Sol abrasador, trabajo mortal: la industria de la construcción española al descubierto

Un reportaje de Sofía Álvarez, Richard Godin, Mariana Abreu, Svetlana Lazareva y Jeanne Casez.

El 12 de julio de 2017, Rafael Luque, de 54 años, comenzó su jornada laboral a las 7:30. El trabajador de la construcción comenzó el día comentando con sus compañeros que pronto se iría de Sevilla con su mujer y sus hijos para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Bajo unos sofocantes 41 ºC, Luque y sus compañeros –muchos de ellos se conocían desde años atrás– tenían como misión parchear la carretera secundaria A-406, que une los municipios de Morón de la Frontera y El Saucejo. Trabajaron de sol a sol, con una única pausa para buscar sombra y beber agua en un bar de carretera sobre las 18:00.

De haber sido otro día, quizás Luque se habría reunido con su familia para cenar. Pero el trabajador nunca llegó a casa. Sobre las 20:00, tras haber trabajado durante trece horas seguidas, se desplomó sobre el aglomerado que se había pasado el día esparciendo. «Murió en mis brazos», recuerda Ricardo (nombre ficticio), compañero de Luque. «Un conductor se detuvo y me preguntó si habíamos intentado hacerle la reanimación cardiopulmonar, pero… Yo no sé cómo se hace eso. No lo sabíamos. Estábamos solos». 

Ese día, Sevilla estaba en alerta roja por temperaturas extremas. Esto no impidió a la constructora Construcciones Maygar S.L. enviar a sus trabajadores a parchear la carretera a pleno sol y sin refugio de sombra cercano. Juan Antonio Castro, secretario regional de UGT, llegó al lugar de los hechos tras recibir la llamada de uno de los trabajadores. Según cuenta, la cuadrilla llevaba más de trece horas trabajando a pleno sol, sin agua fresca ni sombra. «Había un sentimiento de culpa palpable en todos, de preguntarse si podrían haber hecho algo más», afirma Ricardo. En contraste, recuerda que el encargado de la obra no dejaba de gritar al equipo, diciendo que la obra tenía que terminarse inmediatamente.

Según Castro, aquel día Maygar infringió la legislación laboral de varias formas. En primer lugar, no cumplió con el horario de trabajo establecido (la jornada de verano regulada por el Convenio Colectivo de la Construcción de Sevilla en 2017), que era de 7:30 a 14:30. Además, no suministró a sus trabajadores el «agua fresca y suficiente» que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le obliga a proporcionar, ni tampoco sombra o cobijo. Maygar ha declinado hasta en tres ocasiones responder a preguntas sobre lo acaecido aquel día para este reportaje.

«No había un maldito chaparro bajo el que buscar cobijo», recuerda Castro. «Y las cosas no funcionan así. No puedes lanzar a tu equipo a un proyecto de este riesgo, saltarte todas las directrices de seguridad y esperar que salga bien. Estas cosas hay que estudiarlas y tenerlas aseguradas desde el principio».

El golpe de calor no era el único riesgo al que se enfrentaban los trabajadores aquel día. Durante horas, tanto Luque como el resto de sus compañeros habían estado manipulando materiales altamente sensibles al calor y susceptibles de irradiar temperaturas extremadamente altas. «El aglomerado se vierte a 160-180 ºC, y puede liberar todo tipo de gases tóxicos», cuenta Ricardo, que subraya que la empresa nunca les proporcionó ningún tipo de equipo de protección. Castro también señala el rol que juega la humedad en estos momentos, ya que si los niveles en aire son altos, puede volverse totalmente «insoportable» trabajar en estas condiciones.

«Cuando volvimos del descanso, Rafael comenzó a comportarse de forma extraña. Se sentó en el suelo, jugando con piedrecitas, como un niño», recuerda José. «Fuimos a buscarle agua, pero cuando volvimos estaba balbuceando… ya ni siquiera podía hablar». Lo que el trabajador de la construcción describe son los síntomas del golpe de calor, que constituye una urgencia médica extrema. En el caso de Luque, terminó causando su muerte.

