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Dani Cabezas
Algunas heridas tardan mucho en cicatrizar. Otras no llegan a sanar nunca. Desde el pasado verano, caminar por buena parte de los montes de la Sierra Norte de Guadalajara resulta impactante, desolador: el espectacular parque natural quedó arrasado por las llamas, que tiñeron de negro un paisaje único. Y aunque los núcleos urbanos de esta zona de la llamada España vaciada lograron salvarse, las dimensiones de la catástrofe son difíciles de imaginar para quien no la contempla en primera persona.
El incendio, declarado en La Mierla el pasado 16 de julio, quemó un total de 36.251 hectáreas. Fue el mayor de la historia de Castilla-La Mancha e hizo revivir la pesadilla que 21 años atrás, en 2005, acabó con 11 víctimas, miembros de un retén de extinción de incendios forestales con base en Cogolludo, que quedaron atrapados por las llamas cuando se produjo un cambio brusco en las condiciones del fuego. En aquella ocasión fue una barbacoa mal apagada. En esta, una cosechadora, según las primeras investigaciones. El caso está en manos de la justicia.
Este fin de semana, bomberos forestales, asociaciones y vecinos de la zona recorrieron 75 kilómetros por la Sierra Norte para recordar lo sucedido, reivindicar la recuperación del territorio y exigir mejoras en la prevención y extinción de incendios. La marcha, que partió el viernes 23 de octubre de La Mierla y concluyó este domingo en el entorno del Alto Rey, ha querido convertir el dolor por lo ocurrido en una llamada a la acción. Porque, para quienes han participado en ella, la catástrofe no puede darse por cerrada cuando se apagan las llamas.
Lo sucedido en Guadalajara forma parte de una de las campañas de incendios más devastadoras de los últimos años en España. Según el balance del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicado a finales de septiembre, hasta entonces se habían registrado 8.122 siniestros forestales y habían ardido 275.209 hectáreas, un 151% por encima de la media de la década. Cerca de 118.000 personas tuvieron que ser evacuadas preventivamente durante la campaña.
La emergencia de La Mierla se prolongó durante 51 días, hasta que el incendio fue declarado extinguido el 4 de septiembre. Durante su avance fue necesario evacuar 34 localidades y confinar otras 14, mientras las llamas penetraban en el Parque Natural de la Sierra Norte. El fuego afectó a la biodiversidad, los ecosistemas y las actividades económicas de una comarca en la que la agricultura, la ganadería, el sector forestal y el turismo rural constituyen fuentes fundamentales de sustento. La recuperación del territorio será larga y exigirá algo más que esperar a que vuelva a crecer la vegetación.
La Sierra Norte, además, no llegaba a este verano sin antecedentes. El manifiesto leído durante la marcha recordó varios incendios graves registrados en la zona en los últimos años: el de Valdepeñas de la Sierra, en 2022, que quemó más de 3.000 hectáreas; el de Cantalojas, en 2024, cuya extinción se complicó y que se aproximó al entorno del Hayedo de Tejera Negra; y el del Pico del Lobo, en 2025, que afectó a unas 3.000 hectáreas de un ecosistema de alta montaña singular en la región. En este último caso, los convocantes subrayan que buena parte de los medios ya se habían desactivado cuando se declaró el fuego.
La sucesión de incendios es uno de los argumentos con los que los bomberos forestales justifican la necesidad de cambiar el modelo de prevención. A su juicio, lo ocurrido en julio no puede entenderse únicamente como consecuencia de unas condiciones meteorológicas adversas: también obliga a examinar los recursos disponibles, la gestión del monte y las decisiones de las administraciones responsables del operativo.
Mariví, vecina de la cercana localidad de La Miñosa, conoce de cerca lo que significa enfrentarse al fuego cuando lo que está en juego no es solo un paisaje, sino también el lugar en el que una persona ha construido su vida. Fue una de las pocas habitantes que permaneció en el pueblo pese a la evacuación y colaboró con los bomberos forestales para protegerlo.
En su recuerdo se mezclan el miedo a perder una casa que habían construido con sus propias manos, la rabia por lo que considera una falta de prevención y la tristeza de ver desaparecer el entorno que amaba. «Los animales, plantas, insectos. Vida», escribe al describir lo que sintió al contemplar la destrucción.
Por encima de todo, Mariví expresa gratitud hacia quienes combatieron las llamas. «Sin los bomberos, sin su increíble vocación, su valor, su emoción, su implicación, no tengo adjetivos», explica. Vio de cerca su agotamiento y el esfuerzo con el que trataron de salvar las casas y el entorno. También siente vergüenza ante las críticas recibidas por algunos profesionales y ante la falta de apoyo de parte de la ciudadanía. «Ellos no nos abandonaron», recuerda. Y concluye con una frase que resume el impacto humano de aquella emergencia: «Han salvado mi hogar y mi confianza».
La marcha ha servido también para poner el foco en las precarias condiciones en las que trabajan los bomberos forestales. Durante la lectura del manifiesto en el Alto Rey, los participantes denunciaron carencias de personal y medios materiales en distintas bases de la zona. Entre los problemas señalados figuran turnos con plantillas incompletas, vehículos que dificultan el acceso a determinadas pistas forestales, averías que limitan la operatividad de los equipos y reducciones de medios aéreos. También criticaron la falta de cobertura de algunas torres de vigilancia durante parte de la campaña.
