Frente Amplio: el programa más ambicioso en protección climática, ambiental y animal

Analizamos las medidas 'verdes' de los principales partidos políticos en sus programas electorales.
Frente Amplio: el programa más ambicioso en protección climática, ambiental y animal
Ada Colau durante un acto de Frente Amplio. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

El próximo domingo 29 de noviembre, España vuelve a las urnas. En estos nuevos comicios generales, las cuestiones relacionadas con el clima, la biodiversidad y el medio ambiente no han ocupado tanto espacio mediático como en anteriores elecciones. Pero esto no significa que a la población no le preocupen: dos de cada tres españoles no votarían a quien omitiera la adopción de medidas frente a desastres climáticos, y el 70% considera que la transición de los combustibles fósiles a las renovables es una oportunidad para reducir la dependencia energética, según una encuesta publicada recientemente por Esfera Climática.

Más allá de los titulares que puedan dejar los candidatos en mítines y entrevistas, ¿qué dicen los programas de los cuatro principales partidos políticos (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio) en materia climática, medioambiental y energética? Climática los analiza en detalle. Estas son las propuestas de la coalición de partidos encabezada por Ada Colau:

Cambio climático

Frente Amplio aboga por establecer por ley una inversión anual del 3,5% del PIB en transición ecológica, descarbonización industrial, adaptación e infraestructuras verdes. Su revisión del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) fija una reducción de emisiones respecto a 1990 del 38% en 2035 y del 85% en 2040, con neutralidad climática en 2050. Además, añade presupuestos de carbono quinquenales vinculantes, integrados en los Presupuestos Generales del Estado, e informes anuales de alineamiento climático de cada ministerio.

En la organización del Gobierno, plantea una Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Ecológica con autoridad sobre el resto de los ministerios y una Asamblea Ciudadana por el Clima permanente, renovada anualmente, cuyas recomendaciones deban recibir una respuesta gubernamental vinculante. En esta línea, propone una ley de generaciones futuras, con evaluaciones del impacto de las normas, y prohibir la publicidad y los patrocinios de las corporaciones de combustibles fósiles. En fiscalidad anuncia una mayor imposición sobre el carbono y los hidrocarburos, con compensaciones y exenciones para rentas bajas y colectivos vulnerables.

Para la adaptación, el programa recoge un Plan Estatal de Seguridad Ambiental, una Agencia Estatal de Prevención y Adaptación Climática y mapas de vulnerabilidad. También incluye una red de refugios climáticos, un criterio de un árbol por cada tres vecinos y ayudas para bioclimatizar más de 28.000 centros educativos, con el objetivo de mantener las aulas entre 17 y 27 ºC. Otra de las medidas climáticas que recoge su programa es adaptar las condiciones laborales a las olas de calor y otros riesgos mediante cambios de horario, hidratación, descansos y mecanismos de cese de actividad durante alertas extremas. 

Biodiversidad

Propone inversión en biodiversidad y restauración de hábitats, alcanzar un 30% de zonas terrestres como áreas protegidas con restauración efectiva y elevar al 30% la protección del Mediterráneo en áreas estratégicas para la posidonia. Incluye una estrategia nacional para esta planta marina, restricciones al fondeo y a la sobreexplotación pesquera, boyas que no dañen los fondos y un Plan Nacional de Restauración Marina Pasiva. El capítulo pesquero añade el objetivo de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030.

Para los cetáceos, plantea incorporar el cachalote y el rorcual común a los instrumentos estatales de protección y aplicar medidas frente a las colisiones, el ruido submarino y las emisiones en el corredor migratorio del Mediterráneo. En clave política, promete aplicar el Marco Mundial Kunming-Montreal y controles de mercado y compra pública para impedir la comercialización de productos importados vinculados a la deforestación que incumplan las condiciones descritas en el programa. 

En tierra, propone evaluar los pasos de fauna de las carreteras estatales, conectar espacios verdes y azules urbanos, proteger bosques maduros y favorecer especies forestales nativas y masas más diversas. En el campo, fija un 10% de espacio para la biodiversidad, protección de polinizadores y objetivos vinculantes de reducción de plaguicidas, fertilizantes sintéticos y antimicrobianos. También defiende devolver al lobo la protección estricta en todo el territorio, con prevención de daños e indemnizaciones, sin gestión letal para reducir sus poblaciones.

