La mayoría de la población confía en la Aemet y la ciencia, y poco o nada en periodistas y políticos

En los últimos años, políticos, perfiles ultras y propagadores de bulos han liderado una campaña en redes y medios contra las instituciones científicas y su personal. El ejemplo más claro es la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha sufrido acoso y desinformación, con la dana de València como el peor momento. Aun así, la población española no parece haber comprado este relato.

Un 73,8% confía mucho o bastante en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según el estudio Desinformación científica en España 2026, elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el marco del proyecto IBERIFIER Plus. Además, un 79,4% tiene una confianza alta o muy alta en la comunidad científica a la hora de informarse sobre ciencia, tecnología y medioambiente frente al 8,6%, que tiene una confianza baja o nula.

El informe, presentado este miércoles, se basa en 2.215 entrevistas realizadas entre el 27 de enero y el 16 de febrero de este mismo año. Se trata de la segunda edición tras la llevada a cabo en 2022, cuando la desinformación científica estaba dominada por la pandemia de la COVID-19 y las vacunas. Aquel año, el 37,5% de la población declaraba haber recibido bulos sobre este tema, cifra que ahora desciende al 28,3%, cediendo el primer puesto.

Cuatro años después, el paisaje ha cambiado de forma sustancial: el informe refleja que la desinformación ha dejado de ocupar una posición marginal o vinculada a una crisis sanitaria para integrarse en la experiencia informativa cotidiana de la sociedad. La exposición frecuente a contenidos falsos indica que los bulos ya no son una anomalía del sistema, sino una de sus dimensiones constitutivas.

La atención de la desinformación se ha desplazado hacia ámbitos muy vinculados a la vida diaria. Actualmente, un 40% de la población declara haber recibido información falsa sobre nutrición y bienestar en la última semana. Le sigue muy de cerca el cambio climático, que con un 36,2% experimenta un aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto a 2022, y los tratamientos médicos (31,9%). Cabe matizar, como advierte el documento, que la pregunta de la encuesta no mide la exposición objetiva a la desinformación, sino la percepción subjetiva de haberla recibido.

Redes, inteligencia artificial y el foco en los políticos

La circulación de estas falsedades se produce en un ecosistema mediático crecientemente complejo e híbrido, según el informe. Siete de cada 10 personas que declaran haber recibido información científica falsa señalan a las redes sociales de vídeo (YouTube, Instagram, TikTok) y de texto (Facebook, X, Bluesky), con un 70,7% y un 70,5%, respectivamente. Destaca también el papel de la inteligencia artificial, señalada como canal de desinformación por el 29,8% de los afectados, lo que refleja la rapidez con la que esta tecnología se ha incorporado al mapa de riesgos.

A la hora de atribuir la responsabilidad sobre quién origina o difunde estas mentiras, la ciudadanía apunta directamente al ámbito político. El 57% acusa a los políticos o partidos nacionales como principal amenaza. Les siguen de cerca los influencers y personalidades en línea (54,5%), los medios de comunicación y periodistas (45,6%), y los gobiernos o partidos políticos extranjeros (45,4%), situándose todos ellos por encima de los lobbies o grupos de presión (40,4%).

Frente a este ruido, una parte relevante de la ciudadanía sigue acudiendo al periodismo profesional para contrastar datos. Entre quienes declaran que verificarían al menos un titular antes de compartirlo, el medio más utilizado son los medios de comunicación de confianza (31,8%). A continuación se sitúan los buscadores de internet (24,3%), los servicios de verificación especializados o fact-checkers (14,6%), la inteligencia artificial (13,1%) y la consulta a personas conocidas (10,4%).

Un peligro para la salud y la democracia

Si hay un dato que resume cómo percibe la sociedad española la desinformación, es que la mayoría no duda de que tiene efectos graves. Más del 70% considera que los bulos pueden afectar negativamente a la salud, generar desconfianza institucional y manipular creencias (en este último punto, el acuerdo total alcanza el 45,6%).

Además, un 69% de las personas encuestadas alerta de que la desinformación pone en peligro el sistema democrático. Este temor tiene una peculiaridad interesante en el desglose por edad: cuanto mayor es la persona, mayor es su preocupación. Solo el 18,2% de los jóvenes de entre 16 y 24 años está totalmente de acuerdo en que la desinformación supone un peligro para la democracia, frente al 45,5% de los mayores de 65.

Esta percepción generalizada de daño se traduce en una demanda igualmente amplia de intervención pública. El 63,5% de la sociedad apoya que el Gobierno adopte medidas para restringir la información falsa online, aunque eso implique limitar la libertad de prensa. Solo un 36,2% prioriza la protección de la libertad de prensa aun a costa de permitir la circulación de bulos; un resultado que, si bien se sitúa en tensión con los principios del pluralismo informativo, responde a la lógica del alto nivel de alarma social reflejado en el estudio.