Martín González, bombero forestal: «Divulgar la realidad es la primera medida de protección»

Martín González, bombero forestal de la Xunta de Galicia con aproximadamente 14 años de trayectoria, participó hace unas semanas en una de las charlas mensuales de Climática. En su intervención, el especialista desgranó los retos administrativos del sector, desmontó las falsas creencias mediáticas arraigadas en la sociedad y subrayó la urgencia innegociable de la autoprotección ciudadana en los entornos rurales.

El laberinto competencial y la desigualdad territorial

Para comprender el diseño del dispositivo de emergencias, González considera indispensable analizar el marco competencial español. La gestión administrativa de los montes y la labor de extinción recaen de manera exclusiva en las comunidades autónomas, mientras que el Estado se limita a coordinar y proporcionar un marco legal básico mediante la Ley de Montes y diversos reales decretos.

Esta descentralización administrativa, detalla el bombero, presenta una clara dualidad. La proximidad al territorio permite adaptar las tácticas al relieve y clima local, ya que la masa forestal y las características climáticas en Galicia distan mucho de la realidad operativa en Andalucía, Asturias o Valencia. Sin embargo, considera que la ausencia de una política forestal unificada genera grandes disparidades. 

Esta profunda desigualdad se refleja en dispositivos que operan de manera muy dispar. Por un lado, existen enormes diferencias en las condiciones sociolaborales del personal de emergencias. Regiones como Castilla y León mantienen el servicio de extinción completamente externalizado a empresas privadas, por lo que su personal opera en peores condiciones laborales frente a las administraciones públicas directas. Por otro lado, la organización interna de los departamentos y los recursos técnicos disponibles sufren grandes variaciones geográficas.

Un claro ejemplo de esta peligrosa desconexión es el sistema digital de comunicaciones de la comunidad gallega, el cual resulta inoperante si sus profesionales se desplazan para brindar apoyo en incendios de Andalucía o Castilla y León. Para mitigar estas barreras logísticas, el Estado interviene aportando medios aéreos propios, como los aviones anfibios (también conocidos como «focas») capaces de cargar agua en el mar, y despliega las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) por toda España.

Desmontando bulos: la vegetación no es suciedad

“Divulgar la realidad es la primera medida de protección”, deja claro Martín González al hablar de herramientas preventivas frente al fuego. Al analizar los trabajos físicos de preparación que se llevan a cabo en el monte, el bombero reconoció que las comunidades autónomas sí destinan presupuestos a estas labores, pero advirtió de forma tajante que este esfuerzo previo nunca será suficiente para lograr el riesgo cero durante las grandes olas de calor estivales. “Hoy en día, medidas que funcionaban antes, como cortafuegos o carreteras, no nos garantizan parar el incendio”, señala. Como ejemplo de esta nueva y extrema realidad, recordó cómo la inmensa energía térmica de un violento incendio en Ourense le permitió saltar de forma consecutiva una ancha autovía y las vías del AVE, demostrando que hoy en día ni siquiera las inmensas barreras de asfalto son capaces de frenar el avance de las llamas.

Otro mito social profundamente arraigado es exigir que «el monte tiene que estar limpio». El bombero enfatiza que el término profesional correcto es que el monte debe estar gestionado, ya que la vegetación silvestre, como las grandes formaciones de matorral o el arbolado denso, no constituyen «basura» ni suciedad. “Eso no es suciedad, es la evolución de nuestros montes”, aclara. Sin embargo, desde la visión técnica de un profesional de la extinción, cualquier masa forestal natural o acumulación de biomasa actúa puramente como combustible inflamable dispuesto a arder. 

Asimismo, las estadísticas derriban la falsa omnipresencia del pirómano. Aunque la mayoría de los incendios registrados en el país tienen un origen humano, menos del 2% de esos fuegos son provocados por verdaderos pirómanos, entendiendo la piromanía como un trastorno patológico y psiquiátrico diagnosticado. En realidad, la inmensa mayoría de las igniciones nacen por accidentes cotidianos (como las chispas desprendidas por una maquinaria radial), por negligencias muy graves, o bien de manera intencionada por puros intereses económicos y viejas rencillas vecinales.

En la misma línea, González cataloga de absoluta falsedad vincular directamente la ola de incendios con recalificaciones de suelos para crear parques eólicos o proyectos urbanísticos. La actual legislación forestal prohíbe taxativamente edificar en zonas recientemente calcinadas. Además, las áreas geográficas más castigadas por el fuego en toda España (como las provincias de Zamora, Ourense y León) coinciden precisamente con los territorios más marcados por el abandono de los usos agrícolas y la falta de intereses urbanísticos.

Precisamente, este abandono rural es uno de los factores más determinantes a la hora de hacer frente al fuego. “En España no tenemos un problema de deforestación, tenemos un problema de forestación desordenada: campos agrícolas abandonados por el éxodo rural se llenan de matorral, luego de árboles y, si nadie los gestiona, terminan siendo pasto de plagas o de grandes incendios”, cuenta González. Desde el punto de vista del consumo, el bombero forestal señala que se puede ayudar mucho apoyando el producto local. “Un monte gestionado y con actividad económica sostenible (ganadería, agricultura, explotación maderera ordenada) no suele sufrir incendios”, apunta.

Autoprotección ciudadana en la interfaz rural

Para los habitantes cuyas parcelas y viviendas se entrelazan directamente con la masa forestal, la prevención propia es primordial. Diversas legislaciones, como la Ley de Montes gallega, obligan a los propietarios rústicos a implantar «redes de fajas», estableciendo perimetrajes de seguridad obligatorios de hasta 50 metros alrededor de las estructuras. En la zona inicial de 10 metros se exige un espacio completamente limpio sin acumulación de biomasa, prohibiendo mantener matorrales o árboles que puedan contactar físicamente con las fachadas o los tejados de las viviendas. A continuación, en la franja de 10 a 30 metros, la normativa permite mantener formaciones arboladas, pero estas deben estar muy bien gestionadas, recomendando encarecidamente priorizar especies de hoja caduca. Finalmente, en la franja de 30 a 50 metros, se obliga a prolongar gradualmente el rebaje de la carga de combustible forestal.

Un aspecto crítico, habitualmente olvidado por la población, es mantener los tejados libres de hojas secas, ramas y musgo. Los violentos vientos térmicos generados por un incendio forestal tienen la capacidad de desplazar espesas nubes de pavesas incandescentes. Si estos restos vegetales candentes logran aterrizar sobre un tejado sucio, prenderán fuego directamente en la casa, arruinando por completo cualquier labor de defensa perimetral efectuada por los agentes medioambientales, detalla Gonzalez.

Por último, el bombero hace un llamamiento a la serenidad ciudadana. En situaciones de evacuación urgente, es de vital importancia aplacar los nervios, evitar el colapso de las vías de escape huyendo de forma caótica y acatar sin condiciones las órdenes de los profesionales sobre evacuación o confinamiento doméstico.