El 96% de la población española ha respirado aire contaminado por ozono en 2023

Con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como referencia, 45,8 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono. Sin embargo, entra dentro de la normativa ambiental, puesto que las exigencias legales son mucho más laxas que lo propuesto por la OMS. Es la principal conclusión del último informe de Ecologistas en Acción.
Madrid, el pasado mes de agosto de 2023. Foto: Ecologistas en Acción

Se calcula que un adulto en reposo respira de 12 a 20 veces por minuto. En el caso de los bebés de hasta un año, la frecuencia sube a entre 30 y 60 respiraciones. Es algo instintivo. Supervivencia. Ahora piensa que cada vez que lo haces entra en tu cuerpo aire contaminado. Esa hipótesis es real, según los datos del Informe anual sobre la contaminación por ozono elaborado por Ecologistas en Acción.

La principal conclusión del estudio presentado este miércoles es contundente: 45,8 millones de personas en España (el 96% de la población) han respirado aire contaminado por ozono en lo que va de 2023. Es decir, aire afectado por este contaminante ha estado presente en 502.000 km2, el 99% del territorio. Las cifras salen después de analizar 500 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio del Estado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.

Para datar este hecho, el grupo ecologista ha tomado como referencia el valor diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y ahí está uno de los principales problemas, puesto que estas recomendaciones, como ya se apuntó en el especial de La Marea [Las trampas de las ciudades respirables], están muy lejos de las exigencias legales. Ergo, lo que sucede no conculca ninguna normativa ambiental.

De hecho, agregan en el estudio, si se considera el valor marcado por ley, mucho más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire con más ozono del permitido en el periodo 2021-2023 no supera los 2,2 millones de personas (un 5%).

En cambio, si se establece al albur de una tercera referencia, la del nuevo valor objetivo propuesto para 2030 por la Comisión Europea (que esté en medio de la legislación actual y lo aconsejado por la OMS), serían 8,2 millones de personas (el 17%) las que habrían respirado aire contaminado en 2023. Dicho de otro modo: uno de cada seis españoles habría respirado un aire que incumpliría en nuevo estándar legal propuesto por la Unión Europea.

El ozono es el contaminante más estrechamente ligado al cambio climático

Desde Ecologistas en Acción advierten de que el ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata, por tanto, de un contaminante típico de primavera y verano.

El ozono es el contaminante más estrechamente ligado al cambio climático por su relación con la radiación solar. Durante 2023, explican, sus niveles han repuntado como consecuencia de la primavera y el tercer verano más cálidos desde 1961, con numerosos episodios cálidos entre abril y septiembre, y cuatro intensas olas de calor en julio y agosto.

En el año en curso, detallan, los territorios más afectados por el ozono han sido Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, y Murcia, habiendo aumentado también en Asturias y el norte de Galicia.

En cambio, los niveles de ozono se han reducido en el litoral mediterráneo (Illes Balears, Catalunya y Comunitat Valenciana), el Valle del Ebro (Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco), el noroeste peninsular (Castilla y León, Cantabria y Sur de Galicia) y Canarias.

17 zonas de Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Comunidad de Madrid, con 11,5 millones de habitantes, han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2021-2023, al excederlo en al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior.

2.500 muertes al año en España por aire contaminado

La contaminación por ozono, enfatizan en el informe de Ecologistas en Acción, debe abordarse como un problema sanitario de primer orden que causa cada año en torno a 2.500 muertes en el Estado español –según la Agencia Europea de Medio Ambiente–, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias.

Durante el verano de 2023, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado 3.000 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas.

Su coste sanitario y laboral fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos, como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2% del PIB agrícola.

¿Cómo reducir el aire contaminado por ozono?

Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono –enumeran desde la organización ecologista– son disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, un despliegue ordenado de las energías renovables, las Áreas de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas.

Añaden que la crisis de la COVID–19 demostró que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que se respira.

Son muy críticos con la actuación de los gobiernos autonómicos. Los de Aragón y Asturias, subrayan, no han advertido a la población de los episodios de ozono de este verano, como es preceptivo, mientras las restantes comunidades autónomas se han limitado a difundir avisos rutinarios, por procedimientos que no han permitido una difusión eficaz de la información.

Además, transcurridos nueve meses desde el fin del plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, “apenas una docena de ciudades han cumplido formalmente esta obligación legal, pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación”.

Buena prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las administraciones, concretan, “son las sentencias del Tribunal Supremo (2020) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Catalunya (2022) y Comunitat Valenciana (2023), condenando a sus gobiernos a aprobar a la mayor brevedad planes de calidad del aire para reducir el ozono, por el incumplimiento desde 2010 de los objetivos legales”.

Desde Ecologistas en Acción consideran inaceptable que un año más siga sin haber un Plan Nacional de Ozono, cuya elaboración se demora desde 2015. En 2023, indican, se han publicado las Bases Científicas del Plan, pero siguen sin concretarse los objetivos, las medidas y el calendario del Plan Nacional.

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