Contaminación

Frente Amplio plantea revisar la normativa estatal sobre contaminación química, sustancias tóxicas, productos y envases, incluido el Real Decreto 1055/2022. Propone aplicar el principio de precaución y criterios de salud que tengan en cuenta a la infancia y a las embarazadas, así como prohibir sustancias tóxicas detectadas durante la fabricación. También quiere promover el ecodiseño para reducir la presencia de productos tóxicos, nocivos o peligrosos. 

El programa anuncia un endurecimiento de la normativa de emisiones, nitratos y plantas de valorización de purines para limitar el crecimiento del biogás ligado a las macrogranjas. Incluye vigilancia de vertidos de nitratos mediante digitalización e inteligencia artificial y objetivos vinculantes para reducir el uso de plaguicidas, fertilizantes sintéticos y antimicrobianos.

En el transporte marítimo, aboga por restringir la llegada masiva de megacruceros, penalizar los combustibles nocivos como el fueloil pesado e instalar conexión eléctrica en todos los muelles de cruceros y terminales de ferris para que los barcos apaguen sus motores durante el atraque. Añade medidas contra el ruido submarino en el corredor de cetáceos. En la fiscalidad municipal, propone que el impuesto de vehículos dependa de las emisiones y de la etiqueta ambiental, con un coeficiente de hasta 2,5 para los que carezcan de distintivo o superen 120 gramos de dióxido de carbono (CO₂) por kilómetro.

Medio ambiente: reciclaje, residuos y otros ámbitos

En este apartado, la coalición apuesta por un plan de minería urbana para recuperar materiales de los residuos, con tasas de recogida y reciclaje que permitan que los metales secundarios cubran el 57% de la demanda en 2050. Incluye una ley contra la obsolescencia programada que sancione la predeterminación de la vida útil, las paradas programadas y los obstáculos a la reparación. Estas últimas medidas son obligatorias adoptarlas en España independientemente de quién gobierne, ya que proceden de una directiva europea a la que el país llega tade.

La formación plantea estandarizar envases, especialmente los de bebidas, y establecer objetivos vinculantes de reutilización para envases comerciales y otros flujos, como aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y textiles. Asimismo, anuncia restricciones hasta eliminar los plásticos de un solo uso, ayudas a pequeñas empresas de reparación y reutilización de ropa y requisitos para fabricar prendas más duraderas, resistentes y reciclables. También incluye la actuación contra el desperdicio alimentario en toda la cadena y en los hogares.

En la gestión territorial, propone una estrategia de prevención de grandes incendios que combine manejo forestal, quemas prescritas, ganadería extensiva y paisajes en mosaico. Prevé un cuerpo civil climático estable dedicado a prevención y extinción, restauración de ríos y acuíferos y adaptación a sequías e inundaciones. En turismo, plantea eficiencia energética e hídrica, gestión de residuos y cobertura del 100% de la demanda con renovables en grandes establecimientos, además de ordenar las plazas según la capacidad ecológica y social de los territorios.

Agua

Propone reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento y establecer un ciclo del agua de gestión pública directa al 100%. Plantea un mínimo vital gratuito para hogares vulnerables, prohibir los cortes por motivos económicos y ampliar las fuentes de agua potable y los aseos públicos. Incluye tarifas que penalicen los consumos excesivos de grandes corporaciones agroalimentarias y usos suntuarios, además de un canon progresivo para el regadío industrial en zonas con acuíferos sobreexplotados o contaminados.

En la gestión de la demanda, Frente Amplio promete un Plan Nacional de Ahorro de Recursos Hídricos, revisar la planificación hidrológica, los planes de sequía y las concesiones, frenar el crecimiento de las demandas de regadío y limitar nuevos usos en cuencas con estrés hídrico. Además, propone una moratoria a grandes obras, como embalses, trasvases o megabalsas que agraven la sobreexplotación, y evaluar otras para nuevos regadíos y actividades de alto consumo. En esta línea de actuación, prevé cerrar extracciones ilegales, recuperar acuíferos y fomentar el secano y los regadíos tradicionales.

El programa también exige sistemas de recuperación de aguas grises en hoteles y grandes infraestructuras, con un objetivo de ahorro del 35%, y fomenta la reutilización de aguas depuradas o de escorrentía. Además, plantea un canon para el agua consumida por grandes centros de datos y prohibir su refrigeración con agua en cuencas afectadas por sequía. Incluye recuperar caudales ecológicos y meandros, eliminar barreras fluviales obsoletas, prohibir nuevas construcciones en terrenos inundables y en los primeros 500 metros del litoral y retirar progresivamente infraestructuras críticas situadas en zonas de flujo preferente. 

