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Samuel Regueira
La acción climática también se trabaja desde las políticas alimentarias. La mitigación de los efectos nocivos para el planeta en la producción y consumo de lo que ingerimos, y la adaptación de todo el sistema a la emergencia climática son dos necesidades en las que, frente a la inacción de todo el aparataje central político y económico, han ido surgiendo pequeñas iniciativas de comercio alternativo, alimentación saludable y potenciación de la agroecología que demuestran, como poco, la necesidad de estar en guardia ante emergencias como la COVID-19 o la propia crisis climática.
En este sentido, la Red de Ciudades por la Agroecología presentó el pasado mes de octubre el informe Sistemas Alimentarios Globales Frente a Riesgos Locales, un documento en el que identifica numerosas buenas prácticas de nuestro país (y algunas del extranjero) que se sirven de herramientas como la colaboración, el apoyo en políticas públicas municipales y una visión innovadora que apuesta por el comercio local y de proximidad.
«El enlace entre alimentación y clima es una asignatura pendiente», señala María Carrascosa, de la secretaría técnica de la Red y autora del informe. La asociación a la que pertenece se fija, entre otros objetivos, relocalizar producción y consumo, disminuir la alimentación procesada y la ganadería industrial y producir impactos a lo largo de toda la cadena, que lo hagan todo más ecológicamente sostenible: «Trabajamos desde la perspectiva de que hay que poner en marcha mecanismos de adaptación que permitan el funcionamiento de sistemas de producción, distribución y consumo en fenómenos extremos, como la pandemia, pero también en otros contextos de índole climática».
Así, las propuestas de buenas prácticas que recoge su informe «son importantes porque ponen sobre la mesa una alimentación sostenible, pero también saludable, nutritiva y suficiente. Este tipo de dieta puede mitigar el cambio climático». Uno de estos proyectos es el trabajo de intermediación desarrollado por el Consorci del Parc Agrari del Baix de Llobregat, que busca funcionar como puente entre los propietarios de tierras cultivables y los agricultores profesionales con ánimo de trabajarlas, bien mediante compra o mediante arrendamiento.
Gemma Francés, gerente del consorci del Parc Agrari de Llobregat, explica esta experiencia posicionándose como «un sencillo eslabón», velando por la situación de las parcelas, difundiendo toda la información pertinente y facilitando ayudas para los agricultores interesados en estos terrenos. «El tema del mercado de tierras es siempre complicado, pero desde el Consorci nos esforzamos por desempeñar un papel de primera fase muy importante».
Para Francés, el Consorci «contribuye de forma importante a la acción climática, da un respaldo muy fuerte a través de potentes subvenciones a las asociaciones de defensa vegetal y conciencia al agricultor de tener en cuenta racionar productos que puedan generar un perjuicio en el espacio». Como esta experiencia, el informe de la Red recoge experiencias de, entre otros lugares, Sabadell, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid, además de de ciudades del extranjero como Manchester (Reino Unido) o 30 municipios franceses. De entre todos ellos, Climática ha conversado con responsables de la iniciativa Hemengoak, de Pamplona, y de la asociación Ecolabora, de Valladolid.
Después de que Navarra reservara en 2016 uno de sus parlamentos abiertos para trabajar en torno a la soberanía alimentaria, el trabajo realizado por sus diferentes grupos responsables propició que el área de escuelas infantiles a cargo del Ayuntamiento de Pamplona diera luz verde a los proyectos piloto Hemengoak (‘De aquí’, en euskera). Con la colaboración de varios sectores (el educativo, el primario, el sector cocina y el de la nutrición) se crearon menús diarios destinados a escuelas infantiles basados en la alimentación ecológica, local, fresca, de temporada y abastecida directamente por las personas productoras.
En la actualidad, Hemengoak proporciona cerca de 1.100 menús diarios a una red de diez escuelas en todo el territorio, narra Silvia Larrañeta, técnica del Consejo de la Producción Ecológica de Navarra: «Se sirven en escuelas municipales infantiles de 0 a 3 años, por parte de personal funcionarial propio, no externalizado. Y se brinda un menú saludable adaptado tanto a la temporada de las distintas cosechas como en sintonía con el proyecto educativo». De estos alimentos, el 100% son frescos, el 90%, ecológicos; el 80%, de proximidad, y el 75%, de canal directo.