Carlos Aristu Ollero, secretario general de CC.OO. de Sevilla, también acudió al lugar de los hechos tras el fallecimiento del trabajador. El sindicalista asegura que Maygar llevaba varias semanas obligando a la plantilla a trabajar fuera del horario de verano. Un antiguo trabajador de Maygar, que prefiere mantenerse en el anonimato, confirma estos hechos: «Es una empresa abusiva, porque abusa. Incumple muchas leyes. Las jornadas laborales son de doce, trece, a veces incluso catorce horas».

Tras la muerte de Luque, Maygar no concedió a sus trabajadores ni un solo día de luto y les pidió que trabajaran justo después del funeral. «Pero nos negamos –recuerda Ricardo, con la voz llena de dignidad–, dijimos basta». 

Maygar: Más de tres décadas de prácticas abusivas 

Cuando Maygar fue fundada en 1986, no era más que una pequeña empresa familiar en Los Corrales (Sevilla). Poco a poco, fue creciendo apoyándose en la mano de obra local (la mayoría de sus trabajadores vienen de los pueblos colindantes). «En un sector como el de la construcción, este tipo de empresas, más pequeñas pero más ‘inseguras’, son la única opción para los trabajadores que no quieren dejar a sus familias y recorrer miles de kilómetros cada semana… no se les concede el privilegio de elegir«, afirma un antiguo directivo de Maygar que desea permanecer en el anonimato.

Sin embargo, el 19 de noviembre de 2019, varios trabajadores de Maygar llamaron a la huelga, apoyados por la CNT. «No podíamos aguantar más los horarios abusivos a los que nos estaba sometiendo la empresa», asegura Ricardo. Maygar hizo oídos sordos a las peticiones de los trabajadores y, finalmente, la huelga se desconvocó. «Había demasiado en juego. Y, bueno, la gente tiene que comer, ¿sabes?», explica Juanma Álvarez, de CNT.

En sus treinta años de historia, la empresa se ha opuesto sistemáticamente a que sus trabajadores celebren elecciones sindicales, explica Aristu (CC.OO). La afirmación es respaldada también por UGT. Ante esta negativa, los trabajadores han empleado otras estrategias para reclamar sus derechos. Entre otras, destacan las numerosas denuncias a la Inspección de Trabajo y otras autoridades competentes, en las que se describían violaciones importantes en materia de prevención de riesgos, según Castro (UGT). «A estas alturas, [el maltrato] está prácticamente grabado en el ADN de la empresa», añade Álvarez (CNT). Ricardo, que ha trabajado para Maygar desde hace dos décadas, afirma que la empresa nunca ha respetado el horario de trabajo legalmente establecido.

En 2017, el convenio regional (negociado entre sindicatos y la patronal, precisamente para proteger a los trabajadores del calor extremo) establecía un horario de lunes a viernes, de 07:30 a 14:30. «Irónicamente, es en verano cuando trabajamos más horas», explica Ricardo. «Nos llegaron a decir que, con el aglomerado, cuanto más calor, mejor».

En un comunicado de ese año, la secretaríi de comunicación de UGT Sevilla, María Iglesias, declaraba que más del 72% de los contratos de Maygar podían considerarse «precarios«, llegando incluso a señalar que a los trabajadores procedentes de otros países se les llegaba a pagar 3,50 euros por hora trabajada. Esto también juega un rol importante a la hora de que los trabajadores no se vean respaldados para denunciar las situaciones abusivas que sufren. «Si aceptas las condiciones de trabajo y dices que sí a todo, todo va bien. Si no, si te quejas, ya está, estás fuera. Y si denuncias, no vuelves a trabajar con ellos», explica Castro (UGT).

Falta de inspectores laborales en España

En general, los sindicatos reconocen que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) gestiona sus responsabilidades con eficacia, esforzándose por responder rápidamente a las denuncias e imponiendo considerables sanciones económicas a las empresas que infringen la legislación laboral. «Están haciendo un gran trabajo y se lo agradezco», afirma Castro (UGT). «Al menos en Sevilla destinan dos inspectores o subinspectores a vigilar el cumplimiento de la jornada de verano».