Energía

Frente Amplio fija objetivos de generación eléctrica renovable del 81% en 2030, el 90% en 2035 y el 100% en 2040. Para la electrificación del consumo total de energía, establece el 30% en 2030, el 40% en 2035 y el 50% en 2040. Plantea priorizar cubiertas, espacios ya transformados y repotenciaciones, con evaluación ambiental acumulativa, participación territorial y despliegue coordinado de redes y almacenamiento. Propone ofrecer al menos el 20% del capital o las rentas equivalentes de las instalaciones de más de 5 MW a vecinos, ayuntamientos o comunidades energéticas.

El programa aboga por la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas, gestión pública directa de los saltos hidroeléctricos cuando expiren sus concesiones y una comercializadora pública. Esta ofrecería inicialmente tres horas diarias de electricidad gratuita en la franja solar, también obligatorias en la oferta de las grandes comercializadoras, con vigilancia de precios de la CNMC para evitar su compensación en otras horas. Prevé reformar el sistema marginalista, excluir de él a nuclear e hidroeléctrica con retribuciones máximas y crear una tarifa social reconocida de oficio con protección permanente frente a cortes a hogares vulnerables.

Entre las medidas de autoconsumo figuran un radio mínimo de 20 kilómetros para el compartido entre municipios, más ayudas a comunidades energéticas y baterías y un plan obligatorio de tejados solares antes de 2030 para las comunidades con cubiertas útiles. El Estado adelantaría el coste, que se devolvería sin intereses con parte del ahorro. Un Fondo Generacional de la Energía asumiría una participación pública del 30% en nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas. Además, propone rehabilitar energéticamente 2,5 millones de viviendas vulnerables en diez años, con subvenciones del 80 al 95% del coste.

La formación de izquierdas, a diferencia de PP y VOX y en línea con el PSOE, mantendría el calendario de cierre nuclear, con Almaraz I y II en 2027 y 2028, respectivamente. A esto se sumaría financiación empresarial del desmantelamiento y los residuos y recursos para la transición de trabajadores y comarcas. Además, propone retirar gradualmente los ciclos combinados hasta 2045, planificar el desmantelamiento de la red de gas y eliminar subvenciones a los combustibles fósiles. En cuanto al hidrógeno, lo limitaría a usos industriales sin alternativa de electrificación directa y retiraría el apoyo público a H2Med, destinando los 7.000 millones de euros que cita el programa a redes, almacenamiento y electrificación industrial. En fiscalidad, plantea un IVA eléctrico progresivo por consumo y un tipo del 0% en el impuesto sobre la producción eléctrica renovable. 

Movilidad

El programa recoge un abono estatal nominativo y mensual integrado entre territorios y modos de transporte. Detalla 20 euros al mes en Cercanías, 10 para menores de 26 años y gratuidad para menores de 16; descuentos del 60 al 70% en Media Distancia, con gratuidad para menores de 15; y del 50% en Larga Distancia para quienes hagan al menos tres viajes de ida y vuelta al mes. Para autobús y metro municipal y autonómico contempla descuentos del 75 al 80% o una tarifa plana combinada de 50 euros mensuales. Prevé gratuidad total del transporte público urbano e interurbano en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y un fondo estatal de al menos el 0,25 % del PIB. 

En ferrocarril, propone unificar Adif y Renfe en un operador público, revertir externalizaciones, electrificar toda la red estatal y eliminar las locomotoras diésel antes de 2030. Plantea al menos triplicar en cuatro años la inversión anual en Cercanías, recuperar trenes nocturnos y aumentar la cuota ferroviaria de mercancías hasta el 80% del total, sin señalar en esa medida una fecha. Anuncia un sistema público para acreditar retrasos y proteger los derechos laborales de los usuarios.