En los pliegos de licitación se premia tanto la calidad de la comida como la actitud frente a la acción climática: «Los menús tienen que ser de temporada, sin precocinados ni frituras, sin proteínas animales en los primeros platos, tratando de mantener la ingesta de cien gramos de verdura al día y trasladando la pieza de fruta de los postres al almuerzo». En los distintos lotes nada puede ser congelado ni puede haber transgénicos, la carne ha de ser ecológica y las verduras, locales: «En los criterios de adjudicación se puntúa si el canal de venta es directa o corta, y para ello calculamos una huella de carbono asociada que nos ayuda a medir la distancia que recorre el vehículo para el transporte de las mercancías».
Hemengoak favorece, además, que los productores puedan concertar visitas guiadas con las familias y los niños y niñas de estos centros educativos: «Funcionan muy bien, cuando van a los centros de producción y prueban los yogures al final de cada excursión los padres nos informan que los niños ya no quieren el yogur de casa, quieren “el de verdad”», relata Larrañeta. El proyecto, pese a que ha sufrido ciertos parones con el cierre de las escuelas y no ha conseguido aprovechar otras infraestructuras para seguir cocinando los productos de proximidad «debido a la lentitud de la administración», es optimista con respecto a su futuro, y ya ha empezado a aplicarse en colegios públicos para estudiantes de 3 a 12 años.
Desde 2016, Valladolid ha estado trabajando en una Estrategia Alimentaria entre diferentes sectores de la ciudad, desde su ayuntamiento hasta la universidad pública, pasando por grupos de consumo, comercios locales, restauración, productores, las AMPA, asociaciones de vecinos y centros de investigación como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). Erigida la alimentación sobre tres pilares (de cercanía, de temporada y agroecológica), se potencia la puesta en valor de los terrenos agrícolas de la ciudad, se incentiva el emprendimiento local en agroecología, se apuesta por los productores tradicionales y se trabaja en un entramado que abarca desde el comienzo de la cadena hasta la lucha contra el desperdicio alimentario.
A las iniciativas tempranas surgidas del trabajo en la Estrategia Alimentaria se les conoce, pertinentemente, como ‘frutas maduras’, dos de las cuales se han traducido en el levantamiento de un Ecomercado en la céntrica Plaza de España (el segundo domingo de cada mes) y en la creación de la asociación Vallaecolid. «Hemos trabajado desde el principio con diez grupos de consumo, cuando Madrid no tenía ninguno», expone Olga Rada, técnica dinamizadora de la Estrategia en la Fundación Entretantos, consciente de la fama que arrastra la ciudad. «Hay una base social que permite empujar estas cosas a través de tiendas específicas y cooperativas de consumo, se respira mucha sensibilidad. Hay un gran apoyo en la compra y venta de productos ecológicos y una voluntad en el sector productor local de colaborar frente a las líneas ecológicas que se empiezan a comercializar desde los grandes supermercados».
Rada admite que el sector de población es «pequeño» pero defiende que «despierta mucho movimiento y ayuda a sensibilizar». Entre las iniciativas de Vallaecolid destacadas por el informe de la Red de Ciudades sobresale Ecolabora, un proyecto que ha reservado la gran nave local Mercaolid para acoger un obrador comunitario en tres salas (repostería y panadería con gluten, repostería y panadería sin gluten y transformadora de alimentos) y un centro de acopio y distribución del producto local, a través de subvenciones públicas o por parte de fundaciones como la de Daniel y Nina Carasso.
«El obrador comunitario pretende generar un espacio de elaboración de productos ecológicos que pueda ser accesible a personas emprendedoras que quieran iniciarse en el proceso y que les permita tener la infraestructura y el registro sanitario para vender legalmente», expone Rada. Por otra parte, «el centro de acopio se centra, de momento, en el cliente final, pero tendrá otras líneas de trabajo en el futuro: pequeñas tiendas de barrio, grupos de consumo, responsables de la restauración o la compra pública a través de comedores sociales en colegios públicos y algunos privados».