Sin embargo, la ITSS sufre una grave escasez de personal, que afecta gravemente a su capacidad para llevar a cabo todas las inspecciones necesarias. Marcial Benítez, inspector de trabajo y miembro de la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), explica que el sistema español opta por un «enfoque generalista». Es decir, la ITSS se encarga de supervisar múltiples áreas: las condiciones laborales, la prevención de riesgos laborales, la seguridad social y el control de los trabajadores extranjeros. Esto termina provocando, junto con la falta de recursos, que la carga de trabajo sea aún más abrumadora para la institución. «Es una batalla histórica», explica Benítez. «En este momento, aún luchamos por tener los medios necesarios para llevar a cabo, con éxito, nuestras misiones». 

En lo relativo al estrés térmico, Benítez explica que, con el aumento de temperaturas impulsadas por el calentamiento global, está siendo ya una constante en la conversación. A nivel laboral se habla cada vez más de muertes y enfermedades relacionadas del calor. «El Ministerio de Trabajo es plenamente consciente de ello, y con razón», asegura. Según el inspector, en los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de actuaciones precisamente teniendo esto en mente. Entre ellas, destaca la existencia de índices para valorar el número de actuaciones que se realizan al respecto. «Aún no podemos ver un seguimiento exacto porque no existían índices específicos, lo que ahora se ha implantado es que este tipo de actuaciones se incluyan en una determinada clave de actuación. Así, al menos, ahora hay un seguimiento». Para Benítez, el siguiente paso sería crear una campaña donde, cada vez que estemos en período estival, desde cada inspección provincial, se programen una serie de actuaciones destinadas plenamente a evaluar cómo se gestiona este riesgo.

Según la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021 en España había 1,1 inspectores de trabajo por cada diez mil empleados, y cada inspector realizaba unas 106 inspecciones anuales. Esto coloca a España en una situación de precariedad en lo relativo a la inspección laboral cuando se la compara con otros países de la Unión Europea. En Irlanda, la proporción era de 84 evaluaciones por inspector en 2021, mientras que cada inspector noruego sólo tiene que realizar 25 cada año. 

Aristu (CC.OO.) también cree que la falta de recursos desempeña un papel importante en el fracaso a la hora de abordar las infracciones laborales. Además de que, según su criterio, no se realizan las suficientes inspecciones, señala que no hay suficientes Juzgados de lo Social para supervisar los procedimientos judiciales. Estos tribunales especializados son los únicos aptos para juzgar los litigios laborales y de seguridad social.

La muerte de Rafael Luque muestra «un fallo del sistema»

Pese al extensamente documentado historial de abusos de Maygar y al hecho de que la empresa será juzgada por la muerte del trabajador en febrero de 2025, la Junta de Andalucía ha seguido firmando contratos con ella. El último tiene como fecha noviembre de 2022. 

En 2017, cuando Rafael Luque falleció, Jesús Huertas era el responsable de la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Andalucía. «Cada vez que un trabajador fallece en el lugar de trabajo es un fallo del sistema», asegura. Según Huertas, durante su mandato en la Junta, Luque fue la única persona fallecida en el lugar de trabajo en el sector de la construcción. «Nadie debe trabajar nunca a costa de su propia vida». En una entrevista telefónica, asegura que pese a que las medidas de prevención en aquella obra estaban en regla, «nunca son suficientes». Insiste en que la Junta cumplió todos los procedimientos legales en materia de riesgos laborales y subraya que la Administración no figura entre los acusados durante el juicio que se celebrará en dos años.

«Mi prioridad en aquel momento [2017] era asegurarme de que el contrato tuviera los instrumentos de prevención de riesgos laborales adecuados, que estuvieran aprobados y que se hubiera nombrado a un coordinador de seguridad. Y así fue», afirma Huertas. El ex responsable regional niega haber tenido nunca conocimiento de que hubiera precariedad en el sector de la construcción. «Si alguien me lo hubiera planteado, yo habría sido el primero en ponerlo sobre la mesa y en conocimiento de la Inspección de Trabajo», asegura, «pero eso nunca ocurrió». Durante el verano de 2017, ningún coordinador de seguridad visitó la obra en la que trabajaba Rafael Luque, según cuentan los trabajadores de la empresa.

La actual Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Andalucía ha declinado responder a cualquier preguntas sobre este tema.

Varios de los contratos entre la Junta y Maygar han sido cofinanciados con fondos europeos. Más concretamente, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que ha subvencionado hasta el 80% de las obras de la empresa hasta la fecha. En 2018, un año después de la muerte de Luque, la Junta firmó doce contratos con Maygar por un total de más de 6 millones de euros, convirtiendo de hecho a la empresa en la cuarta contratista de la región, por detrás del servicio de emergencias SAMU, KPMG y la informática Oracle Ibérica SRL. 

Ese mismo año, la Cámara de Cuentas de Andalucía analizó cuatro de los contratos de Maygar. Aunque a priori todo parece estar en regla, se aprecia una tendencia común: todos los proyectos de construcción estaban etiquetados como «urgentes». Esta etiqueta, sin embargo, se atribuye normalmente a situaciones que suponen un riesgo para la seguridad vial (un bache, un árbol caído en la carretera, etc.) o en caso de catástrofe natural. Castro (UGT) sostiene que la Junta distribuyó, en la mayoría de estos contratos, la etiqueta «urgente» sin justificación válida. En el caso de la obra en la que falleció Rafael Luque, la calificación se había otorgado porque la 72ª edición de la Vuelta Ciclista transcurriría por esa carretera en septiembre de 2017, 3 meses más tarde.

El estrés térmico, ‘tierra de nadie’ en materia jurídica

A día de hoy, no existe en España legislación específica sobre los riesgos laborales relativos al estrés térmico. De haberlos, estos funcionarían tanto como «advertencia» para las empresas como de escudo para trabajadores y sindicatos a la hora de denunciar situaciones abusivas. Sin embargo, la ley solo fija una temperatura máxima a la que puede trabajarse en interiores.

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales no menciona específicamente las temperaturas extremas. Por su parte, el Real Decreto de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo no establece un umbral de temperatura por encima del cual los trabajadores españoles no deban trabajar ni en interiores ni en exteriores. A medida que el mercurio sube y las temperaturas extremas se hacen cada vez más frecuentes, esta ‘zona gris’ del derecho laboral ha empezado a cobrarse vidas humanas.

Según el Ministerio de Trabajo, el sector de la construcción se ve especialmente afectado por los incidentes relacionados con el calor. Entre 2010 y 2021, se contabilizaron 211 accidentes laborales por golpes de calor (frente a 102 en agricultura y 97 en la industria manufacturera). Los sindicatos aseguran que lo más probable es que estas cifras sean una subestimación. Los datos oficiales para 2022 aún no se han publicado, pero según Aida Suárez, secretaria nacional de Salud Laboral en CC.OO, tres trabajadores de la construcción murieron por golpes de calor en España el pasado verano.

En 2021, Yolanda Díaz presentó un plan para actualizar la inspección de trabajo en el que por primera vez se hacía referencia explícita a los golpes de calor. En la presentación del mismo citó el caso de Eleazar Blandón, trabajador que falleció en 2019 por golpe de calor mientras trabajaba en una plantación de sandías en Murcia. El pasado verano, José Antonio González, barrendero contratado por el Ayuntamiento de Madrid, también falleció por golpe calor mientras trabajaba a 42ºC a las cinco de la tarde, a pleno sol y llevando un uniforme de poliéster. Tres semanas antes de su muerte, la Inspección de Trabajo había enviado una carta a Urbaser, la empresa para la que trabajaba, recordándole su obligación de proteger a los trabajadores del calor extremo. 

Pero, mientras los riesgos relacionados con el calor no estén regulados por el Estado, la seguridad de los trabajadores de la construcción dependerá, en gran medida, de la ‘buena voluntad‘ de la empresa que los ha contratado, ya que la Inspección de Trabajo no puede supervisar cada caso particular.

«Para mí, todos son culpables por lo que sucedió aquel día», sentencia Ricardo. Mientras espera el juicio, el obrero, que aún trabaja para Maygar, espera que se haga justicia, y que se dé voz y se denuncien los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la construcción. 

«Podría haber sido yo. Podría haber sido cualquiera de nosotros».