Los convocantes cuestionaron, además, los mensajes institucionales que apelan a la responsabilidad individual para prevenir los incendios. Recordaron que el lema de la campaña anterior fue «No pasa nada hasta que pasa» y que el de este año es «La prevención salva». Su pregunta es qué responsabilidad asumen las administraciones cuando, según denuncian, se reducen los recursos humanos y se acorta el periodo de activación de los medios.
El manifiesto también advirtió de que se pretende eliminar para el próximo verano una torre de vigilancia situada en el Parque Natural, que supervisa, entre otras zonas, la cuenca alta del Sorbe y el preciado Hayedo de Tejera Negra. Para los trabajadores, las carencias del dispositivo no solo repercuten en la capacidad de respuesta ante una emergencia: afectan también a la posibilidad de realizar trabajos preventivos durante los meses de menor riesgo.
Bárbara, trabajadora de la base de Condemios, resume las reivindicaciones del colectivo en la necesidad de contar con un dispositivo estable, profesional y dotado de recursos suficientes. «Reivindicamos un dispositivo profesional y serio, con contratos de 12 meses, para poder mantener a la gente y poder formarla y ganar experiencia», explica. También reclama que todas las bases dispongan de retenes, torres y patrullas completos, además de «recuperar los 122 días de extinción mínimos en todas las bases».
Sus demandas incluyen una mayor inversión en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, pero también una exigencia de responsabilidad por lo ocurrido. «Que este incendio no quede en el olvido y que se asuman responsabilidades», reivindica.
La principal reivindicación es mantener un operativo profesional, estable y activo durante todo el año. Los bomberos forestales defienden que la prevención exige gestionar la vegetación, intervenir en el monte y disponer de equipos humanos y materiales preparados antes de que lleguen las altas temperaturas. No se trata únicamente de contar con más efectivos cuando las llamas avanzan, sino de garantizar que haya profesionales trabajando cuando todavía es posible reducir el riesgo.
La precariedad laboral, la falta de estabilidad y la reducción de plantillas también están encima de la mesa. Según los convocantes, unas condiciones cada vez más difíciles repercuten tanto en la eficacia del dispositivo como en la seguridad de los propios trabajadores y de la población a la que protegen.
La jornada concluyó en Bustares con una comida popular y el encuentro con bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que compartieron su experiencia en la lucha por mejorar las condiciones laborales del colectivo. Su relato conectó las reivindicaciones de Guadalajara con un conflicto que se prolonga desde hace años al otro lado de la sierra, en una comunidad que también ha sufrido este verano grandes incendios forestales.
El fuego de la Sierra Oeste de Madrid se produjo en julio, mientras continuaba la emergencia de Guadalajara. La coincidencia de ambas catástrofes puso a prueba los dispositivos de emergencia y dejó a numerosas localidades frente a las consecuencias de la devastación. Según los datos comunicados por la Comunidad de Madrid, el incendio afectó a 17 municipios y alrededor de 27.000 hectáreas.
En septiembre, más de 450 bomberos forestales contratados por la empresa pública Tragsa lograron un acuerdo después de más de un año de huelga indefinida. El pacto contempla una subida salarial del 20% y el fin de los contratos fijos discontinuos, que hasta entonces los mantenían trabajando únicamente cuatro meses al año. La nueva situación permitirá que estos profesionales trabajen durante todo el ejercicio, también en los meses de menor riesgo de incendio, cuando pueden desarrollar labores de prevención.
Sin embargo, el acuerdo no ha resuelto el conflicto de todo el colectivo madrileño. Otros 61 bomberos forestales que dependen directamente de la Comunidad de Madrid mantienen sus protestas y reclaman mejoras laborales. La experiencia compartida en Bustares muestra que la lucha por la estabilidad y unas condiciones dignas no es exclusiva de Guadalajara, sino que atraviesa distintos dispositivos de prevención y extinción.
La reivindicación laboral y la ambiental forman parte de una misma lucha: disponer de profesionales con estabilidad, medios adecuados y capacidad para trabajar durante todo el año permite no solo mejorar sus condiciones, sino también preparar el territorio frente a futuras emergencias.
Durante tres días, los participantes atravesaron algunos de los parajes afectados por el incendio y recibieron el apoyo de los pueblos por los que pasaron. En la última jornada, 73 personas completaron el recorrido hasta el Alto Rey, donde se leyó el manifiesto. Después, la convivencia en Bustares permitió compartir experiencias, recordar lo ocurrido y poner en común las reivindicaciones de los trabajadores y de quienes viven en la sierra.
Jorge, trabajador del retén de Cifuentes y uno de los portavoces de los bomberos forestales, resume la experiencia como una mezcla de tristeza y esperanza. «Hemos visto todo el paisaje carbonizado, pero también los vecinos de los pueblos por los que pasamos nos han dado un cálido recibimiento», explica. La marcha, añade, ha servido para estrechar vínculos entre compañeros, conocer las historias de los habitantes de la sierra y encontrarse con personas comprometidas con su futuro.
Ha sido una experiencia «muy bonita y emotiva», pero Jorge espera que su huella vaya más allá de lo vivido durante estos tres días. «Esperemos que con este recuerdo sembremos la unión que nos permita de una vez por todas hacer frente al abandono que hemos sufrido los bomberos forestales desde siempre», afirma.
La marcha termina, pero la recuperación de la Sierra Norte apenas ha comenzado. La restauración de los ecosistemas, la recuperación de la actividad económica y social y el refuerzo de los medios de prevención exigirán tiempo, recursos y compromiso institucional. En una comarca que ya sufría las consecuencias de la despoblación, reconstruir el territorio significa también defender las posibilidades de futuro de sus habitantes y luchar por los derechos de quienes cuidan el monte.
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