del 68,7% de los diez últimos años.
El regadío para la agricultura es el gran consumidor de agua en el país y acapara el 80% de este recurso. Según los datos oficiales, su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Se estima que los cultivos de regadío en España consumen 100 veces más agua de lo que necesitan los más de 3 millones de habitantes de la ciudad de Madrid en un año. En Catalunya, el 72% del agua que se consume se destina al riego de cultivos.
El Ejecutivo también ha informado que el importe destinado en 2023 a subvencionar la prima del seguro agrario aumenta en 40,5 millones, hasta los 359 millones de euros. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la contratación de las pólizas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía.
En el ámbito fiscal, se ha acordado la exención de las cuotas del Impuesto e Bienes Inmuebles rústico para las explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido en este ejercicio una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, o de un 30% en las demás. El pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas se reduce para los más 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.
Además, el Gobierno ha acordado modificar la normativa actual que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo para adoptar medidas preventivas específicas ante fenómenos meteorológicos adversos (calor, frío o viento). Estas medidas deberán tener en cuenta la tarea y la persona que la realiza. Y, debido a las altas temperaturas ya registradas esta primavera, el Plan Nacional de actuaciones preventivas frente a los efectos de los excesos de temperatura sobre la salud adelantará su entrada en vigor al próximo 15 de mayo y se prolongará hasta el 15 de septiembre.