Su carácter local también se ve marcado por la apuesta de «integrar en los pliegos de comedores condiciones para incorporar criterios de alimento local, de temporada y ecológico, y evitar así algo tan heavy como lo de las pizzas madrileñas». La estrategia también promueve la incorporación al empleo de personas con problemas de salud mental a través de la Fundación Intras.
«A lo largo de los últimos cuatro años los distintos actores implicados en la agroecología han visto que tenía sentido comercializar juntos, compartir clientes y hacer venta entre todos», apunta Rada. Una de sus acciones destacadas durante los meses del confinamiento fue el reparto a domicilio de cestas con productos agroecológicos: el cierre del ecomercado durante el estado de alarma obligó a buscar alternativas para suministrar alimentos a la ciudadanía, y la implicación del ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Entretantos facilitó que el colectivo agricultor pudiera mantener el mismo precio de venta que en el ecomercado.
Carrascosa tiene claro que «la activación del tejido social es fundamental para la acción climática». También destaca el valor de aquellos proyectos «que incorporan grupos de personas vulnerabilizadas, en los que se plantea que estos colectivos pueden y deben participar en las redes de producción y consumo de alimentos sostenibles y saludables». También destaca el valor de aquellos proyectos «que incorporan grupos de personas vulnerabilizadas, en los que se plantea que estos colectivos pueden y deben participar en la producción, distribución y consumo de este tipo de alimentos».
La Red de Ciudades por la Agroecología es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a municipios del Estado español de todo tipo (contexto, ubicación, color político) para trabajar conjuntamente en la creación de políticas públicas de alimentación saludable. Entre sus órganos consultivos destaca el Consejo de Organizaciones Sociales, formado por distintas entidades de la sociedad civil, que cuida y apoya los procesos sobre los que avanzan los municipios para que fortalezcan su foco agroecológico y su enlace con los movimientos sociales del territorio.
En octubre de 2020, Valladolid acogió la asamblea general anual de la Red de Ciudades Agroecológicas (su vicepresidenta, María Sánchez, es además concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento por parte de Valladolid Toma La Palabra, una candidatura conformada por independientes, IU y Equo). En este acto online se firmó la Declaración de Valladolid, una iniciativa centrada en cambiar la dieta ciudadana y hacerla más sostenible, apoyar a la pequeña producción ecológica y local que fomenta un sistema de producción más respetuoso, e intervenir en la eliminación de componentes tóxicos y plásticos en los residuos y recuperar todo lo que sea reutilizable: «Esto repercute en la salud de las personas, que a su vez es la salud del planeta», defiende Olga Rada. Desde su labor en Vallaecolidaboga por esquemas territorializados con la soberanía de las personas en el sistema, unión de distribuidores para funcionar de manera más lógica y eficiente en los transportes y potenciar un medio rural vivo, al margen de las macroindustrias y los insumos constantes de maquinaria y fertilizante.
Durante 2021, la Red de Ciudades por la Agroecología participará en distintos eventos para fortalecer el compromiso de los municipios con la acción climática. Por un lado, apoyará el fortalecimiento del debate en el marco del 7º Foro Global del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, del 19 al 21 de octubre en Barcelona. Un mes más tarde, entre el 1 y el 12 de noviembre, tendrá lugar la COP 26 de Glasgow, en el que la Red ha participado en la llamada Declaración de Glasgow sobre la alimentación y el clima, donde se habla de la necesidad de generar y fortalecer sistemas agroalimentarios integrados con perspectiva de acción climática. Por último, la Red coliderará el tercer Foro Europeo de Agroecología, del 18 al 20 de noviembre también en Barcelona, donde se defenderá la regeneración de sistemas alimentarios y comunidades y donde se dedicará parte del evento también a la acción climática.
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Olivares Vivos es un proyecto LIFE que comenzó en 2016 y finalizará en 2021.
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Se trata de una iniciativa pionera en la cuenca mediterránea que cuenta con 38 acciones, cuyo objetivo es establecer un
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En definitiva, Olivares Vivos recupera eficazmente biodiversidad en el olivar y la transforma en rentabilidad.
La Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén (UJA) y la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC (EEZA-CSIC) participan como socios. Prestan su apoyo como cofinanciadores la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y Aceites de Oliva de España.
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