Para vehículos eléctricos, incluye alquiler con opción de compra por 100 euros mensuales en modelos urbanos y 150 en familiares para los colectivos previstos en el programa, ayudas de hasta 8.000 euros por vehículo y deducciones en el IRPF de hasta 25.000 euros para sustituir vehículos de reparto y actividad agraria. Añade recarga en aparcamientos, centros logísticos y farolas, electrificación de flotas y un piloto de conversión de vehículos de combustión. En carretera, propone pago por uso en determinadas infraestructuras para el transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas, con criterios de emisiones, distancia, capacidad económica y alternativas ferroviarias, además de bonificaciones por uso habitual y proximidad. 

El programa incluye transporte a demanda rural, protección del taxi, restricciones a nuevas licencias VTC, planes obligatorios de movilidad en polígonos y grandes centros de trabajo y entornos escolares con acceso peatonal y ciclista y velocidad máxima de 20 km/h.

En cuanto a aviación, apuesta por prohibir los vuelos nacionales con alternativa ferroviaria competitiva de dos horas y media, salvo conexiones internacionales, gravar el queroseno nacional y los viajeros frecuentes y frenar ampliaciones aeroportuarias incompatibles con los objetivos climáticos. Añade límites a cruceros y ayudas a bicicletas, motos y patinetes eléctricos. 

Alimentación

Aquí, la coalición de izquierdas plantea topes máximos para una cesta saludable de alimentos básicos en situaciones de emergencia o abuso acreditado. Propone un impuesto sobre los márgenes de grandes empresas de producción y distribución, vinculado a su evolución respecto a niveles prepandemia, un fondo para amortiguar la volatilidad de los productos básicos y mayor transparencia de costes. Añade reforzar las inspecciones para impedir las compras en origen por debajo de costes y prohibir que operadores no acreditados como productores directos actúen en los mercados de futuros alimentarios.

En comedores escolares, anuncia la gratuidad universal en Infantil y Primaria de la red pública y menús con productos frescos, de proximidad y temporada, sin ultraprocesados y adaptados a las necesidades nutricionales y alergias. Garantizaría una opción de menú completamente vegetal en todos los comedores públicos e impulsaría un Plan Nacional de Fomento de las Proteínas Vegetales, especialmente de legumbres de cercanía. Incluye etiquetar los productos de origen animal según el sistema de cría y actuar contra el desperdicio alimentario desde la producción hasta el hogar.

En fiscalidad y comercialización, plantea IVA reducido o exenciones para alimentos ecológicos, agroecológicos y de proximidad, junto con aumentos impositivos a productos procesados e insanos. Su capítulo fiscal incluye IVA cero para productos sin gluten. Prevé apoyar la venta de proximidad y priorizar productos locales y estatales, evitando importaciones de productos ya cultivados en España únicamente por su menor precio y atendiendo a sus efectos sociales y ambientales. 

Agricultura, ganadería y pesca

Entre las principales medidas está la de establecer un pacto estatal y una Ley de Futuro de la Agricultura, la Ganadería y la Alimentación para la transición agroecológica. Incluye cesión de suelo rústico de la SAREB a explotaciones ecológicas y un banco público de tierras que intervenga en precios y usos, con prioridad para jóvenes y explotaciones familiares y sociales y límites de superficie por comprador según el cultivo. Para la PAC, plantea eliminar derechos históricos y reorientar las ayudas a explotaciones familiares pequeñas y medianas, excluyendo fondos de inversión y grandes sociedades mercantiles y vinculando los recursos a condiciones sociales, ambientales y laborales.

El programa fija al menos un 25% de superficie en producción ecológica para 2030 y el 100% para 2050 en agricultura y ganadería. Asimismo, quieren fomentar el secano, las variedades tradicionales y las leguminosas, reducir insumos químicos y consumos fósiles y descarbonizar el procesamiento, envasado y logística. Añade una misión para alcanzar seis millones de hectáreas con prácticas regenerativas en 2030, apoyada en asesoramiento, fincas demostrativas, seguro de transición, compra pública y un sello «Eco+».

En ganadería, apuesta por la extensiva y el pastoreo, las indemnizaciones por daños de fauna y la financiación de medidas de protección, manteniendo el estatus de los grandes carnívoros. Plantea no autorizar nuevas macrogranjas ni nuevas instalaciones de acuicultura intensiva que contradigan los objetivos del Pacto Verde Europeo y fijar límites de tamaño y densidad. Para cultivos transgénicos, propone evaluar cada variedad y uso con evidencia científica y evitar diferencias injustificadas entre producción estatal o europea e importaciones.

En pesca, considera los recursos pesqueros un bien público y propone cuotas con criterios sociales y mecanismos que obliguen a utilizarlas y eviten la especulación. El programa recoge apoyo a la rentabilidad y mantenimiento de la flota y, en su apartado ambiental, una desaparición progresiva de la flota industrial en favor de artes sostenibles, con el objetivo específico de acabar con el arrastre. Plantea redirigir financiación a pesca artesanal y reconversión laboral, ayudar a jóvenes y mujeres y atender a las zonas afectadas por especies invasoras. Mantendría el marisqueo y la acuicultura extensiva tradicional de bivalvos y restringiría la intensiva industrial.

Bienestar animal

En esta materia, el partido que lidera Ada Colau propone reformar la muy criticada Ley 7/2023 de bienestar animal para incluir plenamente a perros de caza y de trabajo y a animales empleados en actividades ganaderas o deportivas. Plantea elevar las penas por maltrato, tortura y abandono según la reincidencia, impedir su sustitución por multas alternativas, y considerar violencia vicaria el maltrato animal en un contexto de violencia machista. Incluye una Ley de Protección de los Grandes Simios (que estaba prevista sacar esta legislatura tras años de retraso), regulación del bienestar en zoos y acuarios y cambios en la normativa sobre animales potencialmente peligrosos.

En cuanto a la tauromaquia, propone derogar su protección cultural mediante la Ley 18/2013 y suprimir financiación estatal directa e indirecta, incluidas retransmisiones, cesiones de locales, incentivos fiscales y subvenciones destinadas a festejos y cría de ganado de lidia. 

Para animales de compañía, plantea un Plan Estatal de Abandono Cero, ayudas a refugios y entidades, atención veterinaria básica subvencionada a colectivos vulnerables, y la supervisión y control de la implantación del método CER (captura, esterilización y retorno) en todos los municipios. Anuncia declarar nulas las prohibiciones genéricas de mascotas en contratos de alquiler y un plan de atención a animales en emergencias.

El programa propone reducir al 10% el IVA de productos veterinarios y trabajar en la UE para que los servicios veterinarios de animales de compañía accedan al tipo reducido. Incluye transformar progresivamente zoos y acuarios en centros de recuperación y protección, eliminar la exhibición y acabar con la cautividad de cetáceos y otros mamíferos marinos y sus espectáculos, promoviendo santuarios. Para fauna silvestre y urbana, plantea gestión reproductiva y estudios previos multidisciplinares y protección estricta del lobo sin gestión letal para reducir poblaciones.

En producción ganadera y acuícola, plantea avanzar en el fin de nuevas jaulas y ampliaciones, crear un fondo de transición, cerrar granjas peleteras y eliminar la alimentación forzada para foie gras con reconversión laboral. Propone impedir la eliminación de pollitos macho mediante sexado en el huevo, cumplir la prohibición europea del corte rutinario de rabos de cerdos, implantar aturdimiento previo para peces y otros animales acuáticos de piscifactoría y limitar el transporte de animales vivos. Añade la eliminación de las peleas de gallos en todo el Estado.

En experimentación, anuncia un plan estatal de métodos alternativos, un centro de referencia, objetivos públicos de reducción y transparencia y la posibilidad de que estudiantes universitarios no participen en experimentos con animales sin consecuencias académicas. También propone integrar la protección animal en el currículo educativo y aplicar las recomendaciones de Naciones Unidas sobre infancia y tauromaquia.

Otras medidas

El programa de Frente Amplio incluye la reducción de la jornada laboral entre sus seis grandes transformaciones bajo el lema «Trabajar para vivir, no vivir para trabajar». Aunque a priori pueda no ser percibida como una medida de corte ambiental, esta iniciativa permite liberar tiempo para formas de vida de menor huella, como desplazarse con menos prisa o cocinar en casa, y reduce las horas de actividad productiva y de consumo energético asociadas. En este sentido, la coalición de partidos propone avanzar hacia una jornada máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial, empezando de forma inmediata por las 37,5 horas, que implantaría en 2026, y por 35 horas en el sector público. Prohíbe compensar la reducción con horas extra y prevé una bajada progresiva hasta las 32 horas. El texto añade un registro horario digital accesible para la Inspección de Trabajo y la generalización de la jornada continua. El programa presenta también la reducción de jornada como herramienta contra la brecha salarial y la precariedad que afectan a las mujeres